Oro, barcos, coches de lujo y 29 millones en el extranjero: el juez cerca al empresario que financió a Alvise

Álvaro Romillo Castillo, el empresario de criptomonedas que aseguró haber entregado 100.000 euros al eurodiputado y líder de Se Acabo La Fiesta (SALF) Luis Pérez, Alvise, para las elecciones de junio de 2024, declara este viernes en la Audiencia Nacional ...

Álvaro Romillo Castillo, el empresario de criptomonedas que aseguró haber entregado 100.000 euros al eurodiputado y líder de Se Acabo La Fiesta (SALF) Luis Pérez, Alvise, para las elecciones de junio de 2024, declara este viernes en la Audiencia Nacional después de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil lo detuviera el jueves ante el riesgo de que se fugara. El juez José Luis Calama investiga si Romillo lideró una organización criminal que estafó a más de 3.000 personas a través de una plataforma que ofrecía invertir en oro, barcos, coches y otros artículos de lujo a cambio de unas rentabilidades irreales. La estructura se esfumó y las pesquisas, que ha detectado movimientos de hasta 29 millones de euros en el extranjero, trata de confirmar si Romillo supuestamente se quedó con los bienes.

La Audiencia Nacional investiga desde septiembre de 2024 la actividad del Madeira Invest Club (MIC), un autodenominado “club privado de inversión” considerada chiringuito financiero por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que quebró en esas fechas y que dirigía Romillo ―conocido también como Cryptospain o Luis Crypto―, pero no ha sido hasta esta semana cuando el juez ha considerado que el riesgo de huida del empresario era fehaciente y ha ordenado su detención. El instituto armado le acusa de estar detrás de una macroestafa piramidal de esquema Ponzi con la que se hizo con más de 260 millones de euros. En los últimos meses, mientras el sumario seguía secreto, la UCO ha desenmarañado un complejo entramado de sociedades pantalla y cuentas bancarias repartidas entre España, Portugal, Reino Unido, Albania, República Dominicana, EE UU, Singapur, Bélgica, Tailandia y Hong Kong.

De acuerdo a la documentación a la que ha tenido acceso EL PAÍS, Romillo “tenía pleno conocimiento” de que la plataforma que dirigía no estaba autorizada para prestar servicios de inversión y, por ello, “adoptó diversas medidas para mantener el engaño”. Aprovechó su influencia en redes sociales para captar clientes que aportaran sus ahorros con la promesa de invertirlos en lo que él denominaba “obras” y que presentaba como activos exclusivos que podían generar a las víctimas “rentabilidades mínimas de un 20% anual”. “La participación en cada ‘obra’ consistía en la adquisición de un archivo digital en formato JPG, descrito como una obra digital vinculada contractualmente al inversor mediante un documento de compraventa, cuya recompra por parte del MIC estaba garantizada, una vez transcurrido un periodo previamente establecido, con un porcentaje de rentabilidad fijo y asegurado”, explica la Guardia Civil en su último informe.

Para captar inversores, Romillo desarrolló una intensa actividad de promoción y captación a través de medios digitales y redes sociales en las que incidía en “la idea de exclusividad, de alta rentabilidad, utilizando reiteradamente fechas límites o plazos muy próximos, y presentando una apariencia de profesionalidad y solvencia financiera. Todo ello, impulsado a través de eventos multitudinarios, con la colaboración de personas de notoriedad pública, y con inauguraciones presenciales”, continúan los agentes, que recuerdan que a uno de esos actos asistió Alvise.

Las “obras” que atesoraba Madeira Invest Club como cebo dejan con la boca abierta a cualquier coleccionista: relojes por valor de 14 millones de euros (de las marcas de lujo Rolex y Patek Philippe, entre otros); monedas de oro por más de 800.000 euros; más de 1,3 millones en criptomonedas; barcos valorados en 6 millones (el Alter Ego con 30,87 metros de eslora que se ha incautado en Portugal, el Joker con 34,10 metros que se ha encontrado en Miami y una embarcación de cinco motores que está en República Dominicana), vehículos por otros 14,5 millones (Ferrari, Porsche, Lamborghini, Bentley y Alfa Romeo, entre otras marcas); y un largo etcétera.

La Policía Nacional ya desarrolló en julio la llamada Operación Bentley, que desembocó en la incautación de varios automóviles de lujo que Romillo supuestamente había sacado de un concesionario que tenía en Madrid (y que también formaba parte de las inversiones que ofrecía a las víctimas) y había trasladado a Sevilla para ocultarlos. En su informe, la Policía habla de “salida masiva” de vehículos con el objetivo de ocultar su patrimonio.

Fuentes jurídicas explican que los investigadores trabajan con la tesis de que Cryptospain descapitalizó la plataforma de inversión poco a poco para quedarse con el dinero. Es más, el juez Calama ha remitido a los juzgados de Plaza de Castilla todos los indicios que apuntan a un delito de alzamiento de bienes porque en los últimos meses el empresario ha estado poniendo todas sus sociedades a nombre de personas de su entorno. “Es un clan familiar”, señalan dichas fuentes. En la Audiencia Nacional se enfrenta a delitos de organización criminal, blanqueo de capitales y estafa. Solo este último puede ser penado con hasta 18 años de prisión “si se estima que constituye un delito en masa”, indica el juez Calama en el auto de detención.

Las acusaciones también han puesto bajo sospecha el robo que Romillo aseguró haber sufrido en su vivienda de San Sebastián de los Reyes a finales de agosto. Él denunció que unos asaltantes enmascarados habían entrado a punta de pistola la noche en la que había llegado de viaje de Ibiza y habían logrado robarle 36 relojes por valor de 650.000 euros y dos millones de euros en criptomonedas. Según la denuncia que interpuso posteriormente, no tenía activadas las cámaras de videovigilancia de la casa. Algunas fuentes jurídicas apuntan a que pudo tratarse de una simulación para seguir deshaciéndose del dinero y los bienes que supuestamente habría estafado. El magistrado de la Audiencia Nacional ha solicitado al juzgado de Alcobendas que investiga el robo que le remita los informes policiales incorporados a esa causa.

29 millones de euros

El análisis de las cuentas bancarias de Romillo ha sido crucial para determinar su arresto. La UCO destaca la “escasez de apuntes bancarios vinculados a las cuentas personales” del empresario durante el periodo en el que la plataforma de inversión desarrolló la actividad más intensa. “Los abonos, cargos y saldos de sus cuentas bancarias no se corresponderían al nivel de negocio que lidera, y al alto tren de vida que exhibe públicamente”, indican los agentes en su último informe, fechado el pasado miércoles. “Esta desproporción entre la escasa actividad financiera y la magnitud económica del proyecto que dirige, constituye un indicio relevante de ocultación patrimonial y de desvío de fondos a través de terceras personas, sociedades interpuestas, jurisdicciones extranjeras o mediante la utilización de criptoactivos”, concluye el informe policial.

Los investigadores señalan a una mercantil portuguesa llamada Sabrosso LDA como pieza clave de esta presunta ocultación. En ella supuestamente entraba el dinero de los inversores perjudicados. En paralelo, Romillo y sus socios presuntamente lo extraían mediante transferencias que tenían destino depósitos bancarios en el extranjero. La UCO ha localizado una cuenta en Singapur a nombre de una sociedad de Hong Kong que ha recibido más de 29 millones, lo que muestra “de manera inequívoca la existencia de desvíos de dinero”. La cooperación internacional con otros países ha permitido bloquear esa cuenta en la que ahora mismo se desconoce el saldo exacto.