El Tribunal Supremo vuelve a fragmentarse en una deliberación rápida sobre el fiscal general del Estado
Con el argumento de evitar filtraciones, los magistrados decidieron dar a conocer el fallo antes que la sentencia
Justo una semana después de que el presidente de la Sala de lo Penal, Andrés Martínez Arrieta, pronunciara el “visto para sentencia”, los siete magistrados del Tribunal Supremo avanzaron este jueves el ...
Justo una semana después de que el presidente de la Sala de lo Penal, Andrés Martínez Arrieta, pronunciara el “visto para sentencia”, los siete magistrados del Tribunal Supremo avanzaron este jueves el fallo de una condena histórica al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. El tribunal se ha fragmentado, como le ha ocurrido a la sala segunda en las últimas decisiones con carga más política. Una mayoría de cinco togados ha votado a favor de la inhabilitación de dos años para el cargo de jefe de Ministerio Público por un delito de revelación de secretos sobre el procedimiento contra la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Alberto González Amador. Las magistradas progresistas Susana Polo y Ana Ferrer redactarán un voto particular y la sentencia se hará pública “lo antes posible”.
Las deliberaciones del tribunal —compuesto por Andrés Martínez Arrieta (actual presidente de la sala), Juan Ramón Berdugo, Manuel Marchena, Antonio del Moral, Carmen Lamela, Ferrer y Polo— comenzaron el mismo día que terminó el juicio, según concretan fuentes jurídicas. Algunas voces señalan que, incluso, durante las dos semanas de sesiones se fueron deliberando algunos puntos como las cuestiones de nulidad que planteó la defensa de García Ortiz al inicio del juicio.
Los magistrados se han ido “intercambiando papeles” estos días y han armado un dique a su alrededor para evitar cualquier tipo de filtración. A lo largo de años, durante la presidencia de Manuel Marchena, la Sala de lo Penal actuó mayoritariamente en bloque, sin que fuera nada habitual la redacción de votos particulares en las sentencias más complejas.
Así ocurrió, por ejemplo, con un juicio tan político como el que terminó con la condena por sedición y malversación a los miembros del procés en octubre de 2019. La sala se marcó entonces el objetivo de lograr la unanimidad y la actitud que Marchena mantuvo en su mandato para cohesionar las distintas sensibilidades terminó por coser las teorías de todos los magistrados en torno a una misma sentencia. En aquel tribunal también estaba Antonio del Moral, Andrés Martínez Arrieta, Juan Ramón Berdugo y Ana Ferrer. Pero en esta ocasión, con el fiscal general, esta última se ha descolgado de la mayoría.
La concordancia entre todos los togados se mantuvo ese mismo año, en junio de 2019, con el caso de La Manada. La sentencia consideró que la agresión sexual de cinco amigos a una joven en los sanfermines de 2016 no fue un abuso, sino una violación en grupo. La sala aplicó de forma conjunta el agravante que elevaba la pena a los agresores en un tribunal en el que participaron también Martínez Arrieta, Ana Ferrer y Susana Polo. Y lo mismo ocurrió en febrero de 2021 con la interpretación de la sala a la ley del solo sí es sí para acordar si el cambio de las horquillas punitivas en la norma debía acarrear una rebaja de la pena en determinados casos. El pleno de la sala actuó unido.
Pero esa sintonía se fue resquebrajando a partir de la sentencia sobre los ERE en 2022. La Sala de lo Penal se partió entonces por tres votos a dos, precisamente, los dos en contra de Susana Polo y Ana Ferrer. Y la brecha continuó en julio de 2024 con uno de los asuntos más políticos de esta legislatura: la Ley de Amnistía. En ese caso, cinco magistrados entendieron que la malversación por la que fueron condenados los líderes independentistas no era amnistiable y Ferrer, de nuevo, dictó un voto discrepante al entender que “la única interpretación razonable de la Ley” era el perdón de esos delitos.
En órganos como el Tribunal Constitucional —cuyos miembros son elegidos directamente por el Gobierno, el Congreso, el Senado o el Poder Judicial— era más visible la división por la que históricamente los progresistas y los conservadores votan en bloques estancos, especialmente en los asuntos de más relevancia mediática. Pero distintos miembros del Supremo han lamentado en el último tiempo que el consenso de la sala que enjuicia a los aforados se haya roto. Quebró en la última etapa de la presidencia de Marchena y no parece haberse reconstruido del todo con la actual presidencia de Arrieta desde diciembre de 2024.
Deliberación rápida
La deliberación sobre el caso del fiscal general del Estado se ha reproducido en los mismos términos que en estas últimas ocasiones mencionadas. Las dos magistradas progresistas, Ferrer y Polo, discrepaban de sus compañeros y, por ello, la mayoría del tribunal ha determinado la necesidad de cambiar de ponente. Susana Polo era la que iba a redactar la sentencia inicialmente, pero ahora lo hará el presidente Andrés Martínez Arrieta.
Este cambio ha provocado el temor dentro de la sala a una posible filtración del sentido del fallo. Según explican fuentes jurídicas, el presidente Martínez Arrieta ha escuchado las opiniones de los magistrados para saber si debía o no adelantar el fallo y la mayoría era partidaria de hacerlo por evitar suspicacias. Si dentro del Supremo se conocía que el equipo del presidente era el que estaba redactando la condena y no el de Polo se podrían elevar las especulaciones sobre el sentido condenatorio, al apartar a la magistrada progresista de la redacción de la sentencia.
La rapidez del tribunal en tener claro el fallo ha provocado cierta sorpresa en algunos sectores de la Fiscalía, si bien dentro del alto tribunal no le dan relevancia y explican que hay deliberaciones que se terminan en un solo día y este proceso no era especialmente complejo. Después de que un grupo de estos magistrados saliera este jueves a tomar un café en las inmediaciones de la Plaza de las Salesas, el gabinete de prensa del órgano hacía pública una providencia en la que se leía: “Que debemos condenar y condenamos a D. Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, como autor de un delito de revelación de datos reservados, artículo 417.1 del Código Penal”.