La Junta de Andalucía planea que las balsas de Riotinto crezcan como un edificio de 12 plantas pese a la oposición científica

La Junta de Andalucía (PP) planea autorizar que dos de las tres colosales balsas de Riotinto (Huelva), con 182 millones de metros cúbicos de residuos mineros, crezcan 42 metros ―la altura de un edificio de 12 plantas―, multipliquen su capacidad y añadan otros 107 millones de metros cúbicos de desechos procedentes de la mina de cobre, hasta alcanzar los 140 metros de altura. Este recrecimiento, proyectado por ...

La Junta de Andalucía (PP) planea autorizar que dos de las tres colosales balsas de Riotinto (Huelva), con 182 millones de metros cúbicos de residuos mineros, crezcan 42 metros ―la altura de un edificio de 12 plantas―, multipliquen su capacidad y añadan otros 107 millones de metros cúbicos de desechos procedentes de la mina de cobre, hasta alcanzar los 140 metros de altura. Este recrecimiento, proyectado por la firma Atalaya Mining para ampliar las piscinas tóxicas, cuenta con una propuesta de resolución de la Consejería de Política Industrial y Energía andaluza para autorizarlo completamente de una única vez. Sin embargo, esta decisión contraviene las recomendaciones de los científicos del Instituto Geológico y Minero de España (IGME, perteneciente al CSIC), que abogan por recrecer en distintas fases y minimizar así el riesgo de un desastre medioambiental.

Riotinto almacena 30 veces más lodos tóxicos que los seis millones de metros cúbicos vertidos en el desastre de Aznalcóllar (Sevilla) de 1998, en la considerada como la peor catástrofe de una mina en España. La sombra siniestra de ese antecedente sobrevuela ahora este yacimiento de cobre, reabierto en 2015, pero que durante cinco décadas ha acumulado residuos contaminantes hasta copar una superficie de 579 hectáreas. En su informe del pasado mayo, los expertos del IGME previenen a la Junta sobre conceder una sola autorización completa para el aumento de las balsas: “Sería recomendable realizar autorizaciones parciales progresivas al proyecto de recrecimiento, y no una autorización única hasta la cota final proyectada (417 metros sobre el nivel del mar), con el fin de comprobar durante la fase de construcción las indeterminaciones o hipótesis de cálculo realizadas en la fase de proyecto y que atañen los cálculos de estabilidad propuestos”.

El fenómeno de la licuación

El peligro latente es la licuación, el paso de sólido a líquido, que consiste en que parte del material almacenado pasa a comportarse como un líquido, lo que dispara la presión hacia los muros y reventaría las estructuras de las balsas, alertan los expertos. Estos aclaran que los estériles de las balsas tienen un “comportamiento contractivo y, por tanto, son susceptibles a experimentar el fenómeno de licuación”, no así las arenas ciclonadas, con “un comportamiento dilatante”. Es decir, la posibilidad de una falla de velocidad explosiva, como las sucedidas en Canadá (2014), Australia (2019) y Brasil (2015 y 2019), está ahí.

Para minimizar ese riesgo, el IGME propone recrecer las balsas poco a poco y testar al mismo tiempo la fortaleza de sus muros. A pesar de la propuesta de resolución publicada el pasado 22 de junio, tres días después de las elecciones andaluzas, y a la que los ecologistas presentaron alegaciones, ahora la Junta deja la puerta abierta a corregir el proyecto de la firma minera. “Esto no es una resolución, sino una propuesta y se acompaña del resto de documentos e informes del expediente. La resolución será la de autorización del proyecto que incluye el plan de restauración”, afirma una portavoz de la Consejería andaluza.

Desde que Riotinto reanudó la extracción de cobre en 2015, el proyecto ha atravesado diversas fases. En 2019, Ecologistas en Acción entregó a la Junta un informe técnico del investigador Steven Emerman, de la Universidad de Utah, que vaticinó que las balsas de Riotinto se romperían de manera “casi inevitable” en los próximos 20 años con un 95% de probabilidades. Desde entonces, el Gobierno autonómico ha pedido asesoramiento al IGME para que sus expertos verifiquen la fiabilidad de los estudios aportados por Atalaya Mining para descartar un desastre ecológico.

En junio de 2021, el instituto del CSIC hizo la primera evaluación crítica del proyecto para recrecer las balsas, al que había detectado “insuficiencias en el diseño, la gestión y gobernanza de las presas de estériles”. Los científicos exigían a Atalaya Mining “determinar el número de filtraciones en la presa, la verdadera posición del nivel freático, la caracterización exhaustiva de las arenas ciclonadas, el comportamiento dinámico ante un sismo extremo y un sistema de drenaje que es vital”, entre otros aspectos clave. “El documento no parece haberse planteado posibles preparativos de medidas de emergencia post rotura similares a las realizadas en su momento en Aznalcóllar (dique de contención de material suelto) con el que se consiguió embalsar parte de las aguas ácidas”, recordaban los técnicos.

Producción en peligro

Meses después, las pasadas Navidades, los expertos del IGME se reunieron a cuatro bandas en Sevilla con Atalaya Mining, la empresa encargada del diseño del recrecimiento, Eptisa, y la Junta, para analizar las mejoras del proyecto elaboradas durante el otoño. En dicha cita, la firma minera reconoció que si el recrecimiento se detenía, su producción estaba en peligro al colmatarse las balsas.

El pasado mayo, los científicos del Instituto Geológico y Minero revisaron de nuevo las mejoras para aprobar o no el recrecimiento de las balsas y emitieron otro informe, menos crítico que el de un año antes, pero que aún ponía deberes a la minera. Los expertos concluyen que las mejoras previstas “contribuyen de forma notable a dar una mayor seguridad al proyecto de recrecimiento inicial y discierne de forma más precisa el riesgo de licuación por flujo de los materiales de las balsas”. Sin embargo, aún recomiendan medidas para evitar una hipotética catástrofe en Riotinto: un estudio sísmico-tectónico específico de las balsas, una red de vigilancia sísmica para determinar la ocurrencia de terremotos, un seguimiento en tiempo real de movimientos, niveles piezométricos y sobrepresiones intersticiales, entre otras. Además, reclaman a la empresa detallar la distribución de las filtraciones desde las piscinas ―unos 3 hectómetros cúbicos al año― y su devenir tras el recrecimiento. Y sobre todo, recomiendan a la Junta no conceder una autorización única para el recrecimiento, sino varias parciales y progresivas.

A pesar de que Atalaya Mining no detalla plazos de recrecimiento en su actualización del plan de gestión de residuos mineros presentado ante la Junta, ahora se abre a las modificaciones planteadas por el IGME. “La tramitación de los proyectos se realiza como una evaluación única, para valorar una infraestructura que es única. Esto es compatible con que, como en cualquier proyecto de ingeniería, pongamos un tramo de autopista, la construcción se realice por fases; y estas fases pueden ser evaluadas en su momento, e incluso requerirse modificaciones”, defiende un portavoz de la compañía, que emplea a 460 trabajadores y factura 250 millones al año.

Ecologistas en Acción ha seguido de cerca la evolución de esta y otras explotaciones en Andalucía, donde la minería es un sector al alza. Isidoro Albarreal, del área de minería de esta organización, censura que a pesar de que la Junta instara en 2015 a Atalaya Mining a espesar sus lodos al 65% (con un 35% de agua) para reducir riesgos, esta mantenga el espesamiento a solo el 35%, lo que favorece la licuación. Sobre el riesgo de un desastre, destaca: “Las presas mineras, todas, se hacen por fases, porque los muros de recrecimiento se asientan sobre los lodos de relleno de la fase anterior. Y ahí está el riesgo de rotura, en que la estabilidad de los recrecimientos dependen de las fases anteriores”.

Las tres enormes presas de Riotinto, catalogadas de categoría A por su tamaño, se construyeron por el método aguas arriba, por el que los nuevos recrecimientos se apoyan sobre arenas ciclonadas. El IGME alertó al respecto hace un año: “Hay que tener en cuenta que la UE recomienda para las presas aguas arriba un crecimiento no superior a 5 metros/año y en este caso estamos, en algunas secciones, casi en el límite, 4,7 metros/año”.