La UCO concluye que la trama de hidrocarburos destinó “un millón de euros a comprar la voluntad” de Ábalos y cargos públicos

Un nuevo informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil impacta de lleno, otra vez, en el PSOE y en el Gobierno. En un documento de 182 páginas enviado al Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, que investiga una trama de hidrocarburos que dirigían presuntamente Víctor de Aldama y su socio Claudio Rivas, los investigadores concluyen que esta “organización criminal” llegó a “destinar” un millón de euros a “comprar la voluntad” de José Luis Ábalos, exministro de Transportes, y otros cargos públicos. Para ello, según recalcan los agentes, usaron una serie de presuntas empresas instrumentales y lograron “permear” en las “estructuras de la Administración” con “el propósito de obtener influencias a cambio de dádivas y contraprestaciones ilícitas”.

Este reciente análisis policial, fechado el 3 de diciembre y al que tuvo acceso EL PAÍS, ahonda en la relación tejida entre el exministro y Aldama, que ya emergió como una de las figuras claves en la presunta trama de adjudicaciones irregulares de compra de mascarillas en Transportes en la época de Ábalos al frente de esa cartera —una causa que se investiga en otro juzgado de la Audiencia y en el Tribunal Supremo—. El Juzgado Central de Instrucción 5, encabezado por el magistrado Santiago Pedraz, se centra solo en el fraude de hidrocarburos, por el que no se encuentra imputado el exdirigente socialista, quien fuera también secretario de Organización del PSOE; pero sí el comisionista —de hecho, fue la trama que le llevó el pasado año a prisión provisional, de donde salió tras tirar de la manta contra Ábalos por los contratos de tapabocas—.

Las pesquisas de Pedraz tienen en el punto de mira la obtención de una licencia por parte de Villafuel, una mercantil detrás de la cual se sitúa a Claudio Rivas. Según los agentes, el logro de ese permiso constituye el “elemento nuclear” que permitió a la trama operar en el mercado de hidrocarburos con el objetivo de perpetrar un “supuesto fraude millonario” en un corto espacio de tiempo. En anteriores resoluciones el juez ha llegado a cifrar el desfalco en más de 220 millones de euros.

Los agentes de la UCO indagan en cómo se logró esa licencia. Los investigadores apuntan que el socio de Aldama entendió que se debía efectuar una batería de “desembolsos iniciales” para pagar “comisiones ilícitas”, que después le arrojarían unos “réditos económicos superiores que permitirían, no solo compensarlos, sino obtener mayores beneficios”. Para ello, según la Guardia Civil, Rivas “interesó” la intermediación de Víctor de Aldama, “con el propósito de obtener la influencia” de Ábalos y que este incidiera “en los órganos ministeriales” para “agilizar” la concesión de la autorización y “soslayar el incumplimiento de los requisitos legalmente establecidos”. “A cambio de una contraprestación económica”, incide el informe policial.

La UCO añade que Rivas tenía a su disposición mucho dinero que había “generado” a través de un fraude de casi 50 millones de euros mediante la empresa suministradora Have Got Time S. L., del que pudo destinar “aproximadamente un millón a comprar la voluntad del cargo público” y a tratar de introducirse en la Administración. De hecho, el informe se muestra contundente desde las primeras páginas y recalca que existen “bastantes” indicios sobre la “posible penetración” de esta organización criminal en los “niveles directivos” de hasta tres ministerios diferentes: el de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana; el de Industria, Comercio y Turismo; y el de Transición Ecológica y Reto Demográfico. “Dicha infiltración habría sido vehiculada a través de Aldama”, prosiguen los investigadores, que subrayan su capacidad de “acceso” a José Luis Ábalos y su entorno.

En esa línea, los agentes explican que Rivas recurrió el 19 de diciembre de 2020 a la empresaria Carmen Pano y su hija Leonor González para que, a través de la “mediación” de Aldama, Ábalos “ejerciera su influencia”. Ellas contactaron entonces con el comisionista, que les aseguró que la gestión “resultaría fiable y de fácil ejecución”. “Okkkkk lo tengo fácil jajajajaja [sic] Tendría que ver cuánto pagan para ver si interesa mover todo”, les contestó Aldama, que condicionó así “su disposición a intervenir al conocimiento previo de la cuantía económica que recibiría”. La UCO dice que, a continuación, “logró el acuerdo” para que el ministro “influyera en favor de los intereses de Claudio Rivas”.

“Esa influencia fue canalizada a través de su asesor Koldo García, quien mantuvo contactos directos con distintos responsables ministeriales: entre ellos, el jefe de gabinete del Ministerio de Industria, Juan Ignacio Díaz Bidart; y el jefe de gabinete del Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO), Marc Isaac Pons. Por su parte, Aldama intermedió con el director general de la Dirección General de Política Energética y Minas, Manuel García Hernández”, recoge el informe de la Guardia Civil.

La Guardia Civil identifica a García Hernández tras relacionarlo con un número de teléfono guardado como “Manuel García Maroto”. “Se considera que podría corresponderse con un error, considerando plausible que la identidad del contacto se correspondiera con el director general de Política Energética y Minas”, recalcan los agentes. Fuentes del Ministerio de Transición Ecológica aseguran que García Hernández nunca ha hablado ni mantenido contacto alguno con Aldama.

Los agentes revelan otra conversación, fechada el 27 de junio de 2020, en la que la hija de Carmen Pano (la empresaria que asegura que llevó dinero en efectivo a la sede de Ferraz) contó a su pareja que el exministro le había propuesto un empleo “con una retribución aproximada de 5.000 euros mensuales”. “Ábalos me ha ofrecido trabajar en su gabinete de asesores, por supuesto que me he negado [...] Se lo he explicado a Víctor, que no porque al final tendríamos un problema y se vería él salpicado”, apuntó Leonor González en esa charla. En otros whatsapps, la sospechosa añade: “Se les ha dado mucho dinero”, “no se van a arriesgar” y “se les ha dado más de 1 kilo”.

El reparto del millón

Los agentes concluyen que la organización criminal encabezada por Rivas “dispuso aproximadamente de un millón de euros destina al abono de contraprestaciones económicas ilícitas”. Y, a lo largo de su informe, desgranan cómo se manejó ese dinero.

La UCO detalla que se ha logrado “acreditar” que Carmen Pano disponía en diciembre de 2020 de fondos en efectivo tras retirar 108.500 euros de la cuenta de la empresa Ornus Import, “la cual había recibido previamente transferencias procedentes de la mercantil Bludger Combustibles, ambas dominadas por Rivas”. En ese sentido, los investigadores señalan que esta empresaria entregó dinero en metálico a Aldama el día antes de una reunión en el Ministerio de Industria en 2020, por la que ella “habría percibido 5.000 euros”.

La Guardia Civil añade que la trama adquirió un chalé en La Alcaidesa (La Línea de la Concepción, Cádiz) por valor de 585.000 euros, que se puso a disposición de Ábalos. El ministro lo “disfrutó”, escriben los agentes, que señalan cómo la trama concibió esta presunta dádiva como la causa de que Villafuel obtuviera la licencia que necesitaban. “Hijo puta el putero. Ha sido pillar la casa y le ha dado al botoncito”, le dijo la pareja de Leonor González a ella tras conseguirlo, según destaca el informe policial.

Los investigadores añaden que se ha “podido acreditar” que Víctor de Aldama percibió otros 292.000 euros desde Have Got Time, “como pago por su intermediación con el ministro en favor de los intereses de la presunta organización criminal, de la cual acabaría formando parte”. También se enumeran remuneraciones a Koldo García a través de otra compañía de Rivas: “El 3 de marzo de 2022 recibió en concepto de nómina 1.950 euros; y seis después, 5.000 euros en concepto de adelanto”, afirma la UCO.