El alcalde de Algeciras suspende su militancia en el PP tras una denuncia contra él por acoso y malversación

El alcalde de Algeciras y senador, José Ignacio Landaluce, ha decidido suspender “temporalmente” su militancia en el Partido Popular, después de que el PSOE haya interpuesto contra él una denuncia ante la Fiscalía del Tribunal Supremo. En ese escrito, los socialistas le señalan por delitos de malversación, caudales públicos, tráfico de influencias y abuso sexual. La denuncia se ha producido un año después de que saliesen a la luz los supuestos mensajes que se intercambiaron tres concejalas del PP en el que hablaban de episodios de abusos a cargo del regidor.

Landaluce ha asegurado, vía comunicado remitido por el Ayuntamiento de Algeciras, que su suspensión temporal de militancia no afectará a los cargos institucionales como alcalde y senador. Además, ha reiterado su “absoluta inocencia” y el interés en “continuar ejerciendo su derecho a la defensa con todos los medios legales a su alcance”. Aunque desde el PP provincial han eludido hacer cualquier tipo de declaración, el portavoz del partido en el Parlamento andaluz, Toni Marín ha cerrado filas con Landaluce: “Muchas veces, la mejor estrategia para uno poder defenderse es abandonar el cargo y poder defenderse desde fuera, si lo ha considerado lo adecuado me parece perfecto”. Fuentes el Ayuntamiento de Algeciras han precisado que su suspensión temporal y su inmediato paso al grupo mixto municipal no afectará a la organización del equipo de gobierno, en el que resto de sus miembros siguen siendo del partido.

El origen de este movimiento de ficha inesperado de Landaluce se encuentra en la denuncia interpuesta este pasado martes por parte del PSOE de Algeciras ante la Fiscalía del Tribunal Supremo y a la que ha tenido acceso EL PAÍS. El escrito, presentado ante esta instancia dada la condición de aforado del senador popular, detalla supuestos episodios de acoso sexual relatados por tres concejalas del PP: Susana Pérez —que sigue siendo edil en el Consistorio—, Eva Pajares —actual delegada territorial de Salud en Cádiz— y Laura Ruiz, que acabó como trabajadora del Ayuntamiento, tras verse obligada a dimitir tras ser condenada por un juzgado de Algeciras.

En esos mensajes las tres relataban situaciones en las que Landaluce supuestamente les tocaba “el culo”. “Me ha metido mano por debajo de la mesa”, relató una de ellas. En otra ocasión, el dirigente popular presuntamente se enfadó con una de ellas después de que él entrase en el cuarto de baño, la descubriese lavándose las manos con la bragueta bajada, él le espetase “a ver qué quiero mirar” y ella cerrase la puerta. La denuncia detalla cómo esos pantallazos de conversaciones fueron difundidos masivamente por Luis Ángel Fernández Rodríguez, dirigente del Partido Popular, exdiputado y rival de Landaluce, en octubre de 2024.

Aquella filtración masiva supuso una convulsión en el PP algecireño y provincial que tuvo ecos nacionales. De hecho, el PP nacional aseguró que abría una investigación contra Landaluce de la que nunca se ha conocido el resultado. Lo que sí se difundió entonces fueron sendos comunicados, muy parecidos formalmente y escuetos, en los que Custodio y Pajares consideraban “falsa noticia” lo difundido. En aquel momento hablaron de “distorsión y circo mediático”, pero no aclararon si los mensajes eran suyos o no. Ahora, el PSOE pide en su denuncia que ambas sean citadas como testigos por un posible delito de acoso sexual.

El caso se enreda más porque Landaluce ya se vio envuelto en la polémica en septiembre de 2023, cuando el PSOE local denunció la contratación de la exedil Laura Ruiz como personal de confianza. La política había dimitido de su cargo en 2021, después de ser condenada por difundir el teléfono del abogado de su exmarido en una página gay de contactos para citas. En octubre de 2022, la propia Ruiz remitió un escrito al medio local Europa Sur en el que dijo haber dimitido por presiones y que iba a convocar una rueda de prensa para denunciar unos hechos, algo que nunca llegó a hacer.

El PSOE sostiene que esa contratación de 2023 de Ruiz, de una excónyuge de un cargo del PP y otra más de la exedil como personal de una residencia de ancianos de titularidad pública se enmarcan dentro de una presunta malversación, “contrataciones con dinero público para garantizar supuestamente su silencio”, según figura en la denuncia. Basa su acusación en que la propia Ruiz, además del artículo en el medio local, llegó a reunirse en abril de 2023 con la portavoz del PSOE de Algeciras, Rocío Arrabal, y le remitió un mensaje en el que decía tener “cosas muy muy serias” y “constitutivas de delito” del PP de Algeciras. Sin embargo, aquellas revelaciones no llegaron a realizarse y Ruiz acabó contratada como personal eventual en septiembre de 2023. La algecireña se mantuvo en el cargo hasta mayo de 2025, momento en el que el Tribunal Supremo confirmó su condena y fue cesada para acabar trabajando como psicóloga en una residencia de la ciudad que es de titularidad pública y cuyo contrato el PSOE también pone bajo sospecha.

Aunque la denuncia se presentó ayer, la portavoz del PSOE ya anunció hace meses su intención de realizar este movimiento legal que ha acabado materializado de la mano de un despacho de abogados de Málaga. “Si hubieran tenido algo, lo habrían presentado hace un año, cuando lo anunciaron. Es humo, un intento de prolongar la nada. Los algecireños saben que el tiempo me está dando la razón”, ha contraatacado Landaluce en su comunicado. Sin embargo, fuentes internas del PSOE aseguran que ha sido necesario recurrir a un letrado de otra provincia, dada la dificultad para encontrar uno en la provincia de Cádiz. “Landaluce es poderoso”, remarcan. Lo que no se esperaban los socialistas, según reconocen fuentes cercanas del partido, es que el alcalde de Algeciras optase por esta maniobra de pedir su suspensión temporal del PP.

Landaluce ha asegurado que toma esta decisión —que implicará también su dimisión como presidente del Partido Popular de Algeciras y renunciar a todos los cargos orgánicos que ocupaba tanto en la ejecutiva regional como en la nacional del partido— para “poder centrarse plenamente en su defensa”. Igualmente, ha recordado que hace ocho meses solicitó legalmente una rectificación a Arrabal que ha acabado en un acto de conciliación —paso previo a la materialización de una querella— celebrado este mismo jueves en el que no ha habido avenencia, según explican fuentes cercanas a la socialista. Además, el alcalde de Algeciras ha añadido que presentará una querella ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía “si no se produce esa rectificación”.