Begoña Gómez no acude ante el juez Peinado en la causa por malversación y pide el archivo

Todo estaba previsto para que Begoña Gómez, la esposa de Pedro Sánchez, acudiera este sábado por la tarde a los juzgados de la plaza de Castilla de Madrid, donde había sido citada por el magistrado Juan Carlos Peinado para cumplir con un mero trámite procesal: concretarle su imputación por un supuesto delito de malversación de caudales públicos como paso previo a enviar la causa para que sea juzgada por un tribunal del jurado. El juez atribuye este delito a la mujer del presidente por los supuestos trabajos privados que, como favor, hizo para ella Cristina Álvarez, la asesora que tiene contratada desde 2018 La Moncloa para llevarle su agenda pública. Sin embargo, Gómez no acudió a la citación: evitó ese trámite judicial al delegar su presencia en su abogado.

El juez Peinado elaboró un auto esta semana donde informaba a Gómez de que en el caso de que finalmente sea juzgada por este delito, lo será en un tribunal popular. Es decir, que ciudadanos elegidos por sorteo deberían ser quienes decidan si es culpable o no. El magistrado ordenó además que, junto al resto de imputados, tanto su asesora en La Moncloa, Cristina Álvarez, como el actual delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, que trabajó antes también en La Moncloa, acudieran al juzgado este sábado para informarles de esta decisión.

Al final, ninguno de los imputados fue a los juzgados. Todos derivaron su representación en sus abogados. La cita, según fuentes jurídicas, duró casi dos horas, en las que tanto la defensa de Gómez como la Fiscalía pidieron el archivo de la causa. Y las acusaciones particulares ―como Hazte Oír y Vox― que se continúe con la investigación y que se cite también como testigos al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al ministro de Justicia, Félix Bolaños. Peinado se pronunciará en los próximos días. La decisión final que adopte, tanto si prosigue la causa como si la archiva, se podrá recurrir ante la Audiencia Provincial.

Peinado trabajaba este sábado en funciones de guardia. Y cumplía también 71 años. Se jubilará en septiembre de 2026, cuando cumpla los 72, que es la edad máxima permitida para ejercer en la carrera judicial en España.

La defensa de Gómez, dirigida por el exministro Antonio Camacho, basa su petición de archivo de la causa en que la esposa de Sánchez no habría participado ni en el nombramiento ni en el pago a su asesora. Camacho aseguró que la decisión de la esposa del presidente de no acudir personalmente al juzgado estaba amparada en una circular de la Fiscalía, la 4/1995, de 29 de diciembre, sobre el proceso ante el Tribunal del Jurado: las actuaciones en el Juzgado de Instrucción. En ese documento se especifica que en la comparecencia “tan solo se van a concretar los términos de tal imputación y siempre ante la presencia de su letrado”. Y, por tanto: “La presencia del imputado no es indispensable. En la comparecencia (...) no se practican diligencias de instrucción y, por tanto, tampoco la declaración del imputado”.

Este sábado era la quinta vez que Gómez estaba citada para comparecer en el juzgado de instrucción número 41 de Madrid, desde que este magistrado comenzó a investigarla, en abril de 2024, tras una denuncia del pseudosindicato ultra Manos Limpias. A la misma hora también habían sido convocados la asesora Cristina Álvarez y el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, que ocupó el cargo de secretario general de Presidencia de 2021 a 2023, del que depende la asistente de la esposa de Sánchez.

La organización ultracatólica Hazte Oír, que coordina a las acusaciones populares, reunió a unas 100 personas en las inmediaciones en una concentración bajo el lema “No al corrupto”. Por la zona también circuló un camión pequeño con una pantalla incrustada de gran tamaño en la que se veían imágenes de la esposa del presidente bajo el rótulo “pentaimputada”.

Los correos electrónicos

El magistrado Peinado cree que hay indicios de delito en las funciones que hizo la asesora de Gómez porque, a través de mensajes de correo electrónico, habría ayudado a la esposa de Sánchez con sus actividades privadas en la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Es decir, en su horario laboral habría enviado estos correos con informaciones sobre su actividad privada en la universidad. Este procedimiento está separado de la causa principal contra Gómez, en la que Peinado investiga también otros cuatro delitos: corrupción en los negocios, intrusismo, tráfico de influencias y apropiación indebida.

Camacho ha explicado que él mismo ha remitido correos de temas familiares o de amigos. “Si su tesis es que poner una posdata en un correo es constitutiva de un delito de malversación que sean realizados en las horas del horario laboral, porque es muy habitual que entre a las 10.00 de la mañana y salga a las 10.00 de la noche y creo que prohibición no hay alguna de que en sus horas de asueto pueda remitir correos. No concurren en absoluto los requisitos del delito de malversación y ahí citamos al propio magistrado instructor. Ni hay nombramiento, ni hay pago”.

Este viernes, el juez Peinado concretó en un nuevo auto “varias diligencias” que todavía quedan pendientes en esta causa, entre ellas la recepción de un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre los correos electrónicos aportados por Juan Carlos Doadrio, quien fuera vicerrector de Relaciones Institucionales de la Complutense, donde trabajaba Gómez, que codirigió en la universidad madrileña una cátedra extraordinaria por la que no recibió remuneración y dirigió dos másteres por los que cobró 15.000 euros anuales. Ninguna de las partes han tenido acceso a estos correos, que son el principal indicio de la supuesta malversación.

Gómez ya aseguró ante el juez Peinado en otra declaración el pasado 10 de septiembre que alguna vez pidió como “un favor” pequeñas gestiones personales a su asesora.

Desde que Peinado abrió la parte principal de esta causa en abril de 2024 para investigar la relación profesional de Begoña Gómez con el empresario Juan Carlos Barrabés y la Universidad Complutense de Madrid, la expansiva actuación del juez ha sido muy cuestionada. Ha cometido excesos corregidos por todas las instancias superiores y algunas de sus resoluciones han coincidido temporalmente con momentos políticos muy complicados para el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

No solo la defensa de Gómez y la Fiscalía han achacado reiteradamente una falta de argumentación de Peinado para justificar algunas de sus más controvertidas decisiones. También las acusaciones populares le tuvieron que llegar a solicitar, incluso, que argumentara más una imputación para que no se la tumbará después la Audiencia Provincial de Madrid.

El caso de la actual investigación por malversación −que es una pieza separada− se abrió el 10 de marzo de este año. Y, de hecho y durante los primeros meses, tanto la esposa del presidente Sánchez como su asesora no estuvieron en la diana de Peinado por este delito.

El juez apuntó a La Moncloa ese mismo 10 de marzo, y señaló hacia Félix Bolaños, actual ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, que había sido secretario general de Presidencia cuando se designó a Álvarez como asesora. El instructor acudió en abril a La Moncloa a interrogar como testigo al ministro, que está aforado y solo puede ser imputado por el Tribunal Supremo. En esta cita, que se produjo en plena Semana Santa, Bolaños manifestó que no participó en la contratación de la asistente de la esposa de Sánchez. Después, Bolaños presentó ante el Consejo General del Poder Judicial dos quejas formales por presuntas irregularidades en el ejercicio de sus funciones. Aún se están investigando.

A finales de junio, Peinado pidió al Supremo que imputara al ministro. “Ha podido participar directamente en el nombramiento de la persona de Cristina Álvarez como personal eventual y ha conocido, o no ha controlado, las tareas llevadas a cabo por la misma”, escribió el juez en la exposición que envió al alto tribunal, donde le achacaba la malversación —además de un delito de falso testimonio por supuestamente haberle mentido cuando lo interrogó como testigo—. Sus aspiraciones se frustraron en solo tres semanas. La máxima instancia judicial contestó tajante: “No hay el más mínimo respaldo indiciario” para imputar a Bolaños.

Los autos de Peinado siempre han provocado la reacción inmediata del Gobierno porque entienden que traslucen un componente político y también un aprovechamiento de la oposición, del PP y Vox, para fundamentar su tesis de que todo el Gobierno de Sánchez es corrupto y debería convocar elecciones y marcharse.