Los Ayuntamientos andaluces serán competentes para limitar o prohibir la instalación de pisos turísticos

Andalucía es la región con más alquileres turísticos de Europa. El registro oficial de la Junta de Andalucía que controla este tipo de viviendas contabiliza un total de 117.323 viviendas con casi 620.000 plazas, pero la normativa autonómica que regulaba este fenómeno, que supone casi la mitad de la oferta de alojamiento turístico de la comunidad, llevaba desde 2016 sin actualizar, provocando continuos choques de competencias en los tribunales con los Ayuntamientos que, como el de Sevilla o Cádiz, querían poner límites al crecimiento descontrolado de unos alojamientos que estaban expulsando a l...

Andalucía es la región con más alquileres turísticos de Europa. El registro oficial de la Junta de Andalucía que controla este tipo de viviendas contabiliza un total de 117.323 viviendas con casi 620.000 plazas, pero la normativa autonómica que regulaba este fenómeno, que supone casi la mitad de la oferta de alojamiento turístico de la comunidad, llevaba desde 2016 sin actualizar, provocando continuos choques de competencias en los tribunales con los Ayuntamientos que, como el de Sevilla o Cádiz, querían poner límites al crecimiento descontrolado de unos alojamientos que estaban expulsando a los vecinos del centro de la ciudad. Este lunes el Gobierno andaluz ha aprobado por fin un decreto que busca adaptar la regulación a las necesidades y la nueva realidad del sector.

De acuerdo con la nueva normativa avanzada este mediodía por el consejero andaluz de Turismo, Arturo Bernal, serán los Ayuntamientos quienes podrán establecer límites, prohibiciones o condicionantes en la ubicación de las viviendas turísticas en el ejercicio de sus competencias urbanísticas siempre por causa de interés general, en línea con la jurisprudencia del Tribunal Supremo. El decreto fija también nuevas exigencias de habitabilidad relacionadas con el número de metros cuadrados, plazas, número de baños, de ventanas y requisitos de confort y regula la figura del “explotador”, quien responde ante la administración y los vecinos en el caso de que existan problemas, y que si tiene más de dos pisos de uso turístico en una misma provincia deberá gestionar como empresa turística.

Todas estas nuevas medidas no tendrán efecto retroactivo, por lo que se aplicarán solo para las viviendas con fines turísticos que se instalen cuando entre en vigor la nueva normativa, salvo para el caso de los nuevos requisitos de habitabilidad que todos los explotadores deberán adoptar, si bien, se les otorga un plazo de un año para incluirlas, a partir de la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

“El decreto aborda los nuevos retos del sector, refleja la evolución de la jurisprudencia y recoge las experiencias de otras comunidades autónomas”, ha dicho Bernal. La nueva normativa, sin embargo, se ha hecho esperar, desde que, en 2021, el Gobierno andaluz acordara adaptar el decreto aprobado en 2016. En este tiempo iniciativas regulatorias impulsadas por Cádiz y Sevilla -entonces en manos de Adelante Andalucía y PSOE, respectivamente- fueron paralizadas en los tribunales por la Junta alegando que la competencia regulatoria en la materia era autonómica. El nuevo alcalde de la capital andaluza, el popular José Luis Sanz, que aseguró en la campaña electoral que paralizaría la apertura de pisos turísticos en el barrio de Santa Cruz —que cuenta con más viviendas de este tipo que ordinarias― ha decidido esperar al nuevo decreto de la Junta para cumplir su promesa. En estos meses las licencias no han cesado.

Desde el sector se apela a la cautela porque aún no se conoce el texto definitivo, si bien Carlos Pérez-Lanzac, presidente de la Asociación de Profesionales de Viviendas y Apartamentos turísticos de Andalucía (AVVA), que ha participado en las negociaciones sobre el contenido del decreto, considera que la nueva norma “es un paso grande para la profesionalización del sector”. Víctor Tarifa, propietario y gestor de varios pisos turísticos en Sevilla, también saluda la nueva regulación, pero sí advierte sobre algunas limitaciones que han pretendido incluir los Ayuntamientos, como la de limitar la apertura de estos alojamientos solo a los bajos y los primeros de algunas fincas. “¿Qué les diferencia del que vive en un ático?”, se pregunta.

El sector demanda más inspectores

La norma, según se desprende de las palabras del consejero, deja abierta la posibilidad de que los municipios puedan asumir otro tipo de competencias y controles sobre este tipo de viviendas en una comunidad que, de acuerdo con los datos referidos al segundo trimestre de 2023 publicados por Eurostat, la Oficina de Estadística de la UE, es la que más alquileres turísticos cerró en ese período —7,1 millones de pernoctaciones―. El informe de Oferta Turística de la Consejería de Turismo cifra en 117.323 las viviendas con fines turísticos inscritas en el registro de la Junta, que ofertan 616.961 plazas, a las que hay que añadir los 2.143 pisos turísticos con cabida para 119.046 plazas.

Aunque la competencia para limitar la instalación de este tipo de viviendas se atribuye a los municipios, el control de que todos cumplen con los nuevos requisitos es competencia de la Junta. La falta de inspectores es una queja constante entre muchos propietarios de pisos turísticos y es una de las debilidades que destacó el Consejo Económico y Social de Andalucía en su dictamen sobre el decreto.

El consejero ha asegurado que el Gobierno reforzará la plantilla, pero ha puesto el énfasis en el desarrollo de herramientas digitales y de control informático “para ser más eficientes”. “Es algo que estamos pidiendo a la Junta. Creemos que el esfuerzo en la lucha contra la clandestinidad y la oferta ilegal es esencial porque es competencia desleal directa y son malos actores que generan mala reputación sobre el sector”, advierte Pérez-Lanzac.

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