Un testaferro que la UCO vincula a empresas de hidrocarburos de la trama de Aldama pide declarar voluntariamente
El juez Pedraz ha citado a Javier Sequi, a quien la UCO señala tras una mercantil que envió millones a una empresa en Portugal administrada por Aldama
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil coloca en la cúspide de una estructura presuntamente diseñada para defraudar impuestos de los hidrocarburos a los empresarios Víctor de Aldama y Claudio Rivas. De ellos penderían hasta 11 personas a quien los agentes denominan “testaferros”, encargados de poner empresas a su nombre o de camuflar operaciones delictivas para hacer más compleja la operativa y que fuera más difícil el rastreo de las autoridades. Uno de ellos es Javier Sequi, que fue detenido en Tarragona el 10 de octubre de 2024, junto a otros miembros de la trama, pero que guardó silencio ante el juez Santiago Pedraz. Ahora, casi un año después, acaba de pedir a la Audiencia Nacional declarar voluntariamente.
La madeja del caso hidrocarburos, formada por más de una decena de acusados y otro tanto de empresas superpuestas, sigue desenredándose en el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional que indaga en un fraude que alcanza ya los 231 millones de euros entre 2021 y 2024. Por esta trama, tanto Aldama como Claudio Rivas pasaron unas semanas en prisión a finales del pasado año. La UCO los detuvo en octubre y un mes después, el 21 de noviembre la Fiscalía Anticorrupción solicitó la excarcelación del comisionista, tras iniciar una colaboración con la justicia en la que habló sobre la actividad del exministro de Transportes José Luis Ábalos y el que fuera su asesor Koldo García.
Casi un mes después, el 17 de diciembre, el juez Santiago Pedraz acordó la libertad también para Claudio Rivas quien, recientemente tal y como ha contado este medio, ha utilizado una de las fincas en las que la UCO creía que podría estar guardado el dinero de los hidrocarburos para una montería con más de 90 jabalíes el día de Halloween.
La Guardia Civil sitúa a Aldama y a Rivas como presuntos codirectores de una red del fuel que tenían el control velado de siete empresas interpuestas que, mediante hombres de paja, habrían servido de vehículo para la comisión del millonario fraude del IVA: Obaoil 3000, Salamanca Fuel Center, Canary Islands Fuel Company, Casmar Hidrocarburos, Carburantes Jalón-Plaza, Skyward Tech y Espaeventos. A través de estas mercantiles, ambos investigados instrumentalizaron supuestamente a la empresa Villafuel, que tenía condición de operador y, por tanto, podía adquirir combustible en depósito fiscal que luego vendían a distribuidoras y gasolineras sin declarar los impuestos de estas operaciones a Hacienda.
El sumario de esta investigación muestra un listado de nombres que actuaban como presuntos testaferros de estas mercantiles de la parte baja de la cadena. Uno de ellos era, precisamente, Javier Sequi, a cargo de la suministradora Salamanca Fuel Center S.L. Los agentes creen que esa mercantil era la “utilizada por la organización criminal para canalizar los fondos de procedencia delictiva a Portugal, con la finalidad de alejarlos, ocultarlos y dificultar su trazabilidad”.
Sequi ha enviado un escrito al juez Pedraz —al que ha tenido acceso EL PAÍS— para explicar que, aunque cuando le citaron a declarar se acogió a su derecho a no hacerlo, “la actual dirección letrada” entendía “más apropiado para la defensa de los intereses del mismo y para un adecuado esclarecimiento de lo sucedido” que se prestara una declaración voluntaria. Además, expone que tiene sus cuentas embargadas y que eso le hace imposible proceder al pago de su vivienda, o de los suministros del agua, la luz y la tasa de la basura. Por eso pide el levantamiento del embargo para poder “atender los mínimos indispensables que le permitan continuar habitando en su residencia habitual aparte de poder ejercer actividad profesional”.
El magistrado ha colocado la declaración el próximo 9 de diciembre, si bien fuentes de la defensa señalan que han pedido un aplazamiento por incompatibilidad de esa fecha con otros compromisos judiciales anterios. A Salamanca Fuel, la empresa que administraba, se le atribuye un fraude de 34,6 millones de euros.
Sequi cogió las riendas de esta mercantil justo después que Félix Aparicio que fue quien la constituyó el 24 de noviembre de 2022 y la mantuvo hasta marzo de 2023, cuando pasó a Sequi. Aparicio es uno de los empresarios más cercanos al comisionista y, según fuentes conocedoras de la investigación, es la persona que este verano viajó a Ibiza con Aldama. Un informe de la Agencia Tributaria revela que desde la sociedad que administraron primero Aparicio y luego Sequi se desviaron fondos (2,5 millones de euros y 1,2 millones de euros) a Atmosferaudaz, una empresa administrada por Víctor de Aldama en Portugal. Cabe recordar que este mismo mes de junio el Tribunal Supremo rechazó que Aldama viajara al país vecino “por razones profesionales”.