El grupo de Poblet defiende incluir el derecho de secesión en la Constitución

La plataforma El país de demà, también conocida como el grupo de Poblet y que reúne a sectores soberanistas contrarios a la vía unilateral hacia la independencia, propone que desde el Parlament se promueva una “reforma constitucional” que “permita el ejercicio del derecho de secesión”. La propuesta figura en un documento de conclusiones, al que ha tenido acceso Efe, elaborado por un equipo de ideólogos y que será sometido a discusión en un encuentro que celebrará la plataforma este sábado en ...

La plataforma El país de demà, también conocida como el grupo de Poblet y que reúne a sectores soberanistas contrarios a la vía unilateral hacia la independencia, propone que desde el Parlament se promueva una “reforma constitucional” que “permita el ejercicio del derecho de secesión”. La propuesta figura en un documento de conclusiones, al que ha tenido acceso Efe, elaborado por un equipo de ideólogos y que será sometido a discusión en un encuentro que celebrará la plataforma este sábado en Barcelona.

En el encuentro del sábado, este colectivo -nacido en una reunión del pasado mes de septiembre en el Monasterio de Poblet y en el que participan figuras del sector moderado del PDeCAT, como Marta Pascal o Carles Campuzano- decidirá si apoya la creación de una nueva opción electoral de cara a las próximas elecciones catalanas.

El “Documento de conclusiones y síntesis del trabajo sobre el apoyo de una opción política”, que los más de 300 impulsores de la plataforma debatirán el sábado, define el procés como una “gran oportunidad perdida” y dice que la independencia es hoy “un objetivo difícilmente alcanzable por la vía unilateral y la confrontación”. Como alternativa, propone una reforma de la Constitución en la línea de la “ley de claridad” canadiense, que “permita el ejercicio del derecho de secesión a partir de un acuerdo político que establezca las condiciones de un referéndum de independencia” que, si gana el ‘sí’, obligaría a “negociar cómo implementarla”.

Habría que alcanzar, señala este texto de 32 páginas, "un pacto con el Estado para convocar un referéndum" que permita a los catalanes "expresar su opinión sobre la independencia".

Según el documento, "no puede ser un referéndum de autodeterminación", porque este concepto "no tiene apoyo en el derecho internacional ni tampoco está amparado por las constituciones de ninguna democracia liberal".

“El referéndum del 1-O se planteó erróneamente en base al derecho de autodeterminación de los pueblos, pero todos sabemos a estas horas que este derecho exige que se den unas condiciones políticas, sociales y jurídicas que no existen en Cataluña”, añade el documento, al que los asociados pueden presentar enmiendas.

Lo que este documento provisional deja de momento en blanco es el apartado de las conclusiones, que se redactarán a partir de lo que se acuerde en la reunión de trabajo del sábado y que deberán recoger si se apoya la creación de una nueva oferta electoral, para la que ya se han iniciado conversaciones con el partido Units per Avançar.

El documento es especialmente contundente a la hora de criticar la estrategia seguida por el independentismo durante el procés, dominado por el “tacticismo de las fuerzas políticas que lo han impulsado” y que ha “polarizado” la sociedad catalana.

La plataforma urge a "restablecer un clima de confianza y lealtad entre Cataluña y el Estado" y ve necesario que la parte catalana haga "autocrítica" y muestre algún "gesto claro" de distensión. Reclama "recuperar los grandes consensos del catalanismo en el Parlament", así como un "marco de estabilidad política con nuevos liderazgos", y advierte que "la democracia no es posible sin respeto a las leyes".

Además, insta a aprovechar "el cambio de interlocutor político" en el Estado, ya que a su juicio el Gobierno de Pedro Sánchez no quiere que el problema catalán se cronifique. El colectivo propone un "acuerdo de conveniencia" que se fundamente en el "respeto mutuo" y en una "posición de igualdad entre Cataluña y España".

Dicho acuerdo debería incluir, según el documento, el reconocimiento “claro” de que Cataluña es una “realidad nacional”, una relación bilateral entre Estado y Generalitat y una serie de medidas que refuercen el autogobierno.