La UCO registra las sedes de Acciona en Madrid y Bilbao en busca de nueva documentación del ‘caso Ábalos’

Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han acudido este viernes, por orden del magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente, a registrar las sedes en Bilbao y Madrid de la empresa Acciona, según confirman a EL PAÍS fuentes cercanas a la investigación. El juez ha ordenado estas diligencias tras recibir un informe de la propia UCO sobre el patrimonio del que fuera secretario de organización del PSOE Santos Cerdán, actualmente en prisión provisional.

Tanto este documento policial, como la documentación que recabe el instituto armado con estos registros, forman parte de una pieza secreta que el juez ha abierto recientemente dentro de la causa en la que investiga por la presunta comisión de delitos de corrupción a Cerdán, al exministro socialista José Luis Ábalos y al que fuera asesor personal de este último, Koldo García. El objeto de las pesquisas es ahondar en las supuestas irregularidades en la adjudicación de obra pública en el Ministerio de Fomento y Transportes en la etapa de Ábalos.

La actuación de la Guardia Civil de este viernes afecta a, al menos, otras cuatro empresas. Dos son las cooperativas vascas Erkolan y Noran, que comparten sede social en Bilbao y tienen lazos económicos con Servinabar 2000, sociedad navarra señalada como presunto origen de la trama de corrupción y de la que supuestamente Cerdán tenía un 45% de las participaciones. Noran fue constituida por el empresario vasco Joseba Antxon Alonso Egurrola ―también imputado en la causa y dueño de Servinabar― y Koldo García, y recibió entre 2016 y 2024 más de 650.000 euros de Servinabar. Erkolan, vinculada a la hermana del ex secretario de Organización del PSOE, recibió entre 2019 y 2023 cerca de 260.000 euros de la misma compañía.

Las otras dos son mercantiles y tienen sede en Sevilla. Se trata de Tecade (a la que se ha hecho un requerimiento de información) y Freyssinet. Ambas formaron una Unión Temporal de Empresas (UTE) con Acciona, que se hizo con las obras de ampliación del Puente del V Centenario de Sevilla adjudicadas inicialmente por un importe de 86 millones de euros, pero a las que finalmente hubo que destinar más de 100 millones. En un informe, la Guardia Civil vincula esta obra con una supuesta mordida de 450.000 euros que presuntamente reclamaban Ábalos y Koldo García como no recibidas.

No es la primera vez que agentes de la UCO acuden a Acciona a recabar información sobre el supuesto amaño de concursos públicos en el periodo 2018-2021 en el que Ábalos fue titular de la cartera de Fomento y Transportes. El pasado 9 de junio, el juez Puente envió a la Guardia Civil a la constructora a requerir la documentación ―entonces no fue un registro, como sí lo es la diligencia de este viernes― sobre los expedientes de cinco obras de la Dirección General de Carreteras y del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) que se adjudicó a la constructora formando parte de Uniones Temporales de Empresas (UTE) con otras compañías.

Aquel requerimiento de información fue motivado también por un informe de la UCO, en este caso sobre el patrimonio de Ábalos, que apuntaba ya a nueve expedientes concretos de licitación de Transportes como sospechosos de haber sido amañados, entre ellos cinco adjudicados a Acciona. Los agentes destacan en aquel documento que estos amaños fueron posibles por la supuesta “relación” entre la empresa Acciona y Cerdán, del que aseguraban que “habría desempeñado un papel activo en la gestión de los fondos [supuestamente recibidos como mordidas], siendo el propio Koldo [García] quien le reclamaba el abono de las cantidades, tanto en favor de Ábalos como en beneficio propio”. Por ello, concluían que el antiguo número tres del PSOE no solo “habría tenido pleno conocimiento de los pagos efectuados, sino que, además, habría actuado como mediador de los mismos”.

Cuando se conoció aquel informe, la constructora hizo público un comunicado en el que mostraba su total “desconocimiento, sorpresa y preocupación” ante los hechos investigados y descargaba la responsabilidad en uno de sus exdirectivos, Fernando Merino Vera, responsable de la compañía en Navarra e imputado en la causa, que declaró por estos hechos el pasado 7 de julio.

Según aquel informe de la UCO, Merino mantenía supuesta una antigua relación con Koldo García que presuntamente facilitó que Acciona se hiciera con la adjudicación de obra pública en Navarra. Cuando García se incorporó al equipo de Ábalos en Fomento, esta relación continuó y se plasmó en el supuesto envío de información privilegiada para que la constructora ganara concursos de obra público “indiciariamente a cambio del pago de un precio”, recogía el juez Puente en un auto.