Es hora de recuperar la salud pública

Las autoridades sanitarias saben que para completar el desconfinamiento es preciso tener un buen sistema de control y seguimiento de los nuevos contagios, pues de ello depende poder evitar un rebrote de la pandemia que obligue a paralizar de nuevo la economía. Esa tarea ha de ser pilotada por los servicios de la red de vigilancia epidemiológica en colaboración con la Asistencia Primaria. Mucho tendrá que explicar el Departamento de Salud para justificar que mientras la Atención Primaria catalana apenas recibirá 4,5 millones de euros para este cometido, una empresa privada haya obtenido un cont...

Las autoridades sanitarias saben que para completar el desconfinamiento es preciso tener un buen sistema de control y seguimiento de los nuevos contagios, pues de ello depende poder evitar un rebrote de la pandemia que obligue a paralizar de nuevo la economía. Esa tarea ha de ser pilotada por los servicios de la red de vigilancia epidemiológica en colaboración con la Asistencia Primaria. Mucho tendrá que explicar el Departamento de Salud para justificar que mientras la Atención Primaria catalana apenas recibirá 4,5 millones de euros para este cometido, una empresa privada haya obtenido un contrato por valor de 17,6 millones de euros para cubrir la parte burocrática de ese control.

El control de la pandemia exige reforzar los depauperados servicios de vigilancia epidemiológica y de darle a la medicina comunitaria el papel que le corresponde. Si ahora no se hace, ¿cuándo se hará? Pero eso exige dotarla de recursos materiales y humanos, lo que implica una apuesta política clara que no se ve por ninguna parte. La decepción no puede ser mayor entre los profesionales de este ámbito al comprobar que se ha optando, una vez más, por una operación de externalización más que cuestionable. En primer lugar por la falta de transparencia. El Departamento de Salud acaba de adjudicar a dedo el seguimiento de los contactos a Ferroser Servicios Auxiliares, una filial de la constructora Ferrovial, y lo ha hecho sin concurrencia, amparándose en el decreto de alarma que permite medidas urgentes de contratación pública. Se refuerza así la fuerte penetración en la prestación de servicios públicos esenciales de las grandes compañías privadas, que están demostrando una gran habilidad en la captura de los presupuestos públicos para obtener rendimientos privados.

En segundo lugar, por la falta de concreción de las prestaciones exigibles. El contrato se divide en una parte fija de 9,06 millones, y una variable de 8,6, con una previsión de dos años que comenzará con unos 300 empleados y que puede llegar a ser 900. 17,7 millones es mucho dinero y ese es el tercer motivo de controversia: no hay razón para pensar que Ferrovial pueda estar en mejores condiciones que la administración pública de improvisar un servicio de esta naturaleza. La externalización encarece el servicio en una cantidad al menos equivalente a los beneficios que la concesionaria espera obtener. ¿Claudicación ante la dificultad? ¿O puro acomodo a una inercia muy consolidada de confusión entre intereses públicos y privados?

La operación contrasta con el escaso esfuerzo presupuestario para reforzar los servicios ordinarios de salud. El Call Center de Ferrovial solo se ocupará del seguimiento de los contactos. La tarea de detectar los nuevos contagios, hacer la lista de contactos y prestar la asistencia que precise cada caso recaerá sobre la asistencia primaria y los servicios de vigilancia epidemiológica. Estos apenas tienen ahora unos sesenta profesionales, una dotación que ya se consideraba muy escasa antes de la pandemia. Se acaba de aprobar la contratación de 108 profesionales más, pero todavía es insuficiente para mantener la pandemia bajo control al menos hasta que haya una vacuna segura y eficaz. Y eso puede tardar.

Es muy probable que la primera vacuna no sea perfecta, pero incluso en el caso afortunado de que alguna de las diez que ya se ensayan en humanos demuestre suficiente seguridad y eficacia, no estará disponible en menos de un año o 18 meses. Y cuando esté disponible, tampoco será posible fabricar de golpe el número de vacunas necesario para inmunizar a toda la población, los 7.600 millones de habitantes del planeta. Ello obligará a establecer prioridades, comenzando por el personal sanitario y otros profesionales con un alto nivel de exposición al virus. De modo que los servicios de vigilancia epidemiológica tendrán un papel crucial durante mucho tiempo.

Para esta tarea hace falta mucha inteligencia epidemiológica trabajando coordinadamente, y eso no se improvisa. Ahora estamos pagando años de abandono. La salud pública catalana llegó a tener un gran prestigio, pero ha ido perdiendo el capital acumulado por desidia de los sucesivos gobiernos. La red de vigilancia epidemiológica ni siquiera dispone de las herramientas informáticas necesarias para afrontar los complejos cálculos que precisa el control de una pandemia como esta. Una estrategia efectiva contra el coronavirus requiere mucho más que un Call Center con estudiantes mal pagados. Seguramente es más fácil externalizar que desarrollar un plan que devuelva a la salud pública el prestigio que tuvo y la dote de la musculatura intelectual y tecnológica necesaria. Pero para esto hace falta una visión de largo alcance.