La vuelta al trabajo de las personas con trastorno mental

Durante las dos semanas que duró la prohibición de trabajar excepto en ámbitos esenciales, para los 70 trabajadores con trastorno mental que están empleados en la cooperativa Nou Verd, en la comarca de Alt Camp, empezó un periodo de adaptación complicado. Sin la función estructural de sus puestos de trabajo, algunas enfermedades se desestabilizaron, y el impacto fue duro. También lo ha sido la vuelta al trabajo, pero por motivos distintos: al temor del contagio se ha sumado la posibilidad de que la crisis económica del coronavirus se lleve por delante algunos centros especiales de trabajo, dej...

Durante las dos semanas que duró la prohibición de trabajar excepto en ámbitos esenciales, para los 70 trabajadores con trastorno mental que están empleados en la cooperativa Nou Verd, en la comarca de Alt Camp, empezó un periodo de adaptación complicado. Sin la función estructural de sus puestos de trabajo, algunas enfermedades se desestabilizaron, y el impacto fue duro. También lo ha sido la vuelta al trabajo, pero por motivos distintos: al temor del contagio se ha sumado la posibilidad de que la crisis económica del coronavirus se lleve por delante algunos centros especiales de trabajo, dejando en la calle a estos trabajadores. El sector afronta una caída de la actividad y una pérdida de ingresos que compromete su viabilidad. Las patronales han lanzado un grito de alerta y han pedido a la Generalitat que garantice las subvenciones, y que abone los pagos pendientes, que en algunos casos pueden superar el medio millón de euros.

En Cataluña hay más de 16.000 personas con discapacidad que trabajan en 205 centros especiales de trabajo. De ellas, 9.500 personas tienen alguna discapacidad intelectual o trastorno mental, y trabajan en centros asociados a las patronales Dincat y Ammfeina. “En nuestra cooperativa somos 101 trabajadores, 70 de los cuales tienen trastorno mental, de los que 50 sufren uno severo”, explica Xavier Valls, gerente de Nou Verd.

La cooperativa, como todas las del sector, depende de las subvenciones de las administraciones. A causa del recorte que llevó a cabo el ministerio de Trabajo en las políticas activas de empleo —recorte que se usa para pagar las prestaciones de desempleo derivadas de despidos temporales— la Generalitat tendrá que destinar a formación y a subvenciones salariales una partida un 55% menor. Las entidades temen por la pérdida de las subvenciones, y recuerdan que el sistema ya está tensionado por la subida del salario mínimo y las deudas de las administraciones. Las tarifas que pagan las administraciones, además, están congeladas desde 2009.

“Hemos vivido una década perdida en la financiación, y los costes han subido”, explica Enric Cardús, de la fundación Pere Mata, que emplea a 97 personas con trastorno mental. Cardús recuerda que la red de entidades nació para “dar entrada a perfiles que estaban fuera del mercado laboral”. “Ahora un centro especial de trabajo no deja de ser una empresa como cualquier otra, que tiene que colocar en el mercado bienes y servicios, y sin financiación nos costará sobrevivir”.