La sentencia final del ‘caso Palau’ afronta su cuarta prórroga
Los magistrados se dan un mes más para decidir por la “complejidad” y “extensión” de los recursos
El Tribunal Supremo ha dictado una nueva prórroga de un mes, la cuarta, para seguir preparando la sentencia definitiva sobre el caso Palau. El tribunal alude a la “complejidad” de la causa y se toma más tiempo antes de decidir si ratifica o matiza la sentencia que condenó a Fèlix Millet por el expolio del Palau de la Música y que acreditó, por primera vez, la financiación ilegal de la antigua Convergència. Aunque es previsible que lo esencial de aquella resolución histórica se mantenga en pie, puede haber modificaciones sensi...
El Tribunal Supremo ha dictado una nueva prórroga de un mes, la cuarta, para seguir preparando la sentencia definitiva sobre el caso Palau. El tribunal alude a la “complejidad” de la causa y se toma más tiempo antes de decidir si ratifica o matiza la sentencia que condenó a Fèlix Millet por el expolio del Palau de la Música y que acreditó, por primera vez, la financiación ilegal de la antigua Convergència. Aunque es previsible que lo esencial de aquella resolución histórica se mantenga en pie, puede haber modificaciones sensibles, sobre todo teniendo en cuenta que la deliberación se alarga.
En un auto al que ha accedido EL PAÍS, la Sala de lo Penal del alto tribunal destaca también la “extensión” del procedimiento: 102 tomos, 24 cajas con pruebas, 72 DVD con declaraciones más otras tantas piezas separadas. El “objeto de estudio” es complejo y los recursos planteados por las partes -tanto la Fiscalía como las defensas recurrieron la sentencia inicial de la Audiencia de Barcelona- son “densos”. Los magistrados concluyen que necesitan al menos un mes más ante la “imposibilidad” de dictar sentencia en el plazo fijado.
Es la cuarta vez que el Supremo prorroga el plazo desde que, el 12 de noviembre de 2019, se reunió por primera vez para “deliberar y votar” sobre los recursos. El magistrado ponente, Andrés Palomo, presentó a sus compañeros una propuesta de resolución, que por ahora no ha adoptado forma definitiva. El retraso en la decisión es interpretado por las defensas como un signo de que van a introducirse cambios significativos; para los condenados a las penas más altas, es un buen augurio. La situación pone en alerta también a la Fiscalía, que logró probar el pago de 6,6 millones de euros por parte de Ferrovial al partido nacionalista a cambio de la adjudicación de obras públicas como la Ciudad de la Justicia o la línea 9 del metro. Lo hizo, sin embargo, sin poner en duda ninguno de los expedientes de contratación.
El tiempo que pasa hasta la sentencia firme es también tiempo que los condenados -los principales, octogenarios y con problemas de salud- pasan sin pisar la cárcel. El registro por los Mossos d’Esquadra del coliseo modernista se produjo en julio de 2009; la sentencia de la Audiencia de Barcelona, tras una sucesión de obstáculos en la fase de instrucción, no llegó hasta diciembre de 2017. El expresidente del Palau, Fèlix Millet, fue condenado a nueve años y ocho meses por saquear 23 millones de euros; quien fue su mano derecha en la institución musical, Jordi Montull, a siete años y medio por lo mismo. El único cargo de Convergència del que se pudo acreditar la participación, el extesorero Daniel Osácar, fue sentenciado a cuatro años y cinco meses. En total, 12 personas fueron condenadas y cuatro absueltas.
En el juicio, Millet y Montull ratificaron la tesis de la Fiscalía y confesaron que el Palau de la Música sirvió para vehicular las mordidas de la constructora al partido nacionalista entre 1999 y 2009. Pese a la confesión, ambos recurrieron la sentencia. Lo mismo hizo la Fiscalía Anticorrupción, que rechaza la absolución de los dos exdirectivos de Ferrovial que habían sido acusados; la sentencia concluyó que los delitos habían prescrito. Pese a que la sentencia no era firme, la Fiscalía logró que Millet y Montull ingresaran en prisión de forma preventiva. Tras 25 días entre rejas, en marzo de 2018 el expresidente del Palau salió en libertad tras abonar una fianza de 400.000 euros.