El juzgado de la investigación de Adamuz abre pieza separada para las ocho acusaciones populares presentadas
La jueza de Montoro decidirá si acepta las peticiones de dos sindicatos ferroviarios, Vox, Hazte Oír y Manos Limpias, entre otros
El Juzgado de Montoro (Córdoba) que investiga el accidente ferroviario de Adamuz en el que fallecieron 46 personas ha abierto esta semana una pieza separada para decidir si acepta o rechaza las ocho acusaciones populares que han pedido personarse en el caso. La jueza Cristina Pastor, titular del Juzgado de Instrucción número 2 de esa localidad y que tomó posesión del cargo el pasado lunes, decidirá en breve si el sindicato estatal de maquinistas Semaf, el partido político Vox, el pseudosindicato Manos Limpias o la asociación ultracatólica Hazte Oír se pueden personar en el procedimiento como acusaciones populares.
Al margen de esas cuatro entidades, ante el juzgado han requerido ser incluidos en la causa las asociaciones Víctimas de los Políticos, Liberum, Alternativa Ferroviaria (Aiferro) e Iustitia Europea. A todas les ha dado el juzgado 10 días para subsanar ciertos requisitos formales como la presentación de querellas, poderes especiales y las acreditaciones del certificado de autorización para interponer acciones penales. “Una vez se admita la personación se resolverá sobre las medidas cautelares”, advierte el juzgado en su diligencia, fechada este lunes.
La causa del siniestro será compleja y larga, dado que en el accidente ferroviario fallecieron 46 pasajeros y resultaron heridas 152 personas, con lo que implica para un procedimiento contar con decenas de abogados para esclarecer la verdad tras oír a las partes. A las ocho posibles acusaciones populares se suman las 14 denuncias de víctimas del accidente, que pueden personarse como acusaciones particulares.
El sindicato Semaf justifica en un escrito presentado ante la jueza por qué debe ser admitida su personación como acusación popular: “Por haberse podido infringir las normas de prevención de riesgos laborales, así como la legislación relativa a la seguridad en la circulación ferroviaria, lo que conllevaría un delito contra el derecho de los trabajadores, y con ello haber causado el homicidio imprudente, de entre otros fallecidos, de los trabajadores maquinistas, Pablo Barrio y José Serrano, venimos a ejercitar la acción popular”.
El juzgado advierte a las asociaciones y partidos interesados que deben remitirse de momento a la pieza separada del procedimiento, para evitar que se pierda ante el volumen de trabajo que implica la causa.
De las decenas de afectados, muchos aún buscan abogados o valoran la posibilidad de constituirse como asociación para interponer denuncias colectivas. Las reclamaciones civiles derivadas de la tragedia serán elevadas, dado que las víctimas rondan las 200 personas. En el accidente, el tren 6189 de Iryo llevaba 317 pasajeros a bordo y, tras descarrilar, invadió la vía contigua, lo que provocó que el Alvia 2384, con un centenar de pasajeros, descarrilara y causara la mayoría de los 46 fallecidos.