La Junta de Andalucía cesa a un alto cargo por su vinculación con una de las empresas del exdirector de la SEPI

El Gobierno de Juan Manuel Moreno ha confirmado este martes el cese un alto cargo de una de las empresas públicas de la Junta de Andalucia por su vinculación con una de las empresas del exdirector de la SEPI, Vicente Fernández, investigado, junto con la exmilitante socialista Leire Díez, por la Audiencia Nacional por presuntos delitos de fraude, falsedad documental, malversación, tráfico de influencias y prevaricación. Según ha indicado la portavoz del Ejecutivo regional, Carolina España, fue Ferrero, director de Internacionalización de la Economía de la agencia Trade (Agencia Empresarial para la Transformación y Desarrollo Económico) quien informó a la entidad de que aparecía como socio fundador del bar La Bola, donde agentes de la UCO irrumpieron el pasado 11 de diciembre ante las sospechas de que pudiera haber sido utilizado por Fernández para blanquear dinero obtenido de manera irregular por la trama, en la que también estaría implicado el empresario navarro Antxon Alonso, amigo de Santos Cerdán y administrador único de Servinabar. “Cuando se nos comunicó su participación en esta empresa, se decidió su cese para no perjudicar a Trade”, ha sostenido España, que también es consejera de Hacienda, de quien depende esa entidad pública.

Esa destitución, adelantada por Público, se produjo el pasado 16 de diciembre, y este mismo martes será ratificada por el Consejo rector de Trade cuya reunión estaba prevista justo para este día, según ha indicado la portavoz de la Junta. España, no obstante, ha negado que el cese se haya producido porque el Gobierno de Moreno tenga sospechas de que Ferrero, que es funcionario público, haya podido haber incurrido en algún comportamiento irregular. La consejera de Hacienda también ha recalcado que el Gobierno de Moreno no está investigando ni recela sobre otros altos cargos y funcionarios de la administración autonómica que en el pasado mantuvieron relación con Fernández, cuando él era interventor general de la Junta. En ese grupo se encuentra el actual responsable máximo del órgano fiscalizador, Miguel Ángel Figueroa, mano derecha de Fernández y que está en el punto de mira de la propia Intervención que dirige por no haber justificado 116 millones de euros cuando dirigía Idea, la Sepi andaluza. “No tenemos ningún problema con el interventor”, ha asegurado España.

El bar La Bola, en Sevilla, figura a nombre de la sociedai La Bola Innovación, creada a finales de 2014 por la pareja del expresidente de la SEPI. Según refleja el Registro Mercantil, ella figuró como administradora hasta junio de 2023, cuando Fernández asumió esta responsabilidad. Según la información adelantada por Público, Ferrero aparece en el como uno de los tres socios fundadores de esa sociedad, junto con la pareja del expresidente de la Sepi y Francisco José Manzano Balas, quien fue sustituido en 2015 por una familiar directa del ya cesado alto cargo de Trade, quien pasó a ser administradora mancomunada junto con la esposa de Fernández, que en 2023 desembarcó como administrador único de la mercantil.

La UCO irrumpió en La Bola el pasado 11 de diciembre, un día después de que el expresidente de la Sepi , Díez y Alonso fueran detenidos. Los beneficios declarados por el bar, ubicado en la isla de la Cartuja, despertaron las sospechas de los investigadores. El negocio registró pequeños beneficios e, incluso, importantes pérdidas hasta 2020, año en el que mejoró de manera significativa su cuenta de resultados. De hecho, cuando Fernández asumió el control, el bar tuvo una facturación récord de 386.997 euros, casi un 30% superior al periodo anterior.

Fernández desembarcó en la Sepi de la mano de María Jesús Montero, cuando Pedro Sánchez, la nombró ministra de Hacienda. Ella, siendo consejera del ramo en la Junta, había trabajado estrechamente con él, cuando era interventor general. Cuando tuvo que abandonar su puesto, al abrirse juicio oral por la adjudicación de la mina de Aznalcóllar, en el que fue absuelto días antes de su detención, Fernández -número uno de su promoción-, estuvo trabajando como asesor entre Pamplona, Madrid, la Costa del Sol o Sevilla. Son sus servicios a Servinabar, entre 2021 y 2023, los que parecen estar bajo el foco de la investigación que dirige la Audiencia Nacional. La UCO también se ha interesado en el patrimonio de Fernández Guerrero, sobre todo el acumulado a partir de su llegada a la SEPI. Según apuntan las pesquisas, este tiene registrados a su nombre un piso de más de 300 metros cuadrados en una urbanización de lujo de Puerta de Hierro, de Madrid; dos chalets en una exclusiva urbanización en El Aljarafe (Sevilla); tres inmuebles en Marbella en primera y segunda línea de playa; garajes y trasteros. Las estimaciones de los investigadores sitúan el valor de todo ello por encima de los cuatro millones de euros.