La nueva ley universitaria andaluza exigirá un B2 en un idioma extranjero para obtener el título

La Junta de Andalucía presentó este martes su anteproyecto para la Ley Universitaria Para Andalucía (LUPA) con la que los estudiantes andaluces deberán acreditar un nivel B2 en un idioma extranjero para obtener el título universitario a partir de octubre de 2029. Los consejos de estudiantes andaluces denuncian que esta acreditación lingüística tendrá un impacto económico “significativo” en las familias con menos recursos, algo que denuncian que ya sucede con el B1 actual, pero que se agravará con el B2 pesar de las becas y ayudas al estudio, a las que tildan de “insuficientes”.

“Yo mismo tengo conocidos que se han tenido que gastar a lo mejor 200 euros para el B1″, relata Manuel Jesús Flores, secretario del Consejo de Estudiantes de la Universidad Pablo de Olavide. “No tenemos constancia de que vaya a haber cambios en el plan educativo, por lo que seguirá dependiendo del estudiante buscarse el examinador, academias privadas, etc”. Flores comenta que el desembolso del estudiante puede ser mucho mayor con el B2. “Y por mucho que pongan clases de refuerzo o de apoyo, igualmente habrá que pasar por caja”, concluye el estudiante.

El Gobierno que preside el popular Juan Manuel Moreno defiende que la LUPA incrementa los derechos del alumnado, pero los consejos de estudiantes acusan a la Junta de “falta de diálogo” y de ignorar sus propuestas. Los representantes de consejos de estudiantes de las nueve universidades públicas andaluzas proclaman que la futura norma no refleja las medidas acordadas previamente con la Consejería de Universidades. Los firmantes se muestran “horrorizados” con el cambio de número de miembros por universidad en el Consejo Asesor de Estudiantes de Universidades Andaluzas, que pasa de dos a uno. Este órgano, detallan, es el “único” donde se representa a la comunidad estudiantil y en el que se pueden compartir sus necesidades e inquietudes con la Junta.

El anteproyecto de ley detalla que las universidades privadas deberán destinar “al menos un 3% de su presupuesto” a ayudas y becas al estudio, tal y como recordó el consejero de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villamandos. Según el exrector de la Universidad de Córdoba, esto permitirá que “evidentemente” que exista igualdad de oportunidades y movilidad en la carrera profesional. A las universidades privadas también se les obliga a que con un 5% de sus presupuestos se financien planes propios de investigación. El consejero ha resaltado que uno de los pilares de esta ley es el impulso y la “consolidación del sistema público universitario andaluz”.

La LUPA se impulsa después de que en el último año la Junta autorizara la creación de cuatro universidades privadas en la comunidad, cuando anteriormente solo existía una. La decisión contó con la oposición de los rectores de las 10 universidades públicas del territorio, cuyo voto para el reconocimiento de los dos últimos centros privados que fueron autorizados no fueron tomados en cuenta por primera vez.

La LUPA “incrementa los requisitos para la creación, desarrollo y funcionamiento de las instituciones académicas privadas en Andalucía”. Según la Junta, el objetivo es reforzar la calidad del sistema universitario y asegurar la prestación de este servicio público. Entre las exigencias, detallan que se requerirá que los promotores y gestores de las iniciativas dispongan de una trayectoria contrastada en el servicio público de educación superior.

“Nos preocupa mucho la captación de talento, es un problema endémico, así que queremos dar certidumbre y estabilidad”, afirmó Villamondos. El consejero remarcó que la LUPA va a procurar que la edad de estabilización del profesorado vuelva a los 35 años “como antes de la crisis de 2008″. Ahora mismo se sitúa en torno a los 45-50 años. Con ello, el ejecutivo autonómico busca conseguir un “relevo generacional de calidad” y lograr que la universidad funcione de manera mucho más eficaz gracias a los 137 artículos con los que cuenta la nueva ley.

En la ley se determina la coordinación de un sistema de financiación común para todas las universidades públicas. Entre otras cosas, este artículo habla de atender las “singularidades” de cada una de las instituciones académicas que permitirá “corregir posibles desviaciones producidas por la aplicación de otros modelos anteriores”. Los consejos de estudiantes andaluces comentan que, a pesar de esto, la LUPA no tiene en cuenta las particularidades de cada universidad y obligará a los centros a “acatar un marco normativo que va en contra de los intereses del estudiantado”. Por ejemplo, destacan que las universidades no podrán regular el paro académico en consenso con su comunidad.

La Junta también termina con la limitación que impide a los docentes asociados impartir más de 120 horas por curso, una ley que viene desde el Ministerio de Universidades del gobierno central. Villamondos ha acusado al ejecutivo socialista de que algunos maestros se veían obligados a abandonar las lecciones en programas posdoctorales de excelencia por culpa de esta norma. Además, el consejero ha hecho hincapié en que se debe impedir que los estudiantes universitarios andaluces se sigan viendo obligados a salir de la comunidad autónoma para ir a la universidad. En concreto ha cifrado en 15.000 a los alumnos andaluces que cursan sus estudios universitarios fuera de Andalucía.

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