La “obsesión” del informático que ha llevado a juicio al ‘CNI catalán’

Dos exconsejeros del Govern defienden que los responsables del Cesicat no espiaron el correo de un excolaborador

El exconsejero Felip Puig, en su declaración en el juicio contra el Cesicat.Europa Press

Un informático obsesionado con recuperar su trabajo ha llevado al Cesicat, el ente público que vela por la seguridad de las comunicaciones de la Generalitat, a juicio por un supuesto caso de espionaje que los implicados niegan. Los magistrados tienen ante sí un caso extraño, con muchas aristas. En 2013, Albert Gabàs empezó a enviar de forma compulsiva correos electrónicos para alertar de un supuesto agujero de seguridad. El informático acusa a dos responsables del Cesicat -que, por los intentos de c...

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Un informático obsesionado con recuperar su trabajo ha llevado al Cesicat, el ente público que vela por la seguridad de las comunicaciones de la Generalitat, a juicio por un supuesto caso de espionaje que los implicados niegan. Los magistrados tienen ante sí un caso extraño, con muchas aristas. En 2013, Albert Gabàs empezó a enviar de forma compulsiva correos electrónicos para alertar de un supuesto agujero de seguridad. El informático acusa a dos responsables del Cesicat -que, por los intentos de convertirlo en embrión de una suerte de centro de inteligencia, se ha ganado el apodo de CNI catalán- de filtrar sus correos y espiar su contenido.

Gabàs hizo llegar sus advertencias a dos consejeros del Gobierno catalán: Ramon Espadaler (Interior) y Felip Puig (Empresa), que han declarado este lunes como testigos en la Audiencia de Barcelona. Para entonces, Gabàs había dejado de colaborar con el Cesicat y su meta, según fuentes de la defensa, era volver a trabajar con el ente. Los correos eran preocupantes: contenían pantallazos con “nóminas y datos de trabajadores públicos", ha recordado Puig, que accedió a almorzar con el hacker. Pero en el encuentro comprendió que había algo más: el informático tenía “un problema personal” y una “sensación de agravio”.

El comportamiento de Gabàs se volvió más obsesivo, ha dicho Puig, en las semanas y meses siguientes. “En otros correos se me ofrecían tratos económicos, se hablaba de gente involucrada en asuntos… Su actitud no era normal”. El exconsejero puso el asunto en manos de Carles Flamerich, entonces presidente del Cesicat, y le autorizó que instalara “filtros o lo que hiciera falta” sobre los correos de Gabàs, de modo que eran desviados a otras cuentas. Gabàs aprovechó esa circunstancia para denunciar a Flamerich y al responsable de incidencias del organismo, Xavier Panadero, al que vilipendió en decenas de correos electrónicos. Fuentes de la defensa señalan que Gabàs ansiaba en realidad el puesto de Panadero.

Siete años después, Gabàs ha logrado su objetivo de sentar en el banquillo a Flamerich y a Panadero por un delito de revelación de secretos en una causa que fue archivada hasta en dos ocasiones. La fiscalía, que al inicio se mantuvo al margen, se activó finalmente y ahora solicilta una pena de cuatro años de cárcel. Poco antes del juicio, Gabàs envió unos mensajes a Puig en los que daba a entender que el asunto podría finiquitarse a cambio de una contraprestación económica; el exconsejero ha puesto esos mensajes a disposición del tribunal.

La clave del caso estriba en determinar si el “filtro” aplicado por el Cesicat sobre los correos de Gabà se ajusta a la legalidad. Y si supuso una intrusión ilegítima en la privacidad del informático. Al menos uno de los correos enviados a Puig y Espadaler, según la acusación, fue a parar a cuentas “distintas a las que Gabàs puso como destinatarios” y fue leído y contestado por Flamerich. La defensa sostiene que el Cesicat estaba legitimado para implantar esos filtros porque se encargaba de la ciberseguridad de la Generalitat y porque, al exhibir datos de funcionarios, el propio Gabàs se había convertido en la amenaza de seguridad.

Los responsables del Cesicat comprobaron que, tal como había denunciado Gabàs, existía un agujero de seguridad que suponía un riesgo para las comunicaciones de la Generalitat. Ello obligó a renovar cerca de 150.000 credenciales, ha explicado un responsable actual de Cesicat. “El correo, el hecho de que Gabàs tuviera acceso a esos pantallazos, ye era una amenaza en sí misma, una intrusión”, ha dicho.

Puig ha dicho que dio su consentimiento para que se creara el filtro, mientras que Espadaler no recuerda haber reenviado el correo pero sí ha dicho que comunicó el incidente a Flamerich porque le pareció un mensaje “atípico y extraño". “Me dijeron que lo estaban gestionando y me olvidé del asunto”. Sus declaraciones han jugado a favor de los intereses de las defensas. Los acusados, Flamerich y Panadero, declararán en la última sesión del juicio.

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