La Audiencia Nacional cita al exministro de finanzas de Andorra como testigo del caso de los ‘diamantes de sangre’
El magistrado Francisco de Jorge amplía la investigación, inicialmente abierta por un presunto delito de lesa humanidad, al blanqueo de capitales
El juez de la Audiencia Nacional Francisco de Jorge ha citado como testigo al exministro de finanzas de Andorra Jordi Cinca dentro de la causa en la que investiga la presunta implicación del empresario español Manuel Terrén Parcelisas en el tráfico de diamantes de sangre, las piedras preciosas e...
El juez de la Audiencia Nacional Francisco de Jorge ha citado como testigo al exministro de finanzas de Andorra Jordi Cinca dentro de la causa en la que investiga la presunta implicación del empresario español Manuel Terrén Parcelisas en el tráfico de diamantes de sangre, las piedras preciosas extraídas mediante el trabajo de esclavos en minas de Sierra Leona para financiar la guerra civil que asoló este país africano entre marzo de 1991 y enero de 2002.
La citación del exministro andorrano se produce después de que el magistrado haya considerado “procedente” ampliar la investigación, inicialmente abierta por un presunto delito de lesa humanidad y otro de pertenencia a organización criminal, a un delito conexo como es el blanqueo de capitales. Esta decisión ha venido amparada por un informe de la Policía Nacional que apuntaba a la existencia de este nuevo delito y al informe favorable del fiscal.
En la misma resolución, el juez cita también a declarar, pero esta vez como investigados, a otras dos personas: María do Socorro T. X., esposa de Terren, y Marc P. P., expresidente de la Cámara de Comercio de Andorra. El magistrado también ordena librar una comisión a la República Popular de China para recabar información sobre una mercantil con sede en Hong Kong desde la que se transfirieron fondos entre enero y mayo de 2015 a la mujer del empresario imputado.
El juez Alejandro Abascal, primer instructor de la causa, abrió el sumario en 2022 tras recibir una querella de un ciudadano de Sierra Leona que tuvo que trabajar como esclavo en una mina de diamantes explotada por el grupo paramilitar Frente Revolucionario Unificado (FRU) durante la guerra civil de este país africano, ocurrida entre marzo de 1991 y enero de 2002. Según esta querella, presentada por el abogado Hernán Garcés en coordinación con la ONG suiza Civitas Maxima, la víctima había sido “obligada a trabajar día y noche junto con otros 300 civiles en condiciones inhumanas de vida”. En la causa está imputado un empresario español, Manuel Terrén Parcerisas, detenido en Málaga en julio del año pasado acusado de ser el presunto “diseñador y coordinador de la trama empresarial” para el blanqueo de estos diamantes en Europa y actualmente en libertad provisional.
Este agosto, la Policía Nacional pidió al juez de la Audiencia Nacional investigar si por el puerto de Bilbao transitaron, entre finales de los noventa y comienzos de nuestro siglo, “al menos tres envíos de armas” camufladas en la carga de otros tantos barcos para el FRU durante un conflicto bélico que dejó más de 70.000 muertos y 2,6 millones de desplazados en este país africano, según se recogía en un oficio de la Comisaría General de Información (CGI) al que tuvo acceso EL PAÍS.
Esta nueva línea de investigación se determinó después de que el testigo protegido 11/2024 asegurara ante el juez el 18 de junio del año pasado haber estado presente o conocer de primera mano tres negociaciones para el intercambio de armas por diamantes procedentes de Sierra Leona. Y añadió que los envíos del material bélico se realizaron desde “el puerto de Bilbao a Liberia”, país en el que se habían asentado dos sociedades mineras supuestamente implicadas en la trama.