La crisis de Junts per Catalunya deja en el aire la ley que limita los alquileres

La crisis interna que vive el grupo parlamentario de Junts per Catalunya, a raíz de la ruptura con el PDeCAT, tiene en la cuerda floja la ley catalana para poner un tope a los alquileres. Dentro de la bancada aún no hay un acuerdo sobre cómo posicionarse en la votación de hoy y sin esos apoyos sería imposible que saliera adelante. ERC y los comunes instaron ayer a Junts a apoyar el texto acordado pero l...

La crisis interna que vive el grupo parlamentario de Junts per Catalunya, a raíz de la ruptura con el PDeCAT, tiene en la cuerda floja la ley catalana para poner un tope a los alquileres. Dentro de la bancada aún no hay un acuerdo sobre cómo posicionarse en la votación de hoy y sin esos apoyos sería imposible que saliera adelante. ERC y los comunes instaron ayer a Junts a apoyar el texto acordado pero la formación insistía en sus enmiendas pese a las negociaciones del Sindicato de Inquilinos. El Consell de Garanties Estatutàries ya ha advertido que el texto vulnera la Constitución y podría quedar en papel mojado si es recurrido.

La votación deja al descubierto que la transversalidad ideológica de la que presume Junts tiene un límite en su elasticidad y que ciertos temas tensan en sobremanera las costuras del grupo. No solo los cuatro diputados que han decidido quedarse en el PDeCAT sino también otros que ya forman parte de la formación presidida por Carles Puigdemont creen que es necesario enmendar el texto que había sido trabajado con el Sindicato, los comunes, ERC y la CUP.

El portavoz de Junts en la cámara, Eduard Pujol, dijo ayer que se encontrarían “un punto medio” y ve necesaria la ley. Descartó la posibilidad de un voto diferenciado dentro del grupo y se mostró confiado en encontrar una solución que “recoja los acentos como se ha hecho hasta ahora”. El PDeCAT tampoco quiso revelar si, como se dio a entender hace días, se decantaría por marcar perfil en esta votación, desmarcándose de Junts.

El mayor desacuerdo entre el Sindicato, ERC, los comunes y la CUP y Junts es el alcance de la definición del propietario vulnerable. Los neoconvergentes defienden que se aumente el umbral. Jaime Palomera, uno de los portavoces del Sindicat, cree que eso no se puede extender más, pues termina por “desvirtuar la ley”. “Junts nos está mareando”, agrega tras recordar que su contrapropuesta presentada el pasado lunes intentaba desbloquear la situación. Las partes defienden que las negociaciones son complicadas pero no cierran las puertas a un acuerdo in extremis.

Sin todos los votos de Junts, la iniciativa recibirá 44 votos a favor y 57 en contra (Ciudadanos, PSC y PP). Los socialistas ven con buenos ojos algunas enmiendas presentadas por Junts y se han abierto a la abstención, según fuentes del grupo parlamentario.Antes de las vacaciones estivales los socialistas criticaron que el texto se aprobara por lectura única, “como si fuese un tema menor y sin el consenso de los dos grupos del Gobierno”, apuntan esas voces. “El tema de la vivienda es muy sensible y un texto así puede generar anuncios que generen expectativas en los inquilinos e incertidumbres en los propietarios”, añaden. El PSC defiende que el control de precio no resolverá por él mismo el problema de la vivienda y proponen otras medidas como más vivienda pública.

A un día de la votación, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, no quiso perder la oportunidad de tener voz en el debate y presentó junto a 30 entidades, sindicatos y colegios profesionales el Decálogo Barcelona por el Derecho a la Vivienda, en el que piden más fondos y prorrogar la moratoria de desahucios y de alquileres (dictada durante el estado de alarma). “Yo tengo muy claro que regular los precios del alquiler es imprescindible para garantizar el derecho a la vivienda”, añadió. “Menos enmiendas de última hora y más volver al consenso inicial”, pidió el jefe de filas de ERC en la Cámara, Sergi Sabrià. La CUP cree que el PDeCAT intenta defender “a los de siempre”.