El encargado de expedientar a jueces en el Poder Judicial propone sancionar a dos magistrados que atacaron a Begoña Gómez, a Sánchez y a Irene Montero
Eloy Velasco, de la Audiencia Nacional, criticó a la exministra por la `ley del solo sí es sí’, mientras que el juez Ruiz de Lara llamó “Barbigoña” a la esposa del presidente del Gobierno
El promotor de la acción disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Ricardo Conde, ha propuesto a los vocales del órgano que sancionen al juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, que atacó a la exministra de Igualdad Irene Montero por la ley del solo sí es sí, así como al juez de lo Mercantil Manuel Ruiz de Lara que acusó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de practicar “golpismo” y llamó a su esposa, Begoña Gómez, “Barbigoña”. Esta propuesta de sanción, que avanzan fuentes jurídicas a EL PAÍS, deberá pasar por la Comisión Disciplinaria para ser ratificada. ...
El promotor de la acción disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Ricardo Conde, ha propuesto a los vocales del órgano que sancionen al juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, que atacó a la exministra de Igualdad Irene Montero por la ley del solo sí es sí, así como al juez de lo Mercantil Manuel Ruiz de Lara que acusó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de practicar “golpismo” y llamó a su esposa, Begoña Gómez, “Barbigoña”. Esta propuesta de sanción, que avanzan fuentes jurídicas a EL PAÍS, deberá pasar por la Comisión Disciplinaria para ser ratificada.
La apertura de expediente ha terminado en propuesta de sanción después de que ya en octubre de pasado año el promotor (encargado de investigar, instruir y proponer sanciones contra jueces y magistrados, asegurando el cumplimiento de las normas de la carrera judicial) tratara de archivar ambas investigaciones sin éxito. La Comisión Permanente que encabeza la presidenta del CGPJ, Isabel Perelló, rechazó el archivo y pidió que se continuara tramitando el expediente.
Por un lado, por unas palabras del magistrado de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, conocido por instruir grandes causas de corrupción contra el PP como las tramas Púnica y Lezo. Durante una conferencia en noviembre de 2024 señaló que Podemos había querido aleccionar a los jueces con la ley que modificaba las penas de las agresiones sexuales: “De repente se creyeron [alude a Podemos] que estaban enseñándonos el mundo. Nos intentaron explicar qué es consentir... A un jurista, que llevamos desde el derecho romano sabiendo lo que es el consentimiento. Y el expreso, y el consentimiento tácito, y los actos consecuentes. Y mil cosas más que nunca aprenderá Irene Montero desde su cajero de Mercadona ni nos podrá dar clases a los demás”, afirmó. La hoy eurodiputada trabajó de joven, mientras estudiaba, como cajera en un supermercado y esta circunstancia laboral ha sido aprovechada por algunos, en ocasiones, para tratar de desacreditarla.
Este periódico publicó el audio y el vídeo de esa charla de Velasco en la que menospreció a la formación morada. “Entiendo que, cuando eres el quinto partido político que ha perdido las elecciones, y tienes cuatro gatos, pero los necesita el segundo partido que ha perdido las elecciones [PSOE] para pasar en número de integrantes al primer partido que ha ganado las elecciones [PP], tu legitimidad es bastante menor que si hubieras ganado las elecciones”, indicó.
Por otro lado, las palabras de Ruiz de Lara en un foro bien distinto, en su cuenta de X. Este titular del Juzgado Mercantil 11 de Madrid publicó en diciembre de 2024 una serie de mensajes que interpelaban a Sánchez y a su esposa: “Atacar a los jueces es golpismo @sanchezcastejon. Es una acusación antisistema, definitoria de un autócrata que convierte los contrapoderes propios de una democracia en un objetivo a derribar porque impiden su impunidad. Un ataque a la esencia de la democracia @desdelamoncloa”. Unos días después, el 28 de diciembre escribió como una inocentada: “Hoy @sanchezcastejon anunciará mi nombramiento como ministro de Justicia. El pacto incluye reforma CGPJ, dimisión como FGE del ‘borrador oficial de mensajes’ y relevo de Conde Pumpido que pasará a dirigir 1 cátedra de ‘inconstitucionalidad y amnistía’ con Barbigoña en Santo Domingo”. El texto iba acompañado de una imagen de Sánchez, el exfiscal general Álvaro García Ortiz y Begoña Gómez representada como una muñeca Barbie.
Ruiz de Lara es un viejo conocido del responsable disciplinario del Poder Judicial. Ya en 2023 se refirió a Sánchez en sus redes sociales como “mentiroso patológico” y al ministro de Presidencia, Justicia y Relación con las Cortes como “siervo mentiroso patológico”. Entonces el Consejo General del Poder Judicial que contaba con mayoría conservadora decidió aceptar la propuesta del Promotor de archivo del expediente basándose en que como el magistrado había borrado los mensaje no era posible comprobar si los había escrito de manera personal o identificándose como miembro de la carera judicial. Fuentes jurídicas explican que existe todo un debate en torno a cuánto limitar las expresiones de los magistrados en redes sociales. Apuntan que no es lo mismo que lo comentarios de un togado en una tertulia de televisión, por ejemplo, donde se les invita por su condición de miembro de la judicatura. En redes sociales su perfil puede ser personal y ahí la norma redactada en 1985 cuando las redes no eran ni un proyecto, no dice nada. “Es una realidad jurídica nueva”, apuntan. Ese no fue el único archivo para Ruiz de Lara. En 2017 también archivaron una diligencia por una posible incompatibilidad de su labor de juez al organizar debates jurídicos.
En esta ocasión, el promotor del CGPJ ha decidido que la propuesta para ambos jueces sea sancionadora, después de que la Comisión Permanente no estuviera de acuerdo en un primer archivo. Estas sanciones están previstas en la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), concretamente, en el artículo 418.3 que considera falta grave “dirigir a los poderes públicos, autoridades o funcionarios públicos o corporaciones oficiales felicitaciones o censuras por sus actos, invocando la condición de juez, o sirviéndose de esa conducción”. El artículo 418.5 apunta también a la “falta grave de consideración respecto de los ciudadanos, instituciones, secretarios, médicos forenses o del resto del personal al servicio de la Administración de Justicia, de los miembros del Ministerio Fiscal, abogados y procuradores, graduados sociales y funcionarios de la Policía Judicial”.
El Poder Judicial suele ser laxo en la interpretación de estos preceptos y es bastante difícil que la apertura de un expediente de información termine en una propuesta de sanción. Ahora, la Comisión Disciplinaria deberá analiza qué tipo de sanción (desde multa, a traslado forzoso o incluso la suspensión como juez) se ha establecido en este caso y determinar si la aceptan o deciden archivar. Fuentes consultadas en el órgano explican que lo previsible es que este asunto se debata dentro de las próximas dos semanas. En caso de archivo, la Fiscalía puede recurrir el asunto y en caso de sanción el propio juez afectado puede llegar hasta el Tribunal Supremo.