Esquerra y la CUP presionan a Torra para que convoque elecciones
El ‘president’ irá a la vistia del Tribunal Supremo acompañado de la portavoz y de Aragonès
El Parlament comienza hoy el debate de política general, en el que usualmente los Ejecutivos trazan las líneas maestras de futuro, con la incógnita de qué pasará si el Tribunal Supremo decide mañana ratificar la inhabilitación de Quim Torra por desobedecer a la Junta Electoral Central (JEC). ERC y la CUP insistieron ayer en que el independentismo decida conjuntamente cómo reaccionar a esa sentencia y garantizar que haya unas elecciones lo más pronto posible. En Junts argumentan que dar por sentado el fallo es “normalizar la represión”.
La portavoz del Govern, Meritxell Budó, aseguró aye...
El Parlament comienza hoy el debate de política general, en el que usualmente los Ejecutivos trazan las líneas maestras de futuro, con la incógnita de qué pasará si el Tribunal Supremo decide mañana ratificar la inhabilitación de Quim Torra por desobedecer a la Junta Electoral Central (JEC). ERC y la CUP insistieron ayer en que el independentismo decida conjuntamente cómo reaccionar a esa sentencia y garantizar que haya unas elecciones lo más pronto posible. En Junts argumentan que dar por sentado el fallo es “normalizar la represión”.
La portavoz del Govern, Meritxell Budó, aseguró ayer en la rueda de prensa que Torra aprovechará su intervención en la Cámara catalana para hacer un balance de gestión y especialmente del coronavirus. A preguntas de los periodistas sobre la inclusión de metas o posibles proyectos para el último año de legislatura, Budó se limitó a asegurar que la lucha contra la pandemia es “presente y futuro”. También descartó que sea esa tribuna en la que se hable del futuro jurídico y político de Torra.
“No creemos que nos tengamos que situar en el escenario de después del día 17 [la vistilla en el Supremo]. Para nosotros, situarnos en el escenario de después es normalizar la represión”, aseguró Budó. Unas declaraciones que no sentaron muy bien en el resto de formaciones secesionistas, especialmente en la CUP que lleva días intentando mediar entre Junts y los republicanos para encontrar una respuesta conjunta a la posible inhabilitación.
La diputada anticapitalista Maria Sirvent pidió a Budó una rectificación y aseguró que al menos su formación había hecho un esfuerzo en poner sobre la mesa una propuesta ante el silencio de Junts: La llamada vía Venturós, bautizada así por la exalcaldesa de Berga (Barcelona), Montse Venturós. Tras ser inhabilitada en 2018 por no retirar una estelada de la fachada del Ayuntamiento, la CUP optó por mantenerla en el cargo de manera simbólica, mientras otros ediles asumían el peso de los actos administrativos.
Ni Junts ni ERC se han pronunciado oficialmente respecto a esta propuesta, muy simbólica. Tras la sentencia del Supremo y la publicación oficial de la inhabilitación de Torra en el Boletín Oficial del Estado le corresponde al vicepresident Pere Aragonès, según la ley catalana de la Presidencia, asumir de manera interina la jefatura de la Generalitat, aunque sin todas las competencias, por ejemplo, la de convocar elecciones.
Serían, en palabras de Marta Rovira, la secretaria general de ERC huida de la justicia en Suiza, “seis u ocho meses de desgobierno” mientras que el Parlament inicia el mecanismo interno de buscar otro candidato y, si no se logra, disolverse, convocar elecciones, la campaña y las negociaciones para conformar un nuevo Ejecutivo en Cataluña. “Por favor, acordemos la fecha de las elecciones”, pidió ayer Rovira en una entrevista el SER Catalunya.
Torra tiene previsto viajar a Madrid y asistir a la vista como público, aunque no podrá tomar la palabra porque la ley no prevé esa posibilidad. Su abogado, Gonzalo Boye, tratará de hacer valer sus argumentos. El recurso, de un centenar de folios, centra sus esfuerzos en tratar de demostrar que la JEC, el órgano que le ordenó retirar símbolos independentistas de la fachada del Palau de la Generalitat en pleno periodo electoral, no puede considerarse una autoridad superior a la de presidente autonómico.
Fuentes cercanas a la defensa creen que el análisis de los argumentos del recurso debe tardar al menos “dos semanas”; lo contrario indicará, apuntan, que la resolución del caso “estaba decidida de antemano”. Para Torra, sin embargo, la sentencia del Supremo no es el final. También él pretende llegar hasta el final del camino: el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo. Toda la estrategia de la defensa (juicio, recursos, impugnaciones) se ha diseñado de hecho para culminar allí. El paso previo para llegar a Europa es el Tribunal Constitucional, aunque para entonces (siempre que se confirme la sentencia) Torra ya habrá dejado de ser president.