Los contratistas reclaman que se liciten nuevos proyectos de obras pese al parón por el coronavirus
El sector reclama medidas de apoyo una vez paralizados las contrataciones públicas
Los contratistas están satisfechos con el hecho de que las administraciones públicas hayan admitido el cese total de sus obras públicas por el riesgo que suponía mantenerlas para la propagación de la Covid-19. Lo reclamaban desde que se declaró el estado de alarma...
Los contratistas están satisfechos con el hecho de que las administraciones públicas hayan admitido el cese total de sus obras públicas por el riesgo que suponía mantenerlas para la propagación de la Covid-19. Lo reclamaban desde que se declaró el estado de alarma. Ahora, sin embargo reclaman que esas mismas administraciones tengan preparados nuevos proyectos y la licitación de concursos durante este tiempo de parón para que el reinicio de la actividad sea tan rápido como sea posible y la caída de la inversión sea mínima.
“Hace falta crear las condiciones necesarias para preservar las empresas durante el periodo que dure la suspensión y ponerlas en condiciones de retomar la actividad con decisión y continuidad”, h afirmado este jueves la Cámara de Contratistas de Obras de Cataluña (CCOC) en un comunicado. En esa línea, piden a los órganos de contratación que adopten medidas para “licitar nuevos proyectos” que doten de estabilidad y continuidad a las empresas y evitar una nueva caída en la licitación de obras.
La CCOC solicita asimismo a la Generalitat una tramitación ágil de los expedientes de regulación temporal que previsiblemente las contratistas han presentado y presentarán en los próximos días. Pero también reclaman que las administraciones agilicen la tramitación de las certificaciones de obras que las empresas han presentado para poder cobrarlas y dar un respiro a su liquidez, de forma que no se ponga en peligro su continuidad.
En lo que respecta a medidas que hagan más viable el mantenimiento de la caja de las empresas, la CCOC exige, como el resto de patronales, una moratoria en el pago de impuestos de seis meses y cuyo pago se recupere de forma fraccionada y que las administraciones asuman los gastos derivados de las paralizaciones de la obra pública, como el alquiler de la maquinaria que ha quedado bloqueado dentro de los recintos de construcción.