Los ‘narcookupas’ se resisten a ser desalojados

“Usted vive una casa decomisada por delitos de tráfico de drogas”. La primera noticia que reciben los okupas siempre llega por escrito y la entrega un agente de la autoridad. Muchos se muestran sorprendidos de saber que han alquilado la vivienda de un narcotraficante. Los que ya eran conscientes, porque ellos mismos son los condenados, siguen defendiendo que la casa es suya y no del Estado. El Fondo de bienes decomisados por tráfico ilícito de drogas y otros delitos relacionados —que gestiona las propiedades intervenidas por estos delitos cuando hay condena firme y se encarga de que esos biene...

“Usted vive una casa decomisada por delitos de tráfico de drogas”. La primera noticia que reciben los okupas siempre llega por escrito y la entrega un agente de la autoridad. Muchos se muestran sorprendidos de saber que han alquilado la vivienda de un narcotraficante. Los que ya eran conscientes, porque ellos mismos son los condenados, siguen defendiendo que la casa es suya y no del Estado. El Fondo de bienes decomisados por tráfico ilícito de drogas y otros delitos relacionados —que gestiona las propiedades intervenidas por estos delitos cuando hay condena firme y se encarga de que esos bienes terminen repercutiendo en la sociedad— se ha encontrado en los últimos años con un “incremento significativo” de situaciones en las que las viviendas que ya pertenecen al Estado están ocupadas por los propios condenados, sus familias o personas que alegan ser arrendatarios, según recoge en su memoria anual de 2024. La cifra no es muy abultada. “Podría hablarse de decenas”, estiman fuentes de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional de Drogas, que depende del Ministerio de Sanidad. Pero estas situaciones multiplican exponencialmente su trabajo y añaden años de nuevos pleitos y gastos al largo camino judicial que ya acumulan estos bienes.

Uno de sus okupas más célebres es Marcial Dorado, conocido, además de por su actividad de contrabando, primero de tabaco y luego de droga, por las fotos en su yate en los años 90 con el ahora líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en la ría de Vigo. La Delegación del Gobierno, a través de la Abogacía del Estado de Pontevedra, lleva desde 2020 intentando desalojarle del chalé familiar en A Illa de Arousa (Pontevedra, 4.926 habitantes), donde sigue viviendo. La propiedad, valorada en 3,4 millones en la década pasada, está a nombre del Estado.

Dorado ha sido condenado en firme a seis años de prisión y a una multa de 21,5 millones de euros por blanqueo de dinero del narcotráfico. Su patrimonio, valorado en 21,4 millones, fue decomisado y se está subastando por lotes.

Pero el chalé familiar se está resistiendo. Los abogados de Dorado alegan que está utilizando la vivienda mediante un comodato, figura del Derecho Civil que significa “préstamo de uso”, según fuentes conocedoras de este procedimiento. Dorado agotó todas las vías por la parte administrativa y ahora se encamina por lo judicial. EL PAÍS ha intentado contactar, sin éxito, con Dorado para recabar su versión de esta reclamación judicial.

En el Ayuntamiento de este municipio aguardan a que termine el pleito. A Luis Arosa, su alcalde, le gustaría adquirir la propiedad. “A lo mejor estamos soñando, nuestra idea es hacer un centro de día y una casa de la juventud para mezclar dos generaciones”, explica en conversación telefónica. Ya han comprado otras propiedades al Estado para destinarlas a un uso público, como unos terrenos de 582 metros cuadrados para hacer un pabellón y otras parcelas, de 3.000 metros cuadrados en un monte, en el que quieren hacer un parque forestal y otro, de 3.000 metros cuadrados, para vivienda pública. “Son terrenos que, con la connotación que tienen, al final terminarán revirtiendo en el pueblo”, señala.

“No se renuncia a ninguna de estas propiedades”, destacan las fuentes de la Delegación. El objetivo final es subastarlas para que ese dinero pase a formar parte de un fondo que se dedica para que los cuerpos policiales o la Fiscalía Antidroga, entre otros beneficiarios, puedan seguir investigando el narcotráfico y para campañas de prevención a cargo de fundaciones o ayuntamientos, entre otros destinos.

Estas casas okupadas no son solo mansiones en zonas de lujo de la Costa del Sol, uno de los clichés de las operaciones contra el narcotráfico. También hay bloques de apartamentos que se han podido adquirir para blanqueo de capitales, chalés, apartamentos, bajos o pisos en zonas marginales. “El incremento de casas okupadas está relacionado con una subida del número de viviendas a disposición del fondo porque las condenas que adquirieron firmeza en los últimos años llevaban aparejados gran cantidad de estos bienes inmuebles y con un refuerzo de personal que les ha permitido mejorar el seguimiento de estos casos”, valoran. Pontevedra, Málaga, Cataluña o Tenerife, son algunos de los lugares en los que pleitean con estas situaciones.

En 2024 se comunicaron 1.947 sentencias firmes, un 15% más que el año anterior, y el número de decomisos experimentó también un aumento del 18%. De esos 1.508 decomisos, 58 eran inmuebles, un 3,84%. La mayoría son vehículos (43,50%) y objetos (44,09%).

Otro de los bienes que están en proceso de incorporar es un edificio del hisórico narco gallego José Ramón Prado Bugallo,Sito Miñanco, en el que hay arrendamientos suscritos antes de la firmeza de la sentencia, por lo que tienen que respetarlos. Con todo, en ese bloque hay “algunos” que se consideran ocupados porque esos alquileres se firmaron con posterioridad, explican. También prevén la llegada de “muchos inmuebles” de la sentencia condenatoria del clan de Los Miami, aunque la Audiencia Nacional todavía no los ha adjudicado al Estado. En esta causa 60 acusados, entre ellos Ana María Cameno, conocida por el alias de La Reina de la coca, reconocieron los hechos de los que les acusaba la Fiscalía Antidroga y el tribunal impuso multas cercanas a los 85 millones.

Una vez que la Delegación del Gobierno recibe la notificación de las viviendas que se le asignan, las tiene que tiene que inscribir en el registro de la propiedad a nombre del Estado y comienza a hacer los trámites para valorarlas con la idea de subastarlas. Entonces, avisan a Policía Local, Guardia Civil o Policía Nacional, según corresponda, para que comprueben las circunstancias del inmueble. En ese momento es cuando se encuentran con los okupas. Puede ocurrir que tras esa llamada “por las buenas”, se acuerde una fecha de salida, pero ocurre en muy pocos casos, cuentan las mismas fuentes. En la mayoría, tienen que emprender acciones judiciales para recuperar el bien. A todo el recorrido que lleva el procedimiento, se añaden otros dos o tres años más hasta poder disponer del bien.

Uno de los casos más longevos con el que están pleiteando es el de una condenada que lleva una década en una casa en la Costa del Sol, con su hijo, mayor de edad. Las medidas para frenar los desahucios implantadas durante la pandemia evitaron su desalojo por razones de vulnerabilidad social. El pleito se ha ganado, pero no se ha ejecutado. A finales de diciembre volverán a revisar su situación.

La lista de avatares para liberar las viviendas del fondo de bienes decomisados es larga. En un caso de Tenerife, la expropietaria acudió al día siguiente de desalojarla y volvió a meterse en ella. Esa vivienda, cuyas escrituras se firmaron el pasado abril, finalmente se vendió vacía. Algo parecido ocurrió en un piso en una zona de Plasencia, donde se encontraron una pareja de jóvenes que, a pesar de ser desalojados, volvieron a entrar después en la vivienda.

Las comunidades de propietarios protestan por la situación en la que se encuentran las viviendas, como ocurrió en un bajo de Hospitalet de Llobregat, habitado por una pareja, cuyos trámites se demoraron cinco años. “Son casos contados, pero dan trabajo”, reconocen estas fuentes. Una vez que se abre el procedimiento, en los que les representa el Abogado de Estado, los abogados “siempre recurren”, y cuando se llega al final del pleito tienen que ejecutar la sentencia y por fin tomar posesión. “Hay veces que va la comisión judicial y todavía siguen allí”.