La Cámara de Cuentas fiscalizará la gestión por parte de la Junta andaluza del bono joven de alquiler

Daniel Castaña prefiere no saber nada de cómo va la su solicitud de los 250 euros mensuales de ayuda en los que consiste el Bono Alquiler Joven aprobado el 18 de enero de 2022 en el BOE. Él es uno de los 17.288 solicitantes que consiguieron presentar con éxito su solicitud, pero un año y ocho meses después, lo único que sabe es que en el pasado mes de febrero le informaron de que la resolución de su propuesta era favorable. “Pero no he recibido ni un euro. Sinceramente, por mi salud mental intento evadirme del tema”, explica.

Como Castaña, miles de jóvenes andaluces siguen sin conocer cómo va su expediente o sin cobrar el dinero al que tenían derecho. En todo este tiempo se han manifestado hasta en cinco ocasiones reclamando celeridad y transparencia a la Consejería de Fomento, Articulación del territorio y Vivienda y han presentado una demanda colectiva contra la administración autónoma en los tribunales por los impagos del bono de alquiler por la “errática situación” y “dilaciones muy acusadas”, argumentos que también compartió el Defensor del Pueblo andaluz en una actuación de oficio. La misma vía por la que ha optado la Cámara de Cuentas de Andalucía para la realización de un informe de Fiscalización operativa del Bono Alquiler Joven en Andalucía, que debería estar listo a finales de este mes, según el documento de planificación que ha dado a conocer este lunes la entidad.

El objetivo de este informe realizado por iniciativa propia es “concluir si la gestión de las ayudas del Bono Alquiler Joven se ha realizado de conformidad con los principios de eficacia, economía y eficiencia y si existen áreas de mejora”, de acuerdo con el documento que recoge las directrices técnicas de la auditoría. Para el estudio de la gestión de esta ayuda se han recabado los datos relacionados con las solicitudes y resoluciones entre el 14 de noviembre de 2022 y el 31 de diciembre de 2023 —el ámbito temporal comprende desde el ejercicio 2022 hasta el 31 de marzo de 2024 inclusive, y para el informe final, fuentes cercanas a la Cámara de Cuentas señalan que se incluirán los datos lo más actualizados posible― y la ejecución de los créditos en ese período de tiempo.

De acuerdo con esas cifras, de las 17.288 solicitudes, a 31 de diciembre de 2023 quedarían pendientes de resolver 10.601, el 61,31% del total y de los 68,4 millones de euros destinados por el Estado a Andalucía para la ejecución del Bono Alquiler Joven en Andalucía, se habría materializado el pago de 15,23 millones de euros, el 22,26% del total. La propia Cámara de Cuentas en su informe preliminar conocido este lunes llama la atención sobre que la ejecución presupuestaria destinada a esa partida entre 2022 y hasta septiembre de 2023 “ha sido especialmente reducida -19,5% en 2022 y 10,6% en 2023-, quedando por debajo, tanto de la ejecución del programa como del capítulo presupuestario correspondiente”.

“Esos datos, al menos son una victoria moral para nosotros, demuestran que no nos inventábamos las cifras”, señala Manuel Sanz, uno de los portavoces de la plataforma de jóvenes afectados por el Bono Alquiler Joven. Él ha tenido que hibernar un proyecto empresarial para el que había estado ahorrando, porque todo ese dinero acumulado ha tenido que destinarlo a pagar su alquiler.

Desde la Consejería de Fomento ofrecen los datos actualizados sobre la resolución de expedientes, que cifran en 10.300, más del 91% del total. “Se han resuelto la gran mayoría y se sigue trabajando para que todos los beneficiarios reciban el 100%”, indican las fuentes consultadas. Sobre los créditos concedidos precisan que hay 48,4 millones de euros, pero pagados 34,4 millones. Cada vez que han sido preguntadas sobre el retraso en la tramitación del Bono Alquiler Joven, la actual consejera, Rocío Díaz, como su predecesora y actual alcaldesa de Granada, Marifran Carazo, responsabilizaron de la lentitud a las “numerosas trabas” impuestas por el Gobierno de España derivadas de una “normativa farragosa que ha necesitado de un desarrollo posterior por parte de las comunidades”.

Expectativas frustradas

Pero en ese desarrollo, Andalucía siempre ha sido la última en todo. Fue la comunidad que más se demoró en activarlas. Tardó 10 meses, desde su aprobación en enero de 2022, en abrir la convocatoria. La Consejería entonces justificó el retraso en que se estaba trabajando en un programa informático que permitiría agilizar la tramitación. Pero cuando se abrió el plazo el 14 de noviembre de ese año, el sistema colapsó, provocando numerosos problemas para guardar los datos y subir los documentos de los solicitantes. Como el criterio de adjudicación era el orden de llegada, muchos de los potenciales adjudicatarios se pidieron ese día libre o se quedaron la noche en vela para poder cumplimentar su solicitud de los primeros. El propio presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, pidió disculpas en junio de 2023 por la forma en la que su Gobierno había gestionado el bono. “Se ha hecho mal y tarde y no tengo problema en reconocer que en eso nos hemos equivocado”, admitió.

“Han incumplido todos los plazos legales, porque el tiempo para resolver era de seis meses desde que se cerró la convocatoria. Han ido lentos en todos los apartados del proceso”, subraya Sanz. Él es de los afortunados que ha recibido recientemente la mitad de los pagos mensuales acumulados pendientes. “Estos últimos meses estamos percibiendo una mayor rapidez por parte de la consejería”, subraya el joven, que, no obstante, advierte que el carácter de esta ayuda no era recibir de golpe una cantidad económica, sino un apoyo mensual constante. “Y desde luego no pueden felicitarse por cumplir con un bono casi dos años después”, añade.

Desde que se cerró la convocatoria el 18 de noviembre de 2022, muchos de los 17.288 aspirantes, como es el caso de Castaña, siguen sin haber visto un euro de una ayuda vital para poder seguir con su día a día. La ansiedad por no poder pagar cada mes los 500 euros mensuales del alquiler de su piso en el que vive con su mujer y sus dos hijas y la incertidumbre por no saber si le autorizaban el bono―algo que le ha sido confirmado un año y tres meses después de presentar su solicitud― le obligaron a solicitar la baja en su trabajo. Ahora, un ERE en su empresa amenaza con agotar los 1.500 euros de su sueldo, el único que entra en su hogar, sin saber todavía cuándo percibirá los 250 euros a los que tiene derecho (y que recibirá de manera acumulada).

En este tiempo, muchas de las expectativas de futuro de esos miles de jóvenes, que pasaban por el alivio que esos 250 euros mensuales les suponían para su día a día, se han frustrado. Algunos han desistido de la ayuda porque no querían desesperar en la eterna espera, otros han tenido que recurrir a sus padres y amigos para reunir el dinero necesario para pagar el alquiler, o como Sanz, han tenido que posponer sus proyectos de emprendimiento. “La Junta no puede felicitarse por cumplir con un Bono casi dos años después”, subraya Sanz.

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