La objeción de conciencia frena la eutanasia en Andalucía: “Fue una tortura psicológica”

“¿Por qué no me dejan morir como quiero morir?”. Esta es la pregunta que Dolores Barrero le reiteraba a su hijo Lucas durante los dos meses y medio que transcurrieron desde que solicitó la eutanasia hasta que falleció el pasado 18 de febrero. Es muy similar a la que escucharon Gonzalo, Maxi, Marite o Laura -en su caso, nombre supuesto- de sus padres o sus parejas. La ley de la eutanasia entró en vigor en junio de 2021, pero Andalucía fue de las últimas en ponerla en marcha, en enero del año siguiente. Desde entonces, se han recibido 300 solicitudes, de las que se han realizado 103 prestaciones, el 34,3% -en lo que va de año, de 91 solicitudes, se han realizado 22, el 24%-. En el caso de los cuidados paliativos, 18.000 personas los reciben al año en la comunidad.

Sus casos evidencian, por un lado, que en Andalucía sigue sin aplicarse correctamente la ley 3/2021 que regula el derecho a solicitar y recibir ayuda para morir, por desconocimiento de su contenido, falta de formación de los profesionales sanitarios y de coordinación por parte de un sistema de salud con demasiados objetores, como viene denunciando la asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD). Los últimos datos de objetores datan de 2024: 1.608 en total, de los que el 63,85% son médicos de atención primaria. “El porcentaje es muy bajo, pero porque muchos no se molestan en inscribirse por desconocimiento y porque se permite la objeción sobrevenida”, indica Eva Camps, portavoz de DMD, donde sospechan que hay muchos profesionales que aseguran ser objetores y no están en ninguna lista. Por otro lado, los testimonios también demuestran que la ley autonómica de cuidados paliativos, que es la vía por la que abiertamente aboga el Gobierno de Juan Manuel Moreno, tampoco se ejecuta correctamente.

“El caso de mi padre saca a la luz que, a día de hoy, da igual lo que dejes escrito en tu testamento vital, porque a la hora de morir dependes de un médico, de lo que esa persona crea y de que se salte la ley o no”, resume Gonzalo Oses, sobre el trance que tuvo que sufrir su progenitor, Pablo, que no pudo tener una muerte digna y con el que coinciden el resto de personas que han compartido su testimonio con este diario.

Pablo Osés había hecho su testamento vital en el año 2019 y desde que se trasladó de San Sebastián a Fuengirola (Málaga) hace 25 años tenía el mismo médico de cabecera. A finales de este mes de agosto ingresó en el hospital con muchos dolores y un estado de debilidad absoluta y allí ya dejó claro que no quería regresar a ningún centro hospitalario y que quería morirse en su casa. El 11 de septiembre, Gonzalo visitó al médico que le reconoció que su padre estaba terminal y que llamara al 061 para pedir los cuidados paliativos. Horas más tarde fue el propio doctor el que se pasó a visitar a su paciente a casa y le aseguró a su hijo que estaba “estuporoso” -una palabra que va a recordar de por vida-, que “todavía no tenía dolor suficiente y que no recomendaba la sedación”. Horas más tarde, Pablo fallecía sin haber recibido nada que pudiera aliviar su sufrimiento.

“Tenía una frustración enorme, por no haber podido ayudar a mi padre a cumplir su último deseo”, reconoce Gonzalo. Esa impotencia se convirtió en rabia y estupefacción cuando, días después, el propio médico reconocía que nunca podría haber ordenado la sedación porque era objetor. “La ley de cuidados paliativos no permite la objeción, esta solo cabe para la eutanasia o el aborto”, precisa Camps. Laura también responsabiliza al “fundamentalismo médico, la falta de humanidad y el incumplimiento de la ley” de la agonía innecesaria que atravesó su pareja, Luis -nombre supuesto también-, en sus últimos días de vida.

En marzo de este año se le diagnosticó un cáncer terminal y a finales de junio, tras ingresar durante dos semanas, se acordó con el hospital darle el alta para permanecer en casa con cuidados paliativos. El 24 de julio, los sanitarios lo dejaron en “situación preagónica y estado de semiinconsciencia”, pero únicamente le pusieron medicación subcutánea a la espera de llamar al día siguiente para reevaluar la situación. Luis falleció durante esa madrugada. “Nos dejaron tirados. Se murió sufriendo, con un dolor insoportable”, rememora. “No queremos morir en casa porque nos guste morirnos como en el siglo XVI; queremos hacerlo porque tenemos una ley de cuidados paliativos que nos garantiza una atención continuada hasta el final”, dice Laura. Ella reclamó al Servicio Andaluz de Salud, pero solo recibió un “genérico lo sentimos, pero se ha actuado bien”.

En el caso de José González, el padre de Maxi, ni siquiera se pudo cumplir su voluntad de morir en casa. En agosto de 2024 se le diagnosticó un cáncer de próstata, pulmón y carótida. En enero ingresó en el hospital. “Sufría mucho psicológicamente, había empezado a perder fuerza, a dejar de comer y dejó claro que no quería vivir así”, relata su hijo. Maxi preguntó en el centro médico por la posibilidad de activar el procedimiento de la eutanasia, pero lo que le dijeron es que no le correspondía y que lo que tenía que hacer era “ir al psicólogo porque tenía anorexia y lo que necesitaba era comer”. Maxi hizo caso omiso y activó el proceso, pero preguntando también por la posibilidad de que recibiera cuidados paliativos: “Me contestaban que no, porque no había dolor, sino nerviosismo”.

“Pelear contra el SAS”

Como es habitual en Andalucía, los plazos para ejercer el derecho a morir no se cumplieron tampoco con José. Quien firmó el documento para ser la médico responsable, fue la doctora que estaba de guardia, y pasaron dos semanas hasta que se presentó en su domicilio la de cabecera, volviendo a ponerse a cero el contador del proceso. Era febrero y la facultativa, que sí dio salida a su solicitud, les advirtió de que el siguiente paso tardaría dos meses, porque era el primer caso que ella llevaba. Pocos días después tuvo un fuerte episodio de diarrea. “Quiero morir en casa”, le dijo su padre, pero ante la insistencia de los facultativos fueron al Hospital de Carmona. Allí Maxi volvió a preguntar sobre la eutanasia, pero la médico dijo que era objetora, aunque sí autorizó los cuidados paliativos. “Se fue de un día para otro, pero después de dos meses de tortura psicológica”, recalca el hijo de José.

Como es habitual en Andalucía, los plazos para ejercer el derecho a morir no se cumplieron con Dolores, que desde julio de 2021 convivía con una atrofia multisistémica, una enfermedad rara similar al párkinson, sin cura, ni medicación y de progresión rápida. Tras desactivar el proceso ese mismo año, al constatar las trabas que le ponían en su centro de salud de Aracena (Huelva), donde la médico de cabecera les dijo que nadie allí tenía formación y que volviera a preguntar después de las vacaciones de verano, Dolores a mediados de noviembre de 2024, después de un año de estar en paliativos y tomando morfina, volvió a solicitar la eutanasia. Quien falló en este caso fue la persona de referencia del distrito, la que se encarga de recepcionar todos los expedientes que va mandando el médico responsable, monta el expediente y lo manda a la comisión. “Estaba en contra de la eutanasia, me dijo que lo que iba a hacer iba contra la ley de la vida. ¿Cómo pueden nombrar como responsable de la supervisión del proceso de eutanasia a un objetor?“, se pregunta Lucas.

“En lugar de haberme pasado los dos últimos meses de la vida de mi madre despidiéndome de ella de una forma serena, los he pasado peleando contra el SAS por la falta de formación del personal, para que ella pudiera cumplir su voluntad, tan solo dejar de sufrir y de tener dolores continuos”, señala impotente Lucas. Esa falta de conocimiento y de coordinación también la sufrió Marite Mehr, cuando su marido Josef, que tenía testamento vital, decidió solicitar la eutanasia el pasado mes de febrero, después de cuatro meses sufriendo una polineuropatía a la que se le había sumado un tumor maxilar tremendamente agresivo.

En la lista de profesionales de su seguro médico privado no había ningún médico que quisiera poner en marcha el proceso, algo a lo que, como recalca Camps, están obligados. Fue DMD quien les encontró un médico de la sanidad pública en Ojén (Málaga), donde residen, pero el problema llegó con la médica consultora. “Nos dio cita para recibirnos en su consulta, pero Josef no se podía mover. Dijo que su secretaria nos llamaría para concertar otra fecha, pero él falleció un día antes de que nos llamara”, relata Marité. Su caso, como destaca Camps, evidencia otro de los problemas sobre los que alertan los profesionales que sí participan del proceso de eutanasia, un trámite complejo y que requiere de un tiempo del que no disponen por las agendas tan saturadas.

“En la sanidad pública no debería permitirse la objeción, es como si en el Ejército hubiera objetores. Si es admitida, el registro debería ser público, para que los pacientes podamos elegir médico con toda la información, o ser conscientes de sus limitaciones”, zanja Gonzalo.