La empresa municipal BSM aplica dos ERTE para el 72% de la plantilla

La compañía pública del Ayuntamiento de Barcelona garantiza la totalidad de la retribución de los empleados

Barcelona -
Un operario en activo del servicio de bicicletas públicas de Barcelona, Bicing, el pasado 23 de abril.Albert Garcia (EL PAÍS)

Barcelona de Serveis Municipals (BSM) ha aplicado dos Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) para 973 trabajadores, el 72% de su plantilla. Los ERTE, pactados con el comité de empresa, aseguran el 100% del sueldo de las personas afectadas y también otros derechos como vacaciones, antigüedad y pagas extras. La medida se aplica con carácter retroactivo desde el 1 de abril.

BSM es la empresa pública que gestiona servicios como el de grúas, el Bicing o los aparcamientos municipales, entre otros. Los dos ERTE se han justificado administrativamente por razones de fuerza mayor –co...

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Barcelona de Serveis Municipals (BSM) ha aplicado dos Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) para 973 trabajadores, el 72% de su plantilla. Los ERTE, pactados con el comité de empresa, aseguran el 100% del sueldo de las personas afectadas y también otros derechos como vacaciones, antigüedad y pagas extras. La medida se aplica con carácter retroactivo desde el 1 de abril.

BSM es la empresa pública que gestiona servicios como el de grúas, el Bicing o los aparcamientos municipales, entre otros. Los dos ERTE se han justificado administrativamente por razones de fuerza mayor –como el cierre total del Zoo o del parque Güell– y por causa productiva. “Son medidas excepcionales en un momento excepcional para garantizar las condiciones laborales de los trabajadores en el futuro. Somos una empresa pública que debe preservar la gestión de los recursos públicos”, explican fuentes oficiales de BSM. Los ERTE permiten que sea el Gobierno quien asuma el pago del 70% de las nóminas. La compañía no especifica la duración de estos despidos temporales, aunque Comisiones Obreras emitió esta semana un comunicado en el que se aseguraba que se mantendrá hasta el fin del estado de alarma. Una portavoz del Ayuntamiento informa que la actividad en BSM se ha reducido en un 90%.

El concejal de Presidencia y Presupuestos, Jordi Martí, informó el pasado miércoles que el déficit acumulado durante el estado de alarma en las arcas del Ayuntamiento de Barcelona asciende a 300 millones de euros, entre la caída de ingresos, los gastos extraordinarios aprobados para hacer frente a la pandemia y las pérdidas en organizaciones como BSM o la Autoridad del Transporte Metropolitano (ATM). BSM asegura que una vez se consiga una mayor normalidad, está garantizado que se reemprendan las obras de mejoras en el Port Olímpic, en el funicular del Tibidabo y en el aparcamiento del nuevo espacio de innovación Ciutadella Coneixement. El equipo de Gobierno municipal, formado por los Comunes y por el PSC, afronta el escenario de tener que aplazar inversiones previstas.

El Ayuntamiento afirma que solo otra sociedad municipal ha adoptado un ERTE, PATSA, la titular del parque de atracciones del Tibidabo –gestionada por BSM–. Los despidos temporales se revertirán “cuando, en la medida de lo posible, se pueda reiniciar la actividad”, aseguran una portavoz del Consistorio. Turisme de Barcelona, consorcio en el que participa el Ayuntamiento junto a la Cámara de Comercio, también ha tenido que recurrir a un ERTO.

A principios de abril fue motivo de polémica el ERTE que presentó para la mayoría de su plantilla la compañía privada Ciut’art, que gestiona, subcontratados, servicios en varios museos de Barcelona. Empleados de Ciut’art denunciaron que la medida no cumplía con el decreto de alcaldía que demandaba preservar los contratos laborales vinculados a la actividad pública de la ciudad. La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, emitió un decreto al inicio del estado de alarma, a mediados de marzo, sobre las afectaciones en la contratación en el sector público. Uno de los objetivos del edicto era blindar los empleos dependientes del Ayuntamiento, para “aplicar el principio de inalterabilidad de los contratos en la medida que sea posible”.

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