El Gobierno mide sus pasos mientras estalla en privado contra el Supremo: “Lo tenían decidido, es un fallo político”

En La Moncloa, en los ministerios, en las sedes de los distintos partidos que componen la mayoría del Gobierno, se escucharon palabras muy gruesas en cuanto se conoció que el Tribunal Supremo, por 5-2, condenaba al fiscal general por revelación de secretos. Algunos lo temían, otros incluso lo daban por hecho, pero había aún muchos dirigentes, especialmente los juristas, que pensaban que una condena era imposible porque no había pruebas, que habría algún rasgo de sensatez y buscarían una absolución aunque fuera con reproches duros al fiscal para cubrirse de las críticas en la derecha.

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En La Moncloa, en los ministerios, en las sedes de los distintos partidos que componen la mayoría del Gobierno, se escucharon palabras muy gruesas en cuanto se conoció que el Tribunal Supremo, por 5-2, condenaba al fiscal general por revelación de secretos. Algunos lo temían, otros incluso lo daban por hecho, pero había aún muchos dirigentes, especialmente los juristas, que pensaban que una condena era imposible porque no había pruebas, que habría algún rasgo de sensatez y buscarían una absolución aunque fuera con reproches duros al fiscal para cubrirse de las críticas en la derecha.

Pero una condena tan rápida, anunciada en un 20 de noviembre, cambiando de ponente -porque la inicial quería absolver-, con la obligación de pagar al novio de Isabel Díaz Ayuso 10.000 euros, y encima sin dar a conocer los argumentos hasta dentro de 10 días, terminó de hacer estallar la indignación en todo el mundo progresista.

La rabia fue creciendo a lo largo del día, y el Gobierno pasó de una inicial cautela de Félix Bolaños, ministro de Justicia, que llamó a la calma aunque dejó claro que el Ejecutivo no comparte el fallo, y apuntó a un posible recurso al Tribunal Constitucional, a un Óscar López, ministro de Transformación Digital, desatado por la noche en Hora 25 de la Cadena SER. “El fiscal es inocente, a pesar de lo que diga el Supremo. Cuando escuché el fallo sentí mucha desolación. Si son capaces de condenar a alguien sin pruebas, ¿qué es lo siguiente? ¿liberar a alguien con todas las pruebas? Y lo digo por alguien que, para recochineo, ayer se compra el ático”, dijo López en referencia a la pareja de Isabel Díaz Ayuso, que acaba de adquirir el ático encima de su piso de lujo, presuntamente comprado gracias al pelotazo de dos millones de euros con mascarillas en pandemia y el fraude fiscal de 350.000 que dio origen al caso.

“A mí me parece muy grave. Estamos indignados por la injusticia que representa la condena, es muy deprimente para los demócratas. Este fallo lanza un mensaje demoledor: no te atrevas a tocar a Ayuso, porque vas p´alante. O la gente se da cuenta de lo que está pasando y se rebela con los votos, o algunos pensarán que son impunes”, remató López.

En privado, todos los ministros consultados eran muy duros desde el primer momento, aunque en público fue López y muchas horas después del fallo quien se lanzó con todo. “No son conscientes de lo que han hecho. Destruyen su propio prestigio, machacan la imagen de la justicia y además reunifican al mundo progresista. La gente está enfadadísima. Esto cohesiona. Es un error enorme lo que han hecho”, se desahogaba un ministro. “Lo tenían ya decidido antes de empezar. Por eso ha sido tan rápido. Es tremendo. Es un fallo político. Con argumentos jurídicos era imposible condenarlo. Todo el mundo ha visto el juicio. Le hacen un daño tremendo a la justicia”, señalaba otro. “Ahora Ayuso y su pareja, que defraudó 350.000 euros a Hacienda, estarán celebrando en su nuevo ático, que han comprado esta misma semana, y se van a ahorrar 10.000 euros porque se los tiene que pagar el fiscal general. Es increíble. Es una burla”, se indignaba un tercero.

Gabriel Rufián, de ERC, ponía palabras a lo que muchos pensaban dentro de los sectores progresistas, no solo en el Gobierno, sino también entre los socios: “Hermano de Ayuso, 280.000 euros en comisiones. ¿Quién pilla? Casado. Novio de Ayuso, 350.000. ¿Quién pilla? El fiscal general. El mensaje es claro: Ayuso no se toca".

Pedro Sánchez también mantuvo la cautela, como su ministro de Justicia. El propio líder del PSOE, que había hablado sin tapujos en una entrevista de EL PAÍS y había dicho que “visto lo visto” en el juicio, se reafirmaba aún más en su idea de la inocencia del fiscal, lanzó un mensaje indirecto y llamó a defender la democracia “frente a de los que creen que tienen la prerrogativa de tutelarla” y frente a “los abusos de poder”, en una mención implícita a los jueces, pero evitó cargar las tintas. Al menos de momento, porque el asunto va a seguir, y Sánchez tiene una rueda de prensa el domingo en Johannesburgo, por el G-20, donde tendrá ocasión de ir más a fondo.

¿Y ahora qué? El Gobierno está meditando las decisiones, dejando reposar la rabia. Sobre todo, insistían distintas fuentes consultadas, porque tampoco hay mucho margen de acción. El fiscal general tiene que ser cesado sí o sí y hay que nombrar uno nuevo. Y ese puede ser el primer gran mensaje que responda a la pregunta de ¿y ahora qué? El Gobierno prepara un relevo muy rápido y con un nombre potente, que aún no está cerrado, para dar un golpe rápido en la mesa y trasladar un mensaje político claro: “seguimos igual”.

Bolaños avanzó que será una persona “con una trayectoria profesional y una cualificación jurídica que garantice que ejercerá con solvencia esta función”, algo muy genérico, pero distintas fuentes dan por hecho que será alguien de absoluta confianza del Ejecutivo con la intención de que tome el control de la fiscalía general que llevaba muchos meses debilitada por el proceso contra García, que había mermado mucho su capacidad de acción y su propia credibilidad entre los fiscales.

Pero más allá de ese golpe en la mesa, que es obligado porque el fiscal general debe ser sustituido, las fuentes consultadas no veían algún otro movimiento audaz. Algunos socios del Gobierno reclamaban un golpe de autoridad, incluso intentar asaltar el CGPJ con una mayoría progresista en el Congreso, pero nada de eso parece encima de la mesa.

El Gobierno y el PP ya pactaron el año pasado la renovación del Consejo General del Poder Judicial, un acuerdo difícil que un año y medio después tiene a un CGPJ dividido, y el propio sector progresista aún más, por lo que los conservadores tienen el control real de este órgano clave, que es el que decide sobre los nombramientos para el Supremo, precisamente.

Es el control del CGPJ por parte de la derecha de una u otra manera los últimos 30 años lo que explica que en todas las salas del Supremo, y también en el tribunal que ha juzgado a García Ortiz, la mayoría conservadora sea abrumadora. Aún así, algunos sectores esperaban que al menos el presidente, Martínez Arrieta, apostara por la absolución, y por tanto en el peor de los casos hubiera un 4-3. Pero finalmente Martínez Arrieta también se unió al sector que decidió condenar, en el que está el gran factotum del Supremo en los últimos años, Manuel Marchena, y el resultado fue un 5-2.

En el Gobierno nadie niega la gravedad de la situación. “Es gravísimo”, repetían uno detrás de otro todos los ministros de distintos sectores consultados. Es un choque de trenes evidente entre el Gobierno, que defendió al fiscal hasta el final y le presionó para que no dimitiera, y el Supremo, que ha decidido ir muy lejos con un fallo muy discutido, que muchos juristas de prestigio veían imposible por la ausencia de pruebas demostrada durante el juicio y los testimonios indubitados de periodistas de prestigio y larga trayectoria que insistieron en que García Ortiz no fue la fuente de la noticia sobre la oferta de acuerdo a la fiscalía y el reconocimiento de sus delitos del novio de Ayuso. En el Ejecutivo también preocupaba este mensaje hacia los periodistas serios, que han defendido su profesionalidad en el Supremo y no han sido atendidos, esto es se cuestiona su credibilidad. Por eso Bolaños hizo una mención expresa a ellos y también a los fiscales y a los inspectores de Hacienda que están detrás del proceso contra la pareja de Ayuso.

Mientras el portavoz en el Congreso Patxi López dijo que era “una auténtica vergüenza”, los socios fueron aún más directos. Y esto también fue uno de los efectos colaterales de esta polémica decisión: una cierta reunificación de la mayoría, escandalizada con la decisión del Supremo.

En Sumar, la otra parte de la coalición, fueron tajantes. “La condena al fiscal general es la prueba más clara de que algunos sectores del poder judicial han decidido entrar en combate político contra el Gobierno, el fallo solo puede entenderse como un intento de interferir en la vida democrática. Es un golpe judicial en toda regla. No aceptaremos que el Estado de derecho se use para desestabilizar a un Gobierno legítimo”, señalaron. La idea del golpe blando se extendió mucho durante este jueves en distintos sectores del Gobierno y los socios, aunque oficialmente el Ejecutivo evitara cualquier referencia a algo así. “Criminalizar a la Fiscalía es injusto. Criminalizar al periodismo es autoritario. Y nosotras y nosotros estaremos siempre del lado de la democracia, la verdad y las instituciones públicas”, remataba Sumar. Compromís habló abiertamente de “golpe blando”.

La situación es crítica y el Gobierno no ha dicho su última palabra. El asunto está en evolución, la indignación en el mundo progresista crece, y el Ejecutivo está midiendo su reacción, pero el enfado va en aumento. El estallido de Óscar López, un veterano que suele medir mucho sus palabras, da idea del ambiente que se respira en el Gobierno. Pero ahora es Sánchez el que tiene que fijar su posición y sobre todo tomar decisiones, la primera quién será el relevo de García, un mensaje claro en una guerra abierta entre un sector de la justicia y el Gobierno.