La Unión de Consumidores de Asturias ultima una denuncia contra la concesionaria de la autopista astur-leonesa por abuso en el peaje

La Unión de Consumidores de Asturias interpondrá una denuncia contra la concesionaria Aucalsa de la autopista astur-leonesa ante la Dirección General de Consumo del Principado por aplicar “de forma continuada cláusulas y prácticas abusivas” en el peaje del Huerna, al considerar que está cobrando la tarifa íntegra de un servicio “que no está prestando” debido a las obras que se están acometiendo en la vía y que causan afecciones al tráfico.

Si no era poco una taza, el año comienza en la autopista astur-leonesa (AP-66) que atraviesa el valle del Huerna y la Cordillera Cantábrica con taza y media. El peaje de esta autopista acaba de subir un 3,64% con lo que el recorrido completo para turismos es de 16,20 euros, 60 céntimos más. Para vehículos pesados de tipo 1, como pueden ser autobuses y algunos camiones, el incremento es de 40 céntimos y queda en 11,70. Los vehículos pesados de tipo 2, como los tráileres pagarán 55 céntimos más, en total 15,05 euros.

Para 2026 se mantienen las bonificaciones aprobadas para la AP-66, de un 60% para vehículos pesados y del 60% desde el tercer recorrido completo en el mes con telepeaje para vehículos ligeros. En este caso, una vez completado el tercer recorrido del mes, se aplica una bonificación del 15% en el primero y del 30% en el segundo.

Y ante esta situación, con un contencioso presentado por el Gobierno de Asturias contra el Ministerio de Transportes y la declaración de ilegalidad de la prórroga a la concesionaria hasta 2050 por parte de la Comisión Europea, los consumidores han dicho basta y toman la iniciativa.

La Unión de Consumidores de Asturias (UCE-Asturias) abrió en noviembre un registro para que los usuarios les hicieran llegar documentación de sus casos y la respuesta está siendo masiva. “Llevamos más de 3.000 personas dadas de alta y creciendo, lo que evidencia que en estos momentos en Asturias hay un profundo malestar con lo que está pasando con el peaje. En todos mis años de asociacionismo nunca vimos una respuesta tan amplia”, afirma el presidente de la UCE, Dacio Alonso.

El primer paso será la presentación de una denuncia contra Aucalsa ante la Dirección General de Consumo del Principado. “Argumentaremos que desde el derrumbe de una ladera en noviembre de 2024 la concesionaria viene aplicando prácticas abusivas a los usuarios. Cobran la tarifa íntegra por un servicio que no se presta en condiciones de normalidad”. Se trataría de provocar la apertura de un expediente sancionador similar al dictaminado por el Tribunal Supremo de Galicia. “Entendemos que aquí Aucalsa está haciendo lo mismo que Audasa en la AP-9, y consideramos que eso supone una falta grave con la legislación estatal que hay en vigor”, señala el presidente de UCE-Asturias. La petición será aplicar a la concesionaria de la autopista asturleonesa una multa de 100.000 euros, el máximo que prescribe la normativa estatal para las faltas graves cuando la infracción es continuada, si bien el propio real decreto faculta a la administración a incrementar la penalidad hasta alcanzar entre cuatro y seis veces el beneficio ilícito obtenido. “Pediremos que se añada ese agravante”, indica Alonso.

Desde que se conoció la sentencia del Supremo la Dirección General de Consumo de Asturias tiene el asunto en su radar. Anunció su intención de analizar la situación de la mano de sus homólogos de la Junta de Castilla y León, recordando que es en la comunidad vecina donde están las cabinas de peaje y donde, por tanto, se podía entender que se producía el supuesto abuso.

El presidente de UCE-Asturias plantea la petición de multa o reparación por los peajes cobrados durante las obras como “una batalla más dentro de una guerra más amplia, que es la que lidera el Principado a través de la Alianza de las Infraestructuras, para lograr la nulidad de la prórroga del Huerna”.

La UCE también reclama un fiscal especializado en asuntos de consumidores. “Llamo la atención con esto porque en Asturias, lamentablemente, somos de las pocas comunidades autónomas que no tenemos una fiscalía especializada en protección de consumidores, para que pueda jugar estos papeles de defensa del interés general y de defensa de la legalidad”.

Todo este movimiento, lamenta Dacio Alonso, se da en parte “porque el ministerio no se está dando por aludido. Con la sentencia del Supremo debía haber emitido una circular instando a todas las concesionarias a adecuar sus tarifas a las obras”, indica.

Proceso legal

La Comisión Europea emitió en julio del pasado año un dictamen en el que censuró la ampliación del peaje que en el año 2000 el entonces ministro de Fomento del Partido Popular, Francisco Álvarez-Cascos, concedió a la empresa concesionaria de la autopista AP-66 hasta el año 2050. Según Bruselas, en respuesta a una denuncia interpuesta por el exdiputado de Podemos Daniel Ripa, aquella operación fue ilegal y se hizo contraria a derecho entre otros motivos para, según expone la UE, sacar más dinero de la posterior privatización de Autopista Concesionaria Asturleonesa (Aucalsa) en 2003.

El expediente de infracción reconoce la misma vulneración de la normativa comunitaria en la prórroga de la AP-9, en Galicia, donde el BNG planteó una moción instando a la Xunta a requerir al Ministerio de Transportes que inicie los trámites para revertir el peaje. Una iniciativa similar contó con la unanimidad de las Cortes de Castilla y León.

De esta manera la pelota sobre este peaje que se paga desde 1983 y que debería haber concluido en 2025, vuelve a la capital europea donde a partir de ahora se tendrá que dirimir si se asumen los argumentos ministeriales o se cumple la amenaza de denunciar a España ante el Tribunal de Justicia de la UE. Y en esta última postura se sitúa el Gobierno regional que está dispuesto a llevar el caso a los tribunales. “La Comisión ha determinado que esa prórroga fue ilegal y debe revocarse, es la posición que seguimos manteniendo ante la UE”, afirma el presidente Adrián Barbón. De hecho, el consejero asturiano de Movilidad, Alejandro Calvo, ya se dirigió formalmente al ministerio y la Comisión para participar del procedimiento y poner a disposición la documentación técnica que pueda ser útil. “Es justo y necesario”, dice el consejero, quien añade a la vía judicial la presión institucional a través de la Alianza de las Infraestructuras, un foro en el que están representados partidos políticos, empresarios y agentes sociales.