En blanco y negro
ERC deberá explicar si opta por repetir el mismo pacto de Govern, con unos socios que apuestan por la radicalización y por el bloqueo. Una fórmula fracasada que garantiza que el país acabe en decadencia
Un tuitero anónimo y ocurrente colgó una foto de algunos contenedores quemando después de las manifestaciones de protesta por la inhabilitación de Quim Torra por parte de los tribunales. Solo añadió un breve mensaje: “Yo esto lo veo en blanco y negro”. No era una crítica, solo una constatación.
El anónimo cazó al vuelo una incongruencia política y temporal que empieza a ser manifiesta. La última encuesta del Centro de Estudios de Opinión (CEO), le pone cifras: en un año se ha invertido el orden de las preocupaciones mayoritarias de la ciudadanía catalana, y se ha antepuesto la gestión (...
Un tuitero anónimo y ocurrente colgó una foto de algunos contenedores quemando después de las manifestaciones de protesta por la inhabilitación de Quim Torra por parte de los tribunales. Solo añadió un breve mensaje: “Yo esto lo veo en blanco y negro”. No era una crítica, solo una constatación.
El anónimo cazó al vuelo una incongruencia política y temporal que empieza a ser manifiesta. La última encuesta del Centro de Estudios de Opinión (CEO), le pone cifras: en un año se ha invertido el orden de las preocupaciones mayoritarias de la ciudadanía catalana, y se ha antepuesto la gestión (un 56%) a la resolución del “problema entre Cataluña y España” (un 39%), según reza literalmente la pregunta formulada por el instituto de la Generalitat. El estudio revela más cosas: un porcentaje relativamente mayoritario (un 33%) cree que los servicios funcionan mejor si son gestionados directamente por la administración, frente a los que creen que el resultado sería igual si fueran empresas u organizaciones (un 30,9%) o los que creen que sería mejor que los gestionaran empresas privadas (un 22%). También es significativo el porcentaje de quienes se declaran favorables a un aumento de impuestos, que se encumbra hasta el 38,9%, casi atrapa a los partidarios de mantener el nivel actual (41,3%) y desbanca claramente la opción favorable a una rebaja, que se queda con un mísero 14,3%. Pero hay más: aunque en la mayoría de los aspectos desglosados (con la significativa excepción de la vivienda y la temporalidad del trabajo) el gobierno de la Generalitat obtiene resultados discretos, un perentorio 60% de los encuestados expresa que no cree que el Ejecutivo actual pueda resolver los problemas a los que se enfrenta el país.
Son datos que hay que leer con atención porque marcan de facto el terreno de juego de las próximas elecciones: priorización de la gestión de las competencias existentes, cuidado y fortalecimiento de los servicios gestionados de manera pública, y disposición a mantener o incluso aumentar la presión fiscal. E, incluso manteniendo una atención sostenida a la cuestión territorial, existe una convicción de que la fórmula de gobierno actual es inadecuada para hacer frente a los retos que vienen. Es preciso que todas las fuerzas políticas que aspiran a representar a la ciudadanía tomen nota de que la sociedad está haciendo una lectura precisa de la situación.
La gestión de la pandemia (56%) preocupa ahora más que la resolución del “problema entre Cataluña y España” (39%)
Algunos han empezado a hacerlo, desde sus propias perspectivas: de otra manera no se explicaría que una parte del mundo postconvergente (en sus diferentes declinaciones del PDeCAT o del recién creado PNC) se haya situado en este escenario, recetando moderación y defensa de los intereses tradicionales de las clases medias y medio-altas. La otra parte, Junts per Catalunya, que justo en estos días culmina su constitución como partido, ha decidido en cambio tirar de épica e intentar ser estructuralmente un nacionalpopulismo más, que —como pasa en otros países, y con buenos resultados— intenta canalizar con una narrativa irredentista el descontento y el miedo al futuro. Todo es impredecible, pero a día de hoy, con la ponencia política aprobada la semana pasada y las declaraciones displicentes en torno a la utilidad de las instituciones de las que disponemos, los de Puigdemont parecen haber apostado por esta vía.
Del PP y sobre todo de Ciudadanos, aún no se tienen noticias de cómo encararán la campaña. Para estos últimos el conflicto territorial —de manera similar a los partidos independentistas— ha sido en los últimos años gasolina electoral y se tendrá que ver cómo se acaban de reubicar, en una coyuntura especialmente complicada dado el intento de viraje que están haciendo en el tablero estatal.
El PSC y los comunes en realidad han intentado siempre llevar el debate en el marco de las políticas concretas. Es probable que tengan coincidencias, ya que intentarán presumir de la políticas sociales que está haciendo el gobierno estatal que comparten. Y también tendrán alguna discrepancia. Más que vaporosa, en torno a la forma de Estado o a la salida al conflicto territorial, y más concreta, sobre la intensidad del cambio de políticas en sentido redistributivo (piénsese en la ley sobre regulación de alquileres).
La CUP mantiene cierta confusión: ha dicho que está para compartir gobierno a la vez que apela a una fantasmagórica ruptura sostenida en el tiempo.
La incógnita más importante tiene que ver con ERC, ya que tarde o temprano tendrá que elegir, incluso antes de las elecciones. El porcentaje de sus propios votantes que consideran que el Govern actual no es capaz de resolver los problemas del futuro es idéntico al de la media de la ciudadanía. Deberá explicar si hace caso a los suyos o si opta por repetir el mismo pacto, con unos socios que apuestan por la radicalización nacionalista y por el bloqueo. Una fórmula fracasada, que la única cosa que garantiza —lejos de impensables intervenciones internacionales y escenarios de independencia— es que el país acabe en decadencia. En blanco y negro.