La chatarrería municipal cierra

“No hay futuro. Cuando vivíamos en la nave abandonada de la calle de Puigcerdà podíamos salir a la calle a buscarnos la vida. Ahora tenemos permiso de residencia pero las instituciones y el coronavirus han destruido el resto”, advierte Richard, un nigeriano de 40 años que trabaja en la cooperativa de chatarreros Alencoop. Los 17 cooperativistas de la entidad denuncian que se encuentran en una situación crítica después de que, por un lado, el Ayuntamiento de Barcelona no les renovara el convenio de c...

“No hay futuro. Cuando vivíamos en la nave abandonada de la calle de Puigcerdà podíamos salir a la calle a buscarnos la vida. Ahora tenemos permiso de residencia pero las instituciones y el coronavirus han destruido el resto”, advierte Richard, un nigeriano de 40 años que trabaja en la cooperativa de chatarreros Alencoop. Los 17 cooperativistas de la entidad denuncian que se encuentran en una situación crítica después de que, por un lado, el Ayuntamiento de Barcelona no les renovara el convenio de colaboración que ambas partes mantenían desde 2014 y, por otro, les cayera encima la pandemia que ha paralizado todo justo cuando intentaban “volar” sin la ayuda del Consistorio.

El 24 de julio de 2013 los Mossos desalojaron a más de un centenar de inmigrantes de la nave del 127 de la calle de Puigcerdà en el barrio de Poblenou en Barcelona. Algunos llevaban dos años viviendo allí. Las instituciones intentaron que los chabolistas pudieran salir de la vulnerabilidad. Fue entonces cuando el Ayuntamiento de Xavier Trias (CiU) aprobó —a propuesta del regidor de ERC Jordi Portabella— montar una cooperativa de chatarreros con algunos de los chabolistas. Trias tiró adelante el proyecto que se materializó en junio de 2015 justo cuando Ada Colau ganó las elecciones.

Los socios de Alencoop tienen tres bicicarros y un camión. La normativa les impidió recoger chatarra de los contenedores de la calle. Solo pueden vaciar pisos y naves previa demanda de los propietarios. “El acuerdo inicial preveía que la aportación municipal se iría reduciendo progresivamente una vez que aumentara la capacidad económica de la cooperativa. Esta evolución no se ha producido nunca”, lamenta Álvaro Porro actual Comisionado de Economía Social del Ayuntamiento de Barcelona.

Amado Diallo nació hace 37 años en Senegal y aquella mañana de julio de 2013 estaba dentro de la nave de la calle de Puigcerdà cuando se produjo el desalojo. “En un principio entramos 15 personas en el proyecto que el Ayuntamiento encargó a una entidad. Nosotros con el dinero de la subvención —y el que conseguíamos trabajando— pagábamos el alquiler de la nave, a los técnicos que nos gestionaban, los autónomos de todos nosotros, la vivienda social y los suministros de los pisos y luego, aparte, nuestro salario”, informa Diallo.

Pero el problema, según el cooperativista, es que pronto les impusieron que en vez de ser 15 debían ser 30 chatarreros.

Desde 2014 el proyecto ha conseguido normalizar la situación irregular de los cooperativistas, pero poco más. El acuerdo hacía que en los últimos meses el Ayuntamiento pagara el 60% del proyecto y los cooperativistas el 40% con su trabajo. “Nunca conseguimos llegar a facturar el 40%”, lamenta Diallo. El proyecto era insostenible. Se habían cambiado de nave a una más grande y los gastos fijos, incluidos los autónomos, no les permitían salir a flote.

Una de las empresas gestoras avisó al Consistorio de que Alencoop no se sostenía. Otro equipo técnico se hizo cargo de la gestión de la chatarrería y llegó al mismo diagnóstico. “Decidimos que auditará el proyecto una consultora externa que también aseguró que no era viable”, lamenta el comisionado de economía social. En noviembre del 2019, decidieron que el Ayuntamiento no podía seguir aportando dinero a la cooperativa.

El Consistorio critica que desde que comenzó Alencoop no ha habido “rotación” de los cooperativistas. “Como institución, no se puede estar subvencionando siempre a las mismas personas. Nunca han llegado a ser autónomas”, añade. El Ayuntamiento mantiene que desde fin de año intenta satisfacer las necesidades básicas, garantizar la vivienda y la inserción laboral de los cooperativistas pero no invertirá en Alencoop.

Desde enero, los 17 cooperativistas han seguido trabajando. No ha ido bien y el 13 de marzo el coronavirus les obligó a cerrar. Los planes de reinserción para ellos también han quedado congelados por culpa del coronavirus. “Nuestra nevera está vacía”, denuncia Basiro de 40 años y de Guinea Bissau. La pandemia les ha obligado a olvidar la cooperativa y buscan otra forma de ganarse la vida.