El exdirector de Construcción de Acciona admite una relación personal” con el socio de Cerdán en Servinabar, pero dice que al político solo lo trataba como “agente social”

El exdirector de Construcción de Acciona, Justo Vicente Pelegrini, y un subordinado suyo, Tomás Olarte Sanz, han negado este miércoles en el Tribunal Supremo haber pagado comisiones por la adjudicación de obras públicas por parte del Ministerio de Transportes durante la etapa de José Luis Ábalos. Fuentes jurídicas presentes en el interrogatorio señalan que ambos han declarado como investigados ante el magistrado Leopoldo Puente y han negado que, como asegura la Guardia Civil, la empresa participara en una supuesta trama de amaños de contratos pagando un 2% del importe de cada adjudicación a la compañía navarra Servinabar, de la que el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán supuestamente tenía el 45% de las participaciones.

El juez considera que hay indicios de que ambos ha podido cometer un delito de cohecho y otro de integración en organización criminal, y ha acordado, a petición de la Fiscalía Anticorrupción y de las acusaciones populares (representadas por el PP), imponer medidas cautelares a los dos investigados (retirada del pasaporte, prohibición de salir de España y comparecencias cada 15 días ante el juez).

Puente citó como investigados a Pelegrini y Olarte a raíz de un informe de la Guardia Civil que les implicó en la trama junto a otro trabajador de la empresa, José García Alconchel, citado el 15 de diciembre. Los agentes señalan que Pelegrini firmó, en 2015, el primer acuerdo de colaboración entre Acciona y Servinabar, la empresa navarra clave en la trama corrupta, cuyo administrador único es el empresario Joseba Antxon Alonso, amigo de Cerdán. Según la UCO, Acciona se hacía con adjudicaciones amañadas a través de la influencia de Cerdán, Ábalos y quien fuera asesor de este, Koldo García, y luego la empresa contrataba los servicios de Servinabar y se comprometía a pagarle un 2% del importe neto de lo adjudicado. Los agentes creen que parte de ese dinero iba a parar a los dos exdirigentes socialistas y al antiguo asistente ministerial.

El exdirectivo de Acciona y el que fue su subordinado han negado, según las fuentes consultadas, todas las acusaciones y han asegurado que el 2% que, según la UCO, pagaban a Servinabar no respondía a una comisión sino al pago de servicios prestados, que, aseguran, están acreditados con facturas. Según han señalado, Acciona contrataba con la empresa navarra la prevención de riesgos laborales en las obras, y el 2% no era un importe fijo, sino el “límite” máximo que se abonaba por estos servicios.

El juez, sin embargo, en el auto dictado tras la declaración para acordar las medidas cautelares, expone que existen indicios que apuntan a que Pelegrini firmó el acuerdo de colaboración con Servinabar porque “confiaba” en que las “adjudicaciones futuras se producirían” mediante “la indebida influencia” de Cerdán sobre otros investigados en esta causa “que ocupaban cargos públicos decisivos en relación con dichas contrataciones”, en referencia a Ábalos y Koldo García. “A cambio de ello, Servinabar percibiría la correspondiente prestación económica”, señala el instructor.

Pelegrini ha admitido que tiene una relación asidua con Antxon Alonso, pero que solo trató con Cerdán como “agente social”. Preguntado por si había mantenido reuniones similares con otros políticos, Pelegrini, según las fuentes, ha respondido que no. Olarte, por su parte, ha dicho que había mantenido una relación “profesional” con el dueño de Servinabar y que no conocía al ex secretario de Organización del PSOE.

El informe de la UCO recalcaba que Antxon Alonso y Pelegrini se reunieron en diversas ocasiones de forma telemática y personal y, al menos una vez, acudió Cerdán. En las citas, según los investigadores, adoptaban “medidas de seguridad” como apagar el teléfono móvil, hablar supuestamente por aplicaciones cifradas de mensajería como Threema. Durante el interrogatorio de este miércoles, se le ha preguntado a Pelegrini expresamente por estas prácticas y por otra que describen los agentes según la cual el exdirectivo de Acciona , supuestamente, mostraba en la pantalla documentos relativos a determinadas obras en proceso de adjudicación. Según el juez, el exdirectivo no ha aportado “una explicación razonablemente atendible” y ha afirmado que lo hacía únicamente para que Alonso pudiera tomar nota de los temas tratados en la reunión.

Pelegrini ha enmarcado estas reuniones y el acuerdo firmado en 2015 con la empresa navarra dentro de la normalidad en el sector de la construcción, pero ha matizado los hallazgos de la Guardia Civil, que incluyó en su informe dos imágenes de una supuesta reunión de Pelegrini con Cerdán y Antxon Alonso correspondientes, según los agentes, a dos encuentros dos días distintos de junio de 2019. El exdirectivo ha asegurado que las fotografías (una en un piso del dueño de Servinabar en Madrid y otra en un bar de la capital) son del mismo día y correspondían a una reunión que mantuvieron para el proyecto de Mina Muga, la apertura de una explotación de potasa en Sangüesa (Navarra) que le fue adjudicado a Acciona y en la que participó Servinabar.

Acciona despidió a su exdirector de Construcción en junio pasado, unos días después de que se difundiera el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que precipitó la imputación de Cerdán y que reveló una conversación de noviembre de 2023, ya durante la etapa de Óscar Puente en el Ministerio de Transportes, entre Ábalos y quien fuera su asesor, Koldo García, en la que este le decía a su jefe: “Santos ha ido al Ministerio de Transportes a colocar a un par de personas de Justo, de Acciona”. Preguntado por esta afirmación, Vicente Pelegrini, según las fuentes, lo ha negado.