Una asociación de defensa de los derechos humanos recoge firmas para pedir el indulto del ex fiscal general

Bajo el título de “Indulto para García Ortiz: una necesidad democrática”, la Asociación Española para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos (EADIPH) ha registrado en la plataforma change.org una recogida de firmas para que el Gobierno promueva el indulto al ya ex fiscal general del Estado, inhabilitado por el Tribunal Supremo. La petición, a la que hasta las 17.00 de este miércoles se habían sumado 335 firmas, considera que conceder la medida de gracia a Álvaro García Ortiz es “un acto de justicia, serenidad democrática y protección institucional”. “Este indulto no es un privilegio. [...] Es un acto de respeto a las instituciones y de confianza en España. Es un asunto de justicia, de serenidad democrática, de aplicación del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, y de sus principios universales, y es ajeno a cualquier asunto ideológico o político, exponen los promotores en la información difundida en la plataforma de recogida de firmas.

La Asociación Española para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos fue creada en 2004 y, según la información que recoge su página web, está integrada por 121 personas “repartidas por España y América Latina” y presidida por el profesor de Derecho Internacional Carlos Villán. “Se trata de profesionales de amplia experiencia que se identifican con los valores inherentes al derecho internacional de los derechos humanos”, añade la asociación, que, en la petición para impulsar el indulto de García Ortiz recalca que sus firmantes formulan esta petición “como ciudadanos, juristas, profesionales, trabajadores, estudiantes, como personas que creen en la justicia, pero también en la humanidad; en las instituciones, pero también en su capacidad de rectificar, en la ley, pero también en la clemencia cuando las circunstancias lo exigen”.

El Supremo condenó a García Ortiz por un delito de revelación de datos reservados derivado de la filtración de un correo electrónico enviado por el abogado del empresario Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso y procesado por fraude a Hacienda, y por la difusión de una nota de prensa dictada por el ministerio público para desmentir las falsedades que estaba lanzando el entorno de la presidenta madrileña sobre las negociaciones entre su pareja y el fiscal que le había denunciado por fraude a Hacienda. García Ortiz renunció unos días después de conocer la condena y antes de que el tribunal publicara la sentencia, por lo que esa pena impuesta por el Supremo ya no tiene efectos prácticos. El tribunal impuso también a ya ex fiscal general una multa de 7.200 euros y el pago de una indemnización de 10.000 euros a González Amador, y este jueves la Sala Penal ha ordenado requerir a García Ortiz que abone estas cantidades.

La concesión de indultos es una potestad del Gobierno, que por ahora no se ha pronunciado sobre la posibilidad de otorgáselo a García Ortiz. De momento, según fuentes jurídicas consultadas, no hay constancia de que se haya registrado una petición ante el Ministerio de Justicia para reclamar el indulto al ya ex fiscal general.

La asociación que promueve la recogida de firmas argumenta que condena del fiscal general “ha generado inquietud social, división institucional y dudas profundas sobre el respeto de derechos fundamentales, y, por tanto, sobre la justicia y equidad del resultado”. “El fiscal general fue condenado por hechos relacionados con la emisión de una nota informativa destinada a frenar un bulo que afectaba directamente al funcionamiento de una institución constitucional. No hablamos de corrupción, ni de beneficio personal, ni de uso indebido de fondos públicos. Hablamos de una actuación institucional en defensa del interés general. Indultar es un acto de responsabilidad, no de confrontación”, señala la asociación.

Los impulsores de la iniciativa recuerdan que el indulto no anula la sentencia, en referencia a que esta medida no borra el delito, sino que solo exime a su autor de cumplir todo o parte de la pena. “No cuestiona al tribunal. No elimina el debate jurídico. Es un mecanismo constitucional para corregir situaciones excepcionalmente injustas, proteger el interés general y evitar daños irreparables para el sistema institucional”, afirman los promotores de la recogida de firmas, que ha recibido el apoyo de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), la asociación que presidió García Ortiz. En un mensaje publicado en su ceunta de X, la UPF afirma que “defiende y defenderá la inocencia de Álvaro García Ortiz en todos los foros”. “Por eso respaldamos el llamamiento de AEDIDH al indulto. Gracias por dar este paso. Llamamos a la ciudadanía a apoyar esta iniciativa”, añade.