Tres fiscales respaldan a García Ortiz ante las dudas sembradas por la fiscal superior de Madrid

La herida abierta que el proceso contra el fiscal general del Estado ha dejado en la cúpula fiscal se ha evidenciado en la primera sesión del juicio, donde se ha producido un cruce de versiones y de reproches entre varios representantes del ministerio público. De un lado, la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, quien ha asegurado que sospechó del fiscal general desde el principio como autor de la filtración del correo electrónico vinculado al empresario Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso y procesado por fraude fiscal, aunque no ha explicado el porqué de esa sospecha. Su relato ha sido cuestionado por la fiscal jefa provincial, Pilar Rodríguez, y por el teniente fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General, Diego Villafañe, quienes han respaldado la actuación de García Ortiz.

La declaración de Lastra era una de las más esperadas del juicio porque, desde que se inició la investigación, ha puesto el foco en el fiscal general. Como ya hiciera durante su declaración en la fase de instrucción, la fiscal superior de Madrid ha asegurado que la noche del 13 de marzo de 2024, después de que El Mundo publicara que la Fiscalía buscaba un pacto con el abogado de González Amador, ella acordó con García Ortiz que había que publicar una nota de prensa para desmentir esta versión y contar que era el letrado quien estaba buscando el pacto. Pero, según Lastra, esa aclaración no corría prisa, por lo que ordenó a la fiscal jefa provincial y a su jefe de prensa que no hicieran nada hasta el día siguiente.

Sin embargo, el fiscal general instó a Pilar Rodríguez a recabar los correos intercambiados entre el abogado de González Amador y el fiscal que había llevado su caso, Julián Salto, para poder empezar cuanto antes a elaborar la nota de prensa. Y, cumpliendo esa orden, la fiscal jefa provincial le pidió a Salto los mails y se los reenvió a Lastra y a García Ortiz, una decisión ante la que Lastra, según su versión, le reprochó: “¿Por qué se los has enviado? Pilar, los van a filtrar”. Preguntada por esa afirmación, la fiscal provincial ha asegurado que su jefa nunca le hizo tal advertencia. “A mí se me habría encendido una lucecita en mi cerebro si alguien me dice algo así. En cualquier caso, yo jamás me represento que nadie del ministerio fiscal vaya a realizar una filtración” ha dicho Rodríguez.

Lastra ha ahondado en su sospecha al relatar que en la mañana del 14 de marzo ella misma le preguntó a García Ortiz si había filtrado los correos intercambiados entre el fiscal del caso y el abogado González Amador, a lo que el fiscal general, según la fiscal superior, contestó: “Eso ahora no importa”. “Se me clavó en el alma”, ha asegurado Lastra.

El enfrentamiento de la fiscal superior con Rodríguez y García Ortiz se ha puesto también de manifiesto en su relato sobre el comunicado difundido por la Fiscalía en la mañana del 14 de marzo para desmontar la falsa versión del entorno de Ayuso. Esa nota, que hacía un recorrido por los pasos que había ido dando la Fiscalía hasta denunciar a González Amador, estuvo en el origen de la causa contra el fiscal general porque, supuestamente, revelaba información confidencial del empresario, un extremo que luego puso en cuestión el Supremo. “Yo no veía la necesidad de dar tanto detalle. A mi juicio no había por qué decir si había o no reconocido los hechos. Solo había que haber explicado que era una conformidad como tantas otras, no revelar la estrategia de defensa del investigado”, ha señalado Lastra.

Por su parte, tanto Villafañe, mano derecha de García Ortiz, como la fiscal jefa provincial, han cuestionado la decisión de la fiscal superior de no informar públicamente de la investigación abierta contra la pareja de la presidenta madrileña, que solo se conoció cuando fue publicada por la prensa el 12 de marzo de 2024, una semana después de que la fiscalía madrileña interpusiera la denuncia. Ambos fiscales han señalado que esa decisión contrasta con la actuación de la fiscalía madrileña en otras denuncias por fraude fiscal contra personas de relevancia mediática, sobre las que el departamento dirigido por Lastra sí que ha dado publicidad, incluso antes de que la denuncia se formalizara.

La sesión de este lunes ha dejado otro dato relevante. Durante su declaración, la fiscal superior ha admitido que conoció el 12 de marzo de 2024 que el proceso abierto contra el abogado de González Amador podía acabar en un acuerdo de conformidad con la Fiscalía, un día antes de que se filtrara esa negociación y el correo que centra la investigación. Fue en un encuentro en el que coincidieron la fiscal superior, la jefa provincial y el fiscal Salto, que, en una conversación informal, les resumió las conversaciones que había tenido con el letrado y les dijo que, probablemente, el asunto acabaría en un acuerdo.

Este hecho ha sido también confirmado por el fiscal Salto, quien, durante su declaración, ha calificado de “orden legal” la petición, por parte del fiscal general, de que se le enviaran todos los correos que había intercambiado con Carlos Neira, el abogado fiscalista de González Amador, incluido el mail que centra la investigación.

Salto ha contado que el 7 de marzo de 2024, sus jefes le reclamaron toda la información sobre el caso de González Amador, después de que un periodista hubiera llamado a la Fiscalía General para pedir información por una denuncia presentada contra la empresa Maxwell Cremona. El fiscal ha admitido que le llamó la atención porque no le parecía un asunto “de mucha enjundia” sino “un delito de fraude fiscal más”. Él envió la documentación sobre el caso a la decana de la fiscalía de delitos económicos y, cuando al día siguiente preguntó a qué obedecía el interés por ese caso, le dijeron que el investigado era la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid.

Las acusaciones han intentado cuestionar la decisión de la Fiscalía General de activar para la denuncia contra González Amador una dación de cuentas, un procedimiento previsto en el artículo 25 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal por el que los fiscales están obligados a informar a sus superiores de asuntos de especial relevancia. Quien puso en marcha ese procedimiento fue el fiscal Villafañe, que ha recalcado que el año pasado activó 215 daciones de cuentas (“más de una por cada día laboral”) y que el 8 de marzo de 2024, justo un día después de reclamar a la Fiscalía de Madrid toda la información sobre el procedimiento contra la pareja de Ayuso, hizo lo mismo sobre el caso de Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno. “La animadversión de la fiscal superior de Madrid ante el fiscal general del Estado actual, ante la anterior [la también exministra de Justicia Dolores Delgado] y ante muchos fiscales que asumimos cargos en la Fiscalía General es evidente”, ha apuntado Villafañe, quien ha acusado a Lastra de hacer “críticas infundadas” contra ellos “en cualquier foro público”.