La justicia avala que Mataró obligue a seis vecinos a estar en cuarentena
Uno de ellos, que dio positivo de coronavirus, se negó a permanecer en aislamiento, y el resto se niegan a someterse a las pruebas PCR
La justicia ha avalado la decisión del Ayuntamiento de Mataró (Barcelona) de aislar y poner en cuarentena a seis vecinos del municipio porque suponen un riesgo para la salud pública. El consistorio constató que esas seis personas dejaron de cumplir, de forma reiterada, una serie de recomendaciones sanitarias. Y firmó un decreto que permite su aislamiento. Ahora, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha ratificado el acuerdo municipal, cuyas medidas considera necesarias y proporcionadas para proteger a la población en general.
Para contener el brote de coronavirus en el mun...
La justicia ha avalado la decisión del Ayuntamiento de Mataró (Barcelona) de aislar y poner en cuarentena a seis vecinos del municipio porque suponen un riesgo para la salud pública. El consistorio constató que esas seis personas dejaron de cumplir, de forma reiterada, una serie de recomendaciones sanitarias. Y firmó un decreto que permite su aislamiento. Ahora, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha ratificado el acuerdo municipal, cuyas medidas considera necesarias y proporcionadas para proteger a la población en general.
Para contener el brote de coronavirus en el municipio, el Ayuntamiento firmó un decreto que iba dirigido a seis personas. Una de ellas dio positivo “y no está respetando las medidas de aislamiento”. El resto conviven con esa persona y se negaban a someterse a las pruebas y a permanecer en cuarentena. El consistorio pidió que se pudiera someter a pruebas PCR a esos seis vecinos -tres adultos, dos menores y un bebé-, que se les aislara y se les obligara a pasar una cuarentena obligatoria de 14 días.
En su auto judicial, el TSJC considera que la medida sobre el vecino que dio positivo es adecuada, porque “no existen otras menos lesivas de sus derechos que permitan alcanzar el mismo fin” de protección de la salud pública. Lo mismo ocurre con las otras cinco personas, a las que se debe “imponer como medidas cautelares” un aislamiento que “no han respetado voluntariamente”. La resolución añade que el consistorio debe informarle de cualquier decisión que afecte a las condicionens de aislamiento de los vecinos.