Andalucía cuestiona las 16.700 viviendas turísticas “ilegales” detectadas por el Gobierno: “Es una pataleta”

Las cifras sobre número de viviendas de uso turístico revocadas por no cumplir con los requisitos del Registro Único de alojamientos temporales que el Gobierno hizo públicas este domingo centraban en Andalucía el mayor número de pisos en situación irregular. De los 53.876 detectados,16.740, el 31%, se concentran en este territorio, donde también se sitúa la provincia y la ciudad con más casos: Málaga, con 8.014, y Sevilla, con 2.289, respectivamente. Estos datos, que fueron avanzados por el presidente Pedro Sánchez durante un mitin en la capital malagueña, junto a la candidata socialista a la Junta, María Jesús Montero, han avivado la pugna política en materia de vivienda entre el Gobierno central y el autónomo, que ha cuestionado tanto el anuncio como la gestión estatal, una crítica a la que también se han sumado el Ayuntamiento hispalense y el malagueño (ambos del PP) y la Asociación de Viviendas Turísticas de Andalucía. “Esta medida no es más que una pataleta ante los resultados y avances conseguidos por el Gobierno de Juanma Moreno en esta materia”, ha defendido el consejero de Turismo, Arturo Bernal.

Desde que el Gobierno central puso en marcha el registro único de alojamientos temporales el pasado 1 de enero, se han recibido 336.497 solicitudes, de las que el 78,75% corresponden a alquileres de uso turístico, de ellos, de acuerdo con las cifras facilitadas por el Ministerio de Vivienda, el 20,3% han sido revocadas, porque contenían datos incompletos o no acordes con la normativa vigente del tipo de actividad que se pretendía desarrollar. El Gobierno ha instado a las plataformas a que den de baja los anuncios online que se corresponden con esos inmuebles, que el Gobierno define como “ilegales”, y que pretende que se puedan incorporar al mercado de alquiler residencial.

La Junta de Andalucía rápidamente ha cuestionado la calificación de ilegales de estas viviendas por parte del Gobierno y recalca que el Ministerio de Vivienda “no inspecciona” porque esa es una competencia autonómica. “Ni son viviendas ilegales ni el Gobierno puede decidir si lo son o no”, indican fuentes de la Consejería de Turismo. Este departamento recuerda que hace unas semanas informó de que desde 2024 a agosto de este año se habían cancelado 10.300 viviendas de uso turístico (VUT), “gracias a la aplicación de las medidas de control, regulación y ordenación impulsadas por la Administración autónoma en coordinación con los ayuntamientos andaluces”, una supervisión impulsada ante la proliferación de este tipo de alojamientos.

Las fuentes de la Junta consultadas subrayan que las suspensiones ordenadas por el ministerio únicamente afectan a los alojamientos que se publicitan en las plataformas, mientras que el control que realiza el Gobierno autónomo es de todas la VUT. También cuestionan el propio mecanismo del registro único, recurrido por la Junta de Andalucía. “Cuenta con informes demoledores del Consejo de Estado, un expediente en la Unión Europea y un recurso en el Tribunal Supremo”, sostienen.

Un interlocutor del Ministerio de Vivienda recuerda que el registro único no es un mecanismo que autorice a operar o a obtener una licencia, y que en este sentido las competencias de inspección por parte de las comunidades y los ayuntamientos no se ponen en duda, pero se trata de una herramienta para llevar un control de que esos inmuebles cumplen con los requisitos legales para poder anunciarse. El hecho de que de las 96.176 viviendas con uso turístico que hay reconocidas en Andalucía, de acuerdo con los datos de INE del pasado mes de mayo, el registro único haya detectado irregularidades en casi 17.000 que se anuncian solo en plataformas, frente al total de 10.300 confirmado por la Junta en un año, demuestra que la capacidad de inspección y supervisión por parte de la Consejería de Turismo es todavía demasiado lenta a la hora de localizar los fraudes en este sector.

“El problema del sistema de la Junta es la declaración responsable. Uno puede decir que está alquilando una casa en condiciones y realmente ser un chamizo, pero como los inspectores no acuden a comprobar, mientras tanto operan”, cuenta un propietario de varias viviendas de uso turístico, que pide mantener el anonimato, y que inició los trámites para obtener el número del registro único el 2 de enero, un día después de que se pusiera en funcionamiento. “Lo que se comprueba para poder obtener el número de registro es que el solicitante sea el propietario de la finca o que tenga contrato de gestión, que cumpla con la normativa urbanística y la ley de propiedad horizontal, que no se trate de una VPO”, explica sobre los requisitos para poder inscribirse en el registro único y, por tanto, publicitarse on line en las plataformas, Manuel Ridruejo, decano del Colegio de Registradores de la Propiedad de Andalucía Occidental.

El registrador precisa que con el registro único se pretende armonizar la normativa estatal en materia de derecho civil, que es la que el Colegio de Registradores comprueba que se cumple, con la autonómica y municipal en materia de vivienda turística, de carácter administrativo. “Mientras que en la Junta de Andalucía los controles se hacen a posteriori tras la presentación de la declaración responsable, en el sistema del Registro único, la supervisión es ‘ab initio”, señala Ridruejo.

Desde el 2 de enero y hasta el 15 de septiembre se presentaron en Andalucía 79.441 solicitudes para obtener un número en el Registro único, según los últimos datos facilitados por Ridruejo, de los que 17.603 se han revocado y 6.200 están en estado provisional -unas cifras más actualizadas que las ofrecidas por Vivienda-. La revocación no significa que la vivienda no pueda seguir siendo alquilada con carácter turístico, pero le impide poder anunciarse en los portales, donde realmente se realizan el 85% de las reservas turísticas, según la Organización Mundial del Turismo. “El registro permite garantizar al que alquila en el extranjero que el inmueble existe, que no va a llegar las autoridades a precintarlo porque no tenga la autorización de la comunidad de vecinos... genera seguridad jurídica”, abunda el registrador.

Defensa del turismo

La Asociación de Viviendas Turística de Andalucía, AVVA-Pro, es bastante menos condescendiente. “Retirar anuncios de las plataformas no equivale a retirar licencias”, advierte la entidad en un comunicado. Además de cuestionar la inseguridad que genera el Registro único por entender que provoca duplicidades con el autonómico y defender las competencias de la Junta en este sector, su presidente, Juan Cubo, cuestiona la demonización de este tipo de alojamientos que hace el Gobierno al señalarlos como responsables de la falta de vivienda. “Señalar como “ilegales” a miles de viviendas con licencia autonómica es un ataque al motor económico de Andalucía y de España. En provincias como Málaga, Sevilla, Cádiz o Granada, el turismo de corta duración sostiene decenas de miles de empleos y genera un impacto decisivo en la actividad económica", sostiene AVVA en un comunicado. Cubo hace alusión a las declaraciones que hizo Sánchez en el mitin de Málaga, asegurando que los inmuebles que las plataformas tendrían que dar de baja “pasarían a ser alquileres constantes para la gente joven y familias de este país”. “Esos pisos, si es que salen al mercado al ser de calidad, saldrían en unas condiciones que ningún joven podría asumir, se está haciendo demagogia”, sostiene. AVVA señala que solo el 37% de las VUT inscritas se destinan en exclusiva a régimen vacacional. “El resto son segundas residencias que se explotan cuando sus dueños no las usan o durante vacaciones”, indica la asociación.

Más allá de la efectividad de los controles, la administración autonómica y los Ayuntamientos de Sevilla y Málaga, a los que los datos ofrecidos por Vivienda señalan especialmente, critican que el Gobierno esté demonizando al turismo como el responsable de los problemas de vivienda. “El problema de la falta de vivienda en España y Andalucía no está en el turismo, sino en la nefasta Ley de Vivienda”, ha sostenido Bernal. En similares términos se ha manifestado el alcalde de Málaga, Paco de la Torre, durante un desayuno organizado por Diario Sur: “No se puede echar la culpa al sector turístico del problema de la vivienda, se pone el acento en una cuestión que no es así”, ha dicho. En Málaga capital se han revocado 1.471 códigos, la cuarta que más, por detrás de Sevilla, Marbella y Barcelona. El regidor -que ha insistido en que han retirado casi 2.000 pisos-, sin embargo, ha defendido la importancia de estos alojamientos para la economía local, donde el turismo es uno de los principales motores. “Si quitamos las viviendas turísticas se perderán miles de puestos de trabajo, en este tema hay que tener cautela y hablar con el sector”.

Desde el Ayuntamiento de Sevilla, la ciudad con más solicitudes rechazadas, 2.289, también se ha cuestionado la intervención de Sánchez, que el delegado de Urbanismo, Juan de la Rosa, ha calificado de “incoherentes”. “La ley estatal sobre viviendas de uso turístico del gobierno socialista, lejos de dar respuesta a la emergencia habitacional, pone en riesgo el acceso al alquiler social que necesitan los ciudadanos”, ha sostenido para enumerar las medidas contra la proliferación de pisos turísticos que ha adoptado el consistorio hispalense. “De las 271 declaraciones responsables presentadas, 105 han sido denegadas al encontrarse en zonas saturadas”, ha incidido De la Rosa, que ha recordado que, desde octubre, la ciudad ha enviado a la Junta unas 1.067 VUT para su cancelación. Con todo, el consistorio se resiste a aplicar la misma moratoria sobre pisos turísticos que ha adoptado el alcalde de Málaga.