Interior recluta jardineros para desmantelar grandes plantaciones de marihuana

Las caravanas de todoterrenos y coches con sirena que Guardia Civil y Policía Nacional conducen en sus asaltos a las grandes plantaciones de marihuana tienen ya una unidad más: la furgoneta de una empresa de jardinería. El Ministerio de Interior, desbordado por los más de tres millones de plantas intervenidos en 2021, y especialmente por el gran tamaño de algunas de esas plantaciones, se ha visto obligado a contratar a empresas de jardinería y agrícolas para que le asistan en la destrucción de esas grandes producciones de maría. Y como en esto de la droga también existen zonas má...

Las caravanas de todoterrenos y coches con sirena que Guardia Civil y Policía Nacional conducen en sus asaltos a las grandes plantaciones de marihuana tienen ya una unidad más: la furgoneta de una empresa de jardinería. El Ministerio de Interior, desbordado por los más de tres millones de plantas intervenidos en 2021, y especialmente por el gran tamaño de algunas de esas plantaciones, se ha visto obligado a contratar a empresas de jardinería y agrícolas para que le asistan en la destrucción de esas grandes producciones de maría. Y como en esto de la droga también existen zonas más productoras que otras, Interior solo requiere ayuda en algunos sitios. Granada, Murcia y Almería, Comunidad de Madrid y Cataluña son los cuatro ámbitos en los que se necesitan refuerzos, pero no de agentes, sino de técnicos de jardinería y trabajos forestales.

“En el caso de pequeñas plantaciones, son los propios agentes los encargados de desmantelarlas. Pero en el caso de las grandes, se ven imposibilitados para desarrollar dicha actividad dado que, además de no estar preparados ni disponer de la maquinaria necesaria, absorbería el tiempo de las plantillas policiales en detrimento de la realización de los servicios de seguridad asignados legalmente”. Este es el argumento que da la Secretaría de Estado de Seguridad para justificar la búsqueda de recursos externos. A finales de mayo, por ejemplo, la Policía Nacional desmanteló en Conil (Cádiz) 19.000 metros cuadrados de invernaderos en los que crecían 20.000 plantas de marihuana, atendidos por 17 trabajadores. Arrancar eso, sin duda, hubiera requerido profesionales de la jardinería.

En abril, el Ministerio de Interior sacó a concurso esos trabajos de “desmantelamiento de grandes plantaciones”, como los denominó. Para ello ha destinado 163.350 euros, impuestos incluidos, que se distribuyen de manera desigual en los cuatro lotes licitados. El sureste español se prevé como el que más ayuda va a requerir porque se han hecho dos licitaciones y son las de mejor dotación económica: 60.500 euros para la empresa que se encargue de la provincia de Granada y 42.350 para las provincias de Almería y Murcia. La menor dotada es la Comunidad de Madrid, a la que se le añade un genérico “y provincias limítrofes”. Quizá los 24.200 euros ofertados para ello le han parecido poco a las empresas porque, finalmente, ninguna se ha presentado a este lote, que ha quedado desierto y, por tanto, el trabajo agrícola en esa zona sigue en manos exclusivas de los agentes. Eso no ha ocurrido en Cataluña, que ya tiene una empresa que ingresará hasta 42.350 por participar en la lucha antidroga.

Gil Forestal, SL, una firma con décadas de experiencia en trabajos forestales y jardinería con sede en Peñarroya de Tastavins (Teruel), es una de las tres empresas que presentaron ofertas en Cataluña y la que ha conseguido el contrato. Su gerente, Ricardo Gil, explica por teléfono lo novedoso del encargo: “Nunca hemos hecho este trabajo antes”, dice, para a continuación explicar que aún están con el papeleo previo a firmar el contrato con Interior. Los dos lotes del sureste español los ha conseguido una compañía jiennense cuyo gerente pide que no se den sus datos ni los de su empresa “por lo delicado del asunto”. Tiene incluso dudas sobre si será capaz de responder a lo que se le pregunte. “Es la primera vez que hacemos esto y, además, aún no nos han llamado para hacer ningún trabajo”, comenta, aunque ellos sí han firmado ya el contrato, que está operativo desde el 1 de junio. “No sé cómo será. Me limitaré a hacer lo que los agentes me digan y poco más, no te puedo dar más detalles”.

A la novedad del trabajo y la falta de experiencia previa se une, en lo que se refiere a la parquedad de palabras de ambos responsables de empresa, la obligatoria confidencialidad recogida en los contratos, que establecen que la empresa “tomará las medidas adecuadas para garantizar la confidencialidad del servicio, que incluirán de forma específica la no difusión de información a terceras personas”. Esta firma jiennense, en cualquier caso, no prevé mayor dificultad en los trabajos. “Nos dedicamos a servicios agrícolas, jardinería, poda en olivar… No creo yo que esto sea más complicado que eso”, comenta su responsable, que explica que aún no ha hablado con nadie de la Guardia Civil o de la policía sobre operativos o métodos de trabajo.

Quizá la mayor dificultad sea la parte operativa. Según los pliegos de necesidades, los agentes avisarán a la empresa de las actuaciones “en un plazo inferior a 24 horas” y la compañía deberá tener todo listo para actuar. Los documentos, no obstante, ya le avanzan a las adjudicatarias qué han de hacer. Genéricamente, el objetivo es desmantelar las grandes plantaciones de marihuana según “determine la autoridad judicial”. Luego, el detalle indica que hay que arrancar y trasladar las plantas, apoyar en la extracción de muestras y su conservación en cajas de cartón para evitar su putrefacción, triturar o compactar la marihuana si es que hubiera que conservarla por algún motivo durante un tiempo y, en general, “lo que ordene la autoridad judicial”. Los sacos y cajas, por cierto, los pone la empresa.

Al ser la primera vez y ante la imposibilidad de saber cuántas intervenciones habrá o, incluso, si el sistema funcionará, Interior ha optado por pagar por intervención hasta que, en su caso, se acabe el dinero. Así, las adjudicatarias presentarán una factura con dos conceptos: una cantidad fija por acudir a prestar el servicio y otra variable en función de las horas que requiera el trabajo. Los contratos duran 12 meses y no tienen prórroga automática. Será entonces cuando Interior evalúe el nuevo sistema y, quizá, aumente la asignación para la Comunidad de Madrid.