La Fiscalía Europea pide al Supremo que le informe “sin dilación” sobre los contratos de obras investigados en el ‘caso Cerdán’
El órgano de la UE quiere saber si las adjudicaciones bajo sospecha fueron financiadas con fondos comunitarios para previsiblemente reclamar la competencia de la investigación
La Fiscalía Europea ha remitido un suplicatorio al magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente, instructor de la causa en la que se investiga por supuesta corrupción a los ex secretarios de Organización del PSOE José Luis Ábalos y ...
La Fiscalía Europea ha remitido un suplicatorio al magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente, instructor de la causa en la que se investiga por supuesta corrupción a los ex secretarios de Organización del PSOE José Luis Ábalos y Santos Cerdán, para que le informe “sin dilación” sobre “los contratos, adjudicaciones o subvenciones que están siendo actualmente investigados” dentro de esta causa. Con este escrito, fechado el pasado 24 de septiembre y al que ha tenido acceso EL PAÍS, la Fiscalía Europea ―un órgano supranacional e independiente que empezó a funcionar en junio de 2021 para investigar los delitos que atenten contra los intereses financieros de la UE― pretende recabar la información necesaria para estudiar si estas adjudicaciones bajo sospecha fueron financiadas con fondos europeos y, por tanto, la competencia para investigarlas es suya.
En este último caso, el organismo comunitario puede reclamar la instrucción de la causa y el Supremo debería abstenerse o, si no está de acuerdo, plantear un conflicto de competencia. En julio de 2024, la Fiscalía Europea ya reclamó para sí la investigación del llamado caso Koldo ―estrechamente ligado, precisamente, a la causa en la que se investiga a Cerdán y Ábalos― al considerar que la supuesta trama de corrupción en la compra de mascarillas por parte de Transportes y otros organismos públicos al inicio de la pandemia de 2020 había afectado a fondos de la UE. Tanto el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, que instruía la causa, como la Fiscalía Anticorrupción y la del Supremo se opusieron a ello. Finalmente, el Supremo acordó que esa otra parte de las pesquisas siguiera en manos del juez Moreno.
Las obras por las que pregunta ahora la Fiscalía Europea son 11 adjudicaciones de obra pública. Cinco corresponden al Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) y seis, a la Dirección General de Carreteras, ambos dependientes del Ministerio de Transportes. Todas fueron licitadas en la etapa de Ábalos como titular de la cartera (de junio de 2018 a julio de 2021). Del primer organismo indaga, en concreto, sobre las obras en la vía férrea a su paso por Sant Feliu de Llobregat (Barcelona); los trabajos para el soterramiento de la red en Murcia; la construcción de una plataforma del corredor mediterráneo de alta velocidad entre las localidades de Pulpí y Vera, en la provincia de Almería; el mantenimiento de puentes y túneles en un tramo de la provincia de Lugo; y las obras de emergencia para estabilizar taludes en la red ferroviaria a su paso por Asturias. En total, contratos con un valor cercano a los 400 millones de euros.
Las seis adjudicaciones bajo sospecha de Carretera son la construcción de los tirantes del sevillano Puente del Centenario ―un contrato por el que, según las grabaciones intervenidas a Koldo García, asesor de Ábalos, Cerdán puso especial interés―; el tramo Arrúbal-Navarrete de la autovía A-68, en La Rioja; el tramo Salas-La Espina, en Asturias; la duplicación de la carretera N-4 entre Dos Hermanas y Los Palacios, en Sevilla; la conservación de una carretera en Teruel; y la ejecución del tramo Santo Domingo de la Calzada-Villamayor del Río en la A-12, entre La Rioja y Burgos.
En el transcurso de esta investigación, agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) se personaron el pasado junio en la sede federal del PSOE, en la madrileña calle de Ferraz, para realizar un clonado de la cuenta de correo electrónico corporativo del ya ex secretario de organización de los socialistas, Santos Cerdán. Ese mismo día, acudieron a dependencias en Madrid de Adif y de la Dirección General de Carreteras para solicitar la entrega de los expedientes de licitación de estas 11 adjudicaciones. Seis días después registraban los domicilios particulares de la que fuera presidenta de la empresa ferroviaria y exnúmero dos del Ministerio de Transportes, Isabel Pardo de Vera, y del exdirector general de Carreteras Javier Herrero. Ambos están imputados en la causa que se instruye en la Audiencia Nacional.