Los abogados del Govern rechazan pagar por los dos agentes rurales asesinados

La Comisión Jurídica Asesora de la Generalitat ha emitido un informe desfavorable a la petición hecha por las familias de los dos agentes rurales asesinados en Aspa (Lleida) en enero de 2017, que reclamaron en concepto de responsabilidad patrimonial 777.321,46 euros. Una vez emitido el dictamen se espera que en breve el Departamento de Agricultura resuelva si estima o no indemnizar a los familiares de Xavier Ribes y David Iglesias, ...

La Comisión Jurídica Asesora de la Generalitat ha emitido un informe desfavorable a la petición hecha por las familias de los dos agentes rurales asesinados en Aspa (Lleida) en enero de 2017, que reclamaron en concepto de responsabilidad patrimonial 777.321,46 euros. Una vez emitido el dictamen se espera que en breve el Departamento de Agricultura resuelva si estima o no indemnizar a los familiares de Xavier Ribes y David Iglesias, quienes fueron abatidos por dos tiros mientras llevaban a cabo un control de caza.

Los 777.321 euros que las familias reclaman a Agricultura, departamento del que dependen los Agentes Rurales, es la diferencia entre lo que la Audiencia de Lleida falló que se les debía pagar en concepto de Responsabilidad Civil 1,07 millones de euros y lo que en realidad les abonó Mussap la aseguradora del cazador, 300.000 euros. Él se declaró insolvente.

Las familias consideran que su muerte “fue consecuencia de la falta de medidas de seguridad y protección facilitados por el Departamento en el ejercicio de sus funciones” y, por tanto, alegan una “omisión en materia de riesgos laborales”. Argumentan que “si se hubieran adoptado medidas como la de facilitar chalecos antibalas a los agentes y patrullar con un agente armado extra, no se habría producido el fatal desenlace de muerte”. Destacan además que dos días después de los hechos se cambió el protocolo de protección de los agentes, cambio que redundó en una bajada de los incidentes con cazadores, “lo que prueba la necesidad que existía de dotarles de mayor protección”. También alegan “inactividad por parte de los altos cargos del Departamento”, dado que, “a pesar de tener el deber de velar por la seguridad de los agentes y ser conscientes de su crítica situación de seguridad, no adoptaron cambios en los protocolos de actuación”.

En el dictamen se incluye también el posicionamiento de la aseguradora de la Administración, que considera que no concurren los elementos que determinan la responsabilidad patrimonial. La aseguradora entiende que a “pesar de llevar los elementos de seguridad y haberse comprobado que funcionaban, no los usaron”.

Así, la Comisión Jurídica Asesora afirma que “la Administración solamente es responsable cuando se pueda acreditar, en una relación de causa a efecto, que el daño se puede imputar a un funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos” y en este caso “no se puede considerar que haya relación de causalidad entre los hechos sucedidos, que produjeron la muerte de los agentes rurales”. Añade que el relato de los hechos probados evidencia que la producción del daño “se debe a la intervención determinante de un tercero —el cazador— ajeno al funcionamiento del servicio público” y que de la manera que se produjo “debe considerarse un evento lesivo muy difícil de prevenir”. Según la Comisión, igual que los agentes no tuvieron tiempo de haber avisado con sus equipos, se puede tener por casi cierto que “tampoco hubieran podido utilizar sus armas”, y en cuanto a la presencia hipotética de un tercer agente, “se debe tener presente que el cazador disparó tres veces antes de recargar el arma a fin de rematar uno de los agentes”.

El informe concluye que “la comisión de un hecho delictivo tan grave e inesperado, sin precedentes en el Cuerpo de Agentes Rurales, por una persona sobre la que la Administración no tiene deberes intuitivos o de vigilancia, es la causa adecuada y próxima del daño, e implica la rotura del posible nexo causal con una eventual omisión de la Administración”. De lo contrario, destaca “se estaría convirtiendo la Administración es una aseguradora universal de cualquier daño”, algo rechazado por la jurisprudencia del Tribunal Supremo. En cuanto a la alegada “inactividad de los altos cargos del Departamento”, recuerda que la querella criminal presentada contra varios cargos del DARP, por el delito contra la seguridad de los trabajadores y de homicidio imprudente, “no fue admitida a trámite”.

El abogado de las familias, Pau Simarro, ya ha avanzado que si la resolución de Agricultura es denegatoria presentará ante el TSJC un recurso contra la Generalitat reclamando la cantidad solicitada.