La Comisión Europea advierte a España que “un permiso de residencia no es un cheque en blanco”

El comisario europeo de Migración, Magnus Brunner, ha reconocido una vez más que cuestiones como la regularización masiva de inmigrantes decidida por España es competencia de los Estados miembros. A la par, sin embargo, en un debate en la Eurocámara sobre el proceso anunciado por el Gobierno de Pedro Sánchez, ha ad...

El comisario europeo de Migración, Magnus Brunner, ha reconocido una vez más que cuestiones como la regularización masiva de inmigrantes decidida por España es competencia de los Estados miembros. A la par, sin embargo, en un debate en la Eurocámara sobre el proceso anunciado por el Gobierno de Pedro Sánchez, ha advertido que “un permiso de residencia no es un cheque en blanco” y que España deberá “asegurarse” de que su decisión de regularizar más de medio millón de personas no tiene “consecuencias negativas” en el resto de la UE.

“Algunas cuestiones siguen siendo responsabilidad de los Estados miembros, pero al mismo tiempo, esa responsabilidad significa que cada Estado miembro debe asegurarse de que sus decisiones no tienen consecuencias negativas en otras partes de la Unión”, ha dicho Brunner en el debate sobre “la política de regularización a gran escala de España y su impacto en el espacio Schengen y en la política migratoria de la UE”, impulsado por el Partido Popular Europeo (PPE) con apoyo de todos los partidos más a la derecha del hemiciclo europeo.

Brunner, que pertenece al PPE, ha advertido a España de que un permiso de residencia “no es un cheque en blanco para moverse por la UE” y ha indicado que las normas europeas son “claras” y deben “respetarse”. En este sentido, ha recordado que si una persona que tiene un permiso de residencia es encontrada viviendo de forma ilegal en otro país de la UE o incluso solicitando una demanda de asilo, “deberán ser enviadas de vuelta al Estado miembro que emitió el permiso de residencia”. Y eso es “lo que esperamos ver en relación con las medidas anunciadas recientemente por España y otras similares de otros países”, ha subrayado, adelantándose a acontecimientos —todavía no se ha iniciado el proceso de regularización— y aventurando por tanto escenarios aún no producidos. “Los Estados tienen una obligación clara de cooperación mutua”, ha vuelto a insistir al término de más de dos horas de debate.

La decisión de regularizar a más de medio millón de migrantes choca de frente con la tendencia mayoritaria de los Estados europeos de endurecer las políticas migratorias. Y también con la posición del propio Brunner, un austriaco conservador que gusta usar el término migrantes “ilegales” para referirse a los que están en situación irregular.

Que España va a contracorriente de la tendencia generalizada de la UE de endurecer la política migratoria quedó evidente este mismo martes en Estrasburgo. Unas horas antes del debate, los eurodiputados aprobaron, con holgada mayoría —408 votos a favor, 184 en contra y 60 abstenciones— la creación de una lista europea de países de origen seguros, lo que permitirá rechazar más fácilmente las demandas de asilo de los solicitantes procedentes de esas naciones. Con una mayoría algo más ajustada pero todavía cómoda de 396 votos a favor, 226 en contra y 30 abstenciones, también dieron su visto bueno, como ya habían hecho los Estados a finales del año pasado, a la modificación del concepto de “tercer país seguro”, lo que abre la puerta a la creación de centros de deportación fuera de las fronteras europeas, propuesta que ha rechazado España con contundencia y que también critican múltiples organizaciones humanitarias.

El debate sobre “la política de regularización a gran escala de España y su impacto en el espacio Schengen y en la política migratoria de la UE” fue aprobado la semana pasada a iniciativa del Partido Popular Europeo (PPE) —aunque los Patriots de Vox habían hecho una propuesta similar— con el voto, exclusivamente, de todas las formaciones más a su derecha de la Eurocámara: desde los Conservadores y Reformistas (ECR) de Giorgia Meloni a Patriots e, incluso, la Europa de las Naciones Soberanas (ESN) donde hay partidos ultras como Alternativa para Alemania (AfD).

Los Socialistas y Demócratas (S&D) habían propuesto un título más genérico —“Migración y políticas de integración social en la UE”— que recibió el respaldo de los liberales de Renew, los Verdes y la Izquierda, pero que en vista del reforzado poder de las fuerzas de ultraderecha en la Eurocámara, no logró los suficientes votos sin los populares europeos, que llevan desde el comienzo de la nueva legislatura apoyándose en la extrema derecha cuando no consiguen el respaldo de las fuerzas proeuropeas con las que tradicionalmente negociaba.

Estas líneas han quedado claras también en un debate por momentos muy bronco y con acusaciones y ofensas personales, como el ataque que el eurodiputado español ultra Alvise Pérez ha lanzado contra Irene Montero (Podemos), hasta el punto de que fue recriminado y se le apagó el micrófono. No menos ofensivo fue Jorge Buxadé (Vox): “los socialistas y la izquierda lo que quieren son esclavitos que vayan a sus casas a limpiar el culo de sus padres”, lanzó durante una réplica.

En nombre del PPE, el alemán Tomas Tobé ha acusado a Sánchez de usar el escudo de la “solidaridad” con inmigrantes para utilizar una “estrategia política” que aplaque a la izquierda y así “mantenerse en el poder”. Una idea en la que ha abundado la popular Dolors Montserrat, que ha calificado la regularización como un “atentado contra la política migratoria europea” que “abre una brecha de seguridad en el espacio Schengen” y “dispara el efecto llamada”, algo que también se ha denunciado desde las filas de Vox y de otros eurodiputados ultras.

“¿Son conscientes de que, en 48 horas, esos inmigrantes circularán libremente por Schengen, Madrid, París, Berlín, Viena, Roma o Estocolmo?”, ha preguntado la número dos del PPE, que ha vuelto a pedir al comisario Brunner que “active el mecanismo de consulta y exija explicaciones” previsto en una decisión del Consejo de 2006 que establece un “mecanismo para el intercambio mutuo de información sobre medidas nacionales en materia de asilo e inmigración que puedan tener un impacto significativo en varios Estados miembros o en el conjunto de la Unión Europea”. A la par sin embargo, esa decisión indica que “corresponderá a cada Estado miembro evaluar si sus propias medidas nacionales pueden tener un impacto significativo en varios Estados miembros o en el conjunto de la Unión Europea”.

La líder de S&D, la socialista española Iratxe García, ha replicado que el debate ha sido impulsado por la derecha y ultraderecha “no para fortalecer Europa, sino para intoxicar y atacar a un gobierno legítimo” de una Europa en caída demográfica que “necesita inmigración porque sin ella no hay pensiones”. Y ha defendido que mantener a los inmigrantes sin papeles “en la sombra no es firmeza, es hipocresía, sacarlos de la clandestinidad no es debilidad, es dignidad”.