Fiscalía decide no rebajar la pena de cárcel para Aldama

Una de las grandes incógnitas del juicio por la trama de las mascarillas del caso Koldo es y sigue siendo cómo acabará para el presunto conseguidor, Víctor de Aldama. La Fiscalía Anticorrupción ya premió su confesión, que entre otras cosas permitió destapar otra supuesta trama ―la del amaño de obra pública―, pidiéndole 7 años de cárcel, frente a los 24 años que reclama para el exministro de Transportes José Luis Ábalos y los 19 años y medio que interesa para el que fuera su asesor, Koldo García. Durante el juicio, la defensa del empresario ha buscado que la Fiscalía bonificara aún más e...

Una de las grandes incógnitas del juicio por la trama de las mascarillas del caso Koldo es y sigue siendo cómo acabará para el presunto conseguidor, Víctor de Aldama. La Fiscalía Anticorrupción ya premió su confesión, que entre otras cosas permitió destapar otra supuesta trama ―la del amaño de obra pública―, pidiéndole 7 años de cárcel, frente a los 24 años que reclama para el exministro de Transportes José Luis Ábalos y los 19 años y medio que interesa para el que fuera su asesor, Koldo García. Durante el juicio, la defensa del empresario ha buscado que la Fiscalía bonificara aún más esa colaboración con la justicia de modo que logre eludir la cárcel. Pero no lo ha conseguido. Aunque la posibilidad estaba en el aire hasta el último minuto, finalmente el ministerio público ha decido mantener su posición para los tres acusados.

El jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón, decidió apostar a mínimos. En su escrito de conclusiones iniciales, se decantó por apreciar una atenuante de confesión para Aldama que ya supuso una rebaja sustancial en comparación con sus dos compañeros de banquillo: 7 años de cárcel por delitos de organización criminal, aprovechamiento de información privilegiada y cohecho. En la audiencia preliminar que se celebró el pasado 12 de febrero como antesala del juicio, el fiscal ya dejó la puerta abierta a seguir con las rebajas. Y la defensa de Aldama, ejercida por el exmagistrado José Antonio Choclán, recogió el guante. Sesión a sesión sus preguntas han estado dirigidas a probar la credibilidad del delator y apuntar posibles novedades. Estas se esperaban en la declaración como acusado del empresario y llegaron, con nombres propios como el del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al que identificó como “el uno”, presunto líder de la organización criminal; su mujer, Begoña Gómez, de quien dijo que le frustró un negocio inmobiliario; o el de María Jesús Montero, que asegura que dio una orden clara para que Hacienda ayudase a una de sus empresas con una deuda tributaria. Pero llegaron sin más respaldo que su propia palabra.

Así las cosas, la expectación sobre el devenir procesal de Aldama se trasladaba al momento de las conclusiones, ese en el que cada parte debe fijar qué pide al tribunal, un momento clave por cuanto ni el Supremo ni ningún otro órgano jurisdiccional pueden dar más de lo que se pida. Todos los ojos estaban puestos en Luzón, no porque la decisión sea suya ―absolver o condenar y en qué medida es facultad exclusiva del tribunal― sino porque la posición de la Fiscalía siempre tiene un peso especial. “No hay ninguna modificación”, ha dicho, despejando toda duda. Esas palabras suponían verbalizar una decisión que se ha gestado en el seno de la Fiscalía in extremis. Según fuentes fiscales, la posibilidad de beneficiar aún más a Aldama siempre estuvo ahí y seguía estando pero, tras una conversación con la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, y con “más gente” del cuartel general del ministerio público, se decidió mantener la petición inicial. “Sin órdenes, ni presiones”, aseguran las fuentes consultadas por EL PAÍS. El jefe de Anticorrupción, que podría haberse rebelado y dar la batalla interna, la ha asumido como propia y como tal la ha trasladado al tribunal. La posición de la Fiscalía debe ser “única”, subrayan las citadas fuentes.

En cambio, el letrado del PP, Alberto Durán, que encabeza la acusación popular, sí se ha decantado por esta alternativa, modificando a la baja sus primeras conclusiones de modo que ninguno de los delitos que le achaca a Aldama superen los dos años de prisión individualmente, sumando entre todos poco más de 5 años. En su caso, le imputaba los de organización criminal y cohecho como autor y los de tráfico de influencias, falsedad en documento oficial y prevaricación administrativa, como inductor. En la misma línea, el abogado de Aldama ha reclamado nuevamente que la confesión de su cliente se valore como “muy cualificada”, con penas que no lleguen en ningún caso a más de dos años por delito, la jugada maestra que le permitiría no pisar la cárcel.

Al otro lado del banquillo de los acusados, la situación se ha mantenido sin cambios. Anticorrupción y la acusación popular han confirmado sus peticiones. Por parte de Fiscalía, de 24 años de cárcel para Ábalos y 19 y medio para Garcia por delitos de organización criminal, cohecho, uso de información privilegiada, tráfico de influencias y malversación. Por parte de la acción popular, los mismos menos el uso de información privilegiada y más la falsedad documental y la prevaricación administrativa, lo que supone elevar su petición de penas a hasta 30 años cárcel para el exministro y su exasesor.

Las otras defensas, las de Ábalos y García, han firmado como definitivas sus respectivas conclusiones, en las que reivindican su inocencia y, por tanto, claman por la absolución. Sin embargo, el exministro, que ha declarado este lunes, no ha querido dejar pasar la ocasión de denunciar que Aldama ha intentado forzar su colaboración con la justicia. “No sabemos si lo que trata es de eludir su responsabilidad disparando a un nivel que es extraprocesal”, ha dicho, acusándole directamente de “intentar politizar la causa” para evitar la cárcel.