Begoña Gómez no acudirá este lunes a la citación del juez Peinado

Begoña Gómez no acudirá este lunes a la citación del juez Juan Carlos Peinado prevista a las 17.30 horas para comunicarle que la causa abierta contra ella por tráfico de influencias, intrusismo, corrupción en los negocios y apropiación indebida tampoco se verá por un tribunal profesional si llega a juicio, sino que sería juzgada por un jurado popular. Así lo han confirmado fuentes de su defensa. Peinado ya la citó hace unas semanas para comunicarle lo mismo, pero solo para el supuesto delito de malversación. A esa cita, fijada para el sábado 27 de septiembre en los juzgado de Plaza de Castilla, tampoco acudió la esposa del presidente del Gobierno y delegó su presencia para este trámite judicial en su abogado.

En ese momento, su letrado, el exministro Antonio Camacho, aseguró que la decisión de la esposa del presidente de no acudir personalmente al juzgado estaba amparada en una circular de la Fiscalía, la 4/1995, de 29 de diciembre, sobre el proceso ante el Tribunal del Jurado. En ese documento se especifica que en la comparecencia “tan solo se van a concretar los términos de tal imputación y siempre ante la presencia de su letrado”. Y, por tanto: “La presencia del imputado no es indispensable. En la comparecencia (...) no se practican diligencias de instrucción y, por tanto, tampoco la declaración del imputado”.

Peinado ha citado este lunes para comunicarle su decisión a los también imputados Cristina Álvarez, exasesora en La Moncloa y antigua asistente de Gómez, al empresario Juan Carlos Barrabés y al resto de partes personadas. Tanto Álvarez como Barrabés tampoco acudieron a la cita de finales de septiembre, solo fueron sus abogados.

Desde que se abriera la causa contra Gómez en abril de 2024, Peinado, titular del juzgado de instrucción nº 41 de Madrid, le imputa cinco delitos (malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca e intrusismo profesional). La instrucción se ha convertido en un largo proceso cuestionado por juristas por ir más allá de lo debido en algunas decisiones y por la falta de indicios y de argumentación en otras. Algunas de ellas (como intentar imputar al ministro Félix Bolaños por malversación u ordenar ciertos registros) fueron corregidas por instancias superiores, como el Tribunal Supremo o la Audiencia Provincial de Madrid, que consideró que Peinado se había “excedido” en sus actuaciones.

La instrucción comenzó tras una denuncia basada en recortes de prensa que el pseudosindicato Manos Limpias, presentó el 8 de abril de 2024 contra la esposa de Pedro Sánchez por “recomendar o avalar con su firma a empresarios que se presentaban a licitaciones públicas”, “prevaliéndose de su estatus personal de esposa del presidente del Gobierno”. El secretario del organismo admitió semanas después que la denuncia posiblemente estaba sustentada con noticias falsas.

El caso cayó en el juzgado del que es titular Peinado, y este abrió diligencias contra Gómez por los presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios a través de sus actividades profesionales en el Instituto de Empresa (IE) y en la Universidad Complutense de Madrid. La Fiscalía pidió entonces el archivo y la UCO entregó dos informes en los que descartaba irregularidades.

En octubre de 2024, el magistrado imputó otros dos delitos: apropiación indebida e intrusismo laboral. Y un mes después, llamó a declarar como testigo a la antigua asistente de Gómez y exasesora en La Moncloa, Cristina Álvarez, por haber hecho presuntamente gestiones en nombre de Gómez para la cátedra extraordinaria. Durante su declaración, Álvarez afirmó que sus gestiones con la universidad fueron favores personales y que fue contratada por La Moncloa para coordinar la agenda institucional de la esposa de Sánchez, cargo que ya habían desempeñado otras personas con las esposas de los anteriores presidentes del Gobierno. Casi tres semanas después de la declaración y de admitir que no había pruebas de su implicación, Peinado cambió la condición de Álvarez a investigada.

Tras nuevas declaraciones y diligencias, el juez Peinado dio otro giro a la causa en marzo de este año cuando llamó como testigo al ministro de Presidencia, Félix Bolaños, por la contratación de Álvarez en 2018 cuando este estaba al frente de la Secretaría General de Presidencia. El ministro afirmó que no participó en la contratación de la asistente de Gómez. Tres meses más tarde, el magistrado implica a Bolaños en la supuesta contratación irregular de la asistente de Gómez y pide al Supremo su imputación por su condición de aforado. Pero el Supremo la rechaza por no haber “el más mínimo respaldo indiciario”.

El instructor dio un paso más en agostó e imputó a Gómez y a Álvarez por un delito de malversación. Finalmente, en septiembre las citó para comunicarles que, en caso de que sean juzgadas por este delito, lo haría un jurado popular. La semana pasada, Peinado extendió el procedimiento con jurado a toda la investigación.

Peinado ofrece personarse a la Complutense

El magistrado ha ofrecido a la Universidad Complutense personarse como perjudicada en la causa, según una providencia fechada este viernes, por el supuesto delito de apropiación indebida de un software desarrollado por la cátedra de la Complutense que codirigía Begoña Gómez.

“Como quiera que uno de los delitos por los que se sigue el presente procedimiento, es el delito de apropiación indebida, en concreto de un supuesto software, cuya financiación, estaba destinada para que fuere a favor de la Universidad Complutense de Madrid, ha de considerarse que dicha institución pública debe tener el carácter de perjudicada, por lo que deberá ser citada, a través de su representación legal, a los efectos de que sea oída en la comparecencia del próximo día 6 de octubre”, aparece en el documento, al que ha tenido acceso este periódico.

Sobre dicho software, la universidad investigó el caso y consultó al registro de la propiedad intelectual, pero este le contestó que ni Gómez ni su sociedad habían registrado nada. Lo cierto es que uno delos objetivos de la cátedra no era desarrollar un software, según explicó en la comisión de investigación de la Asamblea de Madrid por el mismo caso el excodirector de la cátedra extraordinaria Juan Manuel Ruano, sino “un proyecto tecnológico de medición de impacto, en el que trabajan gratuitamente varias empresas y los miembros de la cátedra”, que buscaba ayudar a empresas, principalmente pymes, a desarrollar su actividad productiva. De hecho, lo único que registró la esposa del presidente a su nombre fue el dominio web (por 25 euros, de su bolsillo) para alojar esa plataforma tecnológica. Y lo hizo porque la universidad le explicó por email que la Complutense no hacía ese tipo de gestiones.