La defensa de Begoña Gómez pide que La Moncloa informe sobre los asistentes de las esposas de los expresidentes del Gobierno
El abogado de la mujer de Pedro Sánchez solicita al juez que requiera una relación con “los puestos ocupados y las funciones” que desempeñaron esos ayudantes
La defensa de Begoña Gómez ha solicitado este lunes al juez que requiera a la secretaria General de Presidencia del Gobierno información exhaustiva sobre todos los asistentes de las mujeres de los jefes del Ejecutivo en democracia y en concreto qué funciones llevaban a cabo y con qué delimitaciones. El exministro Antonio Camacho, abogado de la esposa de Pedro Sánchez, ha enviado esta solicitud el mismo día en la que su representada estaba citada por el magistrado Juan Carlos Peinado para comunicarle que la causa abierta contra ella por tráfico de influencias, intrusismo, corrupción en los negocios y apropiación indebida tampoco se verá por un tribunal profesional si llega a juicio, sino que sería juzgada por un jurado popular. Gómez no acudirá a los juzgados para dicho trámite judicial y delegará su presencia en Camacho, según han adelantado fuentes de su defensa. El escrito de la defensa precisa que su petición consiste en que La Moncloa “informe sobre todos los antecedentes que le consten con relación al nombramiento de asistentes al cónyuge del presidente del Gobierno con la delimitación de los puestos ocupados y las funciones que llevan a cabo”. El abogado se escuda para ello en el artículo 27 de la Ley del Jurado para que se practiquen las diligencias. Todas las cónyuges de los presidentes del Gobierno en democracia han dispuesto de asistentes.
También este lunes, la Abogacía del Estado en representación del delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, ha pedido al juez Juan Carlos Peinado que archive la investigación que dirige contra el cargo del Ejecutivo al negar que participase en la designación de Cristina Álvarez como asesora de Begoña Gómez en La Moncloa, al tiempo que ha mostrado su oposición a que sea juzgado por un jurado popular en caso de que vaya a juicio por presunta malversación.
Desde que se abriera la causa contra Gómez en abril de 2024, Peinado, titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid, le imputa cinco delitos (malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca e intrusismo profesional). La instrucción se ha convertido en un largo proceso cuestionado por juristas por ir más allá de lo debido en algunas decisiones y por la falta de indicios y de argumentación en otras. Algunas de ellas (como intentar imputar al ministro Félix Bolaños por malversación u ordenar ciertos registros) fueron corregidas por instancias superiores, como el Tribunal Supremo o la Audiencia Provincial de Madrid, que consideró que Peinado se había “excedido” en sus actuaciones.
Esta solicitud deriva del supuesto delito de malversación que el juez Peinado imputó a Gómez este agosto. Esta línea de investigación arrancó después de que el pasado noviembre el instructor llamase a declarar como testigo a la exasesora de La Moncloa y antigua asistente de la esposa del presidente, Cristina Álvarez, por haber hecho presuntamente gestiones en nombre de Gómez para la cátedra extraordinaria. Durante su declaración, Álvarez afirmó que sus gestiones con la universidad fueron favores personales y que fue contratada por La Moncloa para coordinar la agenda institucional de la esposa de Sánchez, cargo que ya habían desempeñado otras personas con las esposas de los anteriores presidentes del Gobierno. Casi tres semanas después de la declaración y de admitir que no había pruebas de su implicación, Peinado cambió la condición de Álvarez a investigada.
Tras ordenar diversas diligencias, como requerir al Gobierno la relación de todos los trabajadores y asesores que “desempeñan sus labores” en La Moncloa, Peinado citó al ministro de Presidencia Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, por la contratación de Álvarez en 2018 cuando este estaba al frente de la Secretaría General de Presidencia.
En su declaración un mes después, el ministro afirmó que no participó en la contratación de la asistente de Gómez. Con eso, un mayo, Peinado imputó a Francisco Martín Aguirre por un delito de malversación de caudales públicos por la contratación de Álvarez, justificando que Martín era su “responsable y superior jerárquico” cuando este trabajaba en La Moncloa. En su declaración como investigado, el actual delegado aseguró que él llegó al puesto en 2021, antes de dicha contratación, y que por entonces el cargo de secretario lo ocupaba Bolaños. Finalmente, el instructor solicitó este junto al Tribunal Supremo la imputación de Bolaños por la supuesta contratación irregular de la asesora, pero esté la rechazó por no haber “el más mínimo respaldo indiciario”.
El instructor dio un paso más en agosto e imputó a Gómez y a Álvarez por un delito de malversación. Finalmente, en septiembre las citó para comunicarles que, en caso de que sean juzgadas por este delito, lo haría un jurado popular. La semana pasada, Peinado extendió el procedimiento con jurado a toda la investigación.