El Congreso aprueba la ley de movilidad con la abstención de Podemos

En un parlamento de mayorías tan ajustadas hasta el último voto cuenta. La ley de movilidad sostenible, que ha recibido el visto bueno de la Cámara baja este miércoles tras 20 meses de tramitación, ha sido el último ejemplo de ello. La norma, fundamental para el desembolso de 10.000 millones de los fondos europeos, ha salido adelante por 174 votos a favor, 170 en contra y cuatro abstenciones tras un acuerdo del Gobierno con Podemos, la ausencia de un diputado del PP y pese al error de otro del PNV.

El Ejecutivo había intensificado en las últimas horas las negociaciones con el partido de Ione Belarra, con el que finalmente ha acordado reforzar los criterios medioambientales en las obras de ampliación del aeropuerto del Prat, según ha aclarado el ministro Óscar Puente, que rechaza, como ha asegurado inicialmente Podemos, que la ampliación se aplace hasta 2031, porque eso era algo que “ya estaba contemplado”. “El acuerdo no supone ninguna variación en los plazos explicitados en el DORA III. No es ninguna novedad. El Prat tiene por delante una tramitación ambiental compleja. Este acuerdo refuerza los parámetros ambientales de un proyecto que será un ejemplo medioambiental para España y Europa”, ha señalado. “Estos cinco puntos no aportan mucho porque ya estaban anunciados”, ha valorado también sobre el acuerdo el ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun. “Este acuerdo concreto no tiene validez: para los catalanes deciden los catalanes. Los plazos no varían”, suscriben fuentes de Junts.

La tensión se había mantenido hasta última hora, después de que Podemos insistiera en tribuna en poner como línea roja esta condición. Buena parte de los grupos habían reprendido al partido por su actitud. “Llega la hora de elegir: o se está con los nuevos derechos o se está con la extrema derecha”, había señalado el diputado socialista Ignacio López.

En otra jornada loca en el hemiciclo, la ausencia del popular Guillermo Mariscal, secretario tercero de la Mesa del Congreso —de vacaciones en México tras haber contraído matrimonio—, parecía haber inclinado la balanza hacia el sí ya sin importar lo que hiciesen los de Belarra, pero el error del parlamentario del PNV Mikel Legarda en el voto telemático alertó de nuevo de que la ley corría peligro. Finalmente, el acuerdo con Transportes ha allanado el camino para el visto bueno de la norma. El pacto incluye la obligación por parte del ministerio de elaborar un informe vinculante por el que cualquier proyecto para El Prat tendrá que cumplir con los objetivos de reducción de emisiones de la Directiva europea Fit for 55. Ese texto fija una reducción de emisiones del 55% para 2030 y la neutralidad climática para 2050.

“Para que Podemos hoy no tumbe la ley de movilidad les exigimos el compromiso claro por escrito de que no habrá ampliación del Prat”, ha señalado el diputado Javier Sánchez Serna en su turno de palabra durante el debate, quien ha mantenido el tono crítico de su partido estas semanas y ha denunciado que la norma “es una oportunidad perdida”.

“No engañen, aquí estamos para hacer política. Si ustedes creen que estamos en el patio del colegio y que vienen aquí a dar pataditas a ver si le hace daño al Gobierno de España, no. Ser responsable es dar el sí hoy a este proyecto de ley, porque es bueno para la gente”, ha expuesto Ignacio López.

El Ejecutivo ha apurado las conversaciones en las últimas horas para buscar una salida y obtener así, al menos, la abstención de sus cuatro diputados, suficiente para aprobar la ley. El Gobierno defiende que el texto busca modernizar el transporte, impulsar la descarbonización y que es fundamental para garantizar el acceso a los 10.000 millones de los fondos europeos vinculados a un paquete de reformas del Plan de Recuperación.

Las alusiones veladas a Podemos han sido una constante de los grupos. “No se equivoquen, no va a haber en esta legislatura ni ampliación del puerto de Valencia ni del aeropuerto del Prat”, había respondido ya a Sánchez Serna el portavoz adjunto de Sumar Alberto Ibáñez, en una intervención muy dura en la que ha achacado las dudas sobre la aprobación de la ley a cuatro factores: “El miedo en las izquierdas al malmenorismo, la torpeza del retardismo climático del PSOE, el fanatismo climático de Vox y el miedo del señor Feijóo al sorpasso de Vox”. El diputado de Compromís ha afeado a los parlamentarios que no estuvieran hablando “del contenido” de la ley, sino “haciendo estrategia corta”. “Déjense los complejos en casa y voten a favor de una ley que avanza en la democratización, la descarbonización, la descentralización y la digitalización del transporte. El resto es campaña electoral cutre”, ha concluido.

“La encrucijada es entre ponernos estupendos y volver a la casilla cero y permanecer en la Cofradía del Santo Reproche o hacer de esto como la llegada al campamento base para seguir escalando”, ha defendido Mikel Otero, de EH Bildu. El diputado ha reconocido que el balance es “agridulce” y que el resultado final “no está a la altura de lo que requiere el desafío climático”.

En su discurso en el pleno, también la diputada de Coalición Canaria, Cristina Valido, ha puesto en valor que la norma haya incorporado las peticiones de su partido y reconozca las “singularidades y dificultades” que en materia de movilidad vive el archipiélago. Valido ha pedido igualmente el apoyo de los grupos: “Espero que prioricen el interés de la ciudadanía al ombligo de sus partidos”.

En el otro lado de la balanza, el portavoz del PP José Alberto Herrero, que ha tildado la ley de “puramente ideológica”, ha reprochado a los partidos de la coalición que no hayan intentado “llegar a un acuerdo con el grupo mayoritario de la Cámara” y ha colado en su intervención los presuntos casos de corrupción que acechan a ex altos cargos socialistas para comparar “el mercadeo de enmiendas en negro” durante la tramitación del texto con “el dinero en sobres que entra y sale de Ferraz”.

Un nuevo derecho

Por primera vez, el texto aprobado reconoce el derecho de las personas a una movilidad sostenible, que se vincula con la obligación de elaborar una Estrategia Estatal contra la Pobreza de Transporte. La norma establece que las empresas de más de 200 trabajadores deberán contar con planes de movilidad sostenible al trabajo y puntos de recarga para coches eléctricos. La ley empujará la recuperación de trenes nocturnos de conexión con Europa e incluye una reforma de las etiquetas ambientales de la DGT. Tras su paso por la comisión del Congreso, los grupos han modificado el texto a través de una treintena de enmiendas. Entre las novedades, se “impulsará la reducción de los vuelos domésticos en aquellas rutas en las que exista una alternativa ferroviaria con una duración menor de dos horas y media”, salvo en casos de conexión con aeropuertos que enlacen con rutas internacionales.

Planes de ampliación de El Prat

El diseño de la nueva T1 supondrá poder ganar 70.000 metros cuadrados de superficie extra, a costa de desplazar 38 metros toda la fachada del edificio, y también prevé la ocupación de viales y aparcamientos actualmente destinados a automóviles y autobuses. Además, se procederá a la demolición de una antigua torre de control que lleva veinte años en desuso.

El arranque de los primeros trabajos en el interior de la T1 ha empezado ya, con el cambio de los filtros de seguridad. La remodelación interior tiene que correr en paralelo con la tramitación administrativa para lograr los permisos medioambientales que tienen que dar luz verde al alargamiento de la tercera pista, la más cercana al mar. La intervención en la pista está prevista a partir de 2031 y supone la afectación de un espacio protegido con el sello Red Natura 2000, por lo que las autorizaciones dependen de las autoridades de la Unión Europea. La previsión es poder cortar la cinta de inauguración en 2033. Informa Marc Rovira.