El Congreso rechaza con los votos de PP, Vox y Junts la creación de una agencia anticorrupción

El Congreso ha tumbado este martes la proposición de ley de Sumar para crear una agencia de prevención de la corrupción. Tras varios meses en los que esta lacra ha monopolizado la agenda política española, la toma en consideración de la norma ha sido rechazada con los votos de PP, Vox y Junts (176) frente al apoyo del resto de la mayoría de investidura (170) y una abstención (la de UPN). La medida forma parte del plan anunciado por el presidente Pedro Sánchez ante el pleno el pasado julio tras la crisis desatada por la implicación del ex número tres socialista, Santos Cerdán, en el cobro de mordidas vinculadas a la adjudicación de obras públicas.

“Aprobar esta proposición de ley es una obligación urgente”, ha sostenido Enrique Santiago, portavoz parlamentario de Izquierda Unida, durante la defensa de la norma. En un debate cargado de reproches cruzados, con las investigaciones abiertas contra ex altos cargos y antiguos colaboradores del PSOE en marcha, el diputado de Sumar se ha dirigido especialmente al PP para pedirle que no “use cortinas de humo” a la hora de tomar medidas contra la corrupción. “Hay un amplio consenso de que es un problema político y social muy grave, 3.740 casos entre 2000 y 2020. El PP es el que más causas tuvo en ese período, 40,5% de los procedimientos”, ha acusado Santiago.

La idea de impulsar una oficina anticorrupción llevaba guardada en un cajón desde el primer trimestre de 2024, cuando el estallido del caso Koldo provocó una primera crisis en las filas socialistas y Sumar reaccionó con una batería de medidas para atajar el problema en las instituciones públicas. En julio de este año, el grupo de Yolanda Díaz reactivó la propuesta, que finalmente fue asumida por los socialistas en el programa de 15 iniciativas impulsado por Sánchez.

Pero ha sido precisamente el caso Koldo, y las últimas novedades de la rama navarra de la supuesta trama de corrupción, los motivos argüidos por los populares para votar en contra. Durante el debate, la formación de Feijóo ha pasado por alto el contenido de la proposición de ley y en su lugar ha acusado a Sumar de “tapar” los procesos de corrupción que “acosan” a los socialistas, en referencia expresa a Santos Cerdán y José Luis Ábalos, así como a la esposa del presidente del Gobierno, a su hermano y al fiscal general del Estado, para justificar su rechazo. “No quieren prevenir la corrupción, lo que hacen es un ejercicio de cinismo e hipocresía y un intento de blanqueamiento de su papel”, ha alegado la diputada del PP Edurne Uriarte en la tribuna. “Salgan del Gobierno, apoyen el trabajo de los jueces y solo después tendrán credibilidad para presentar una proposición de ley”, ha añadido.

El parlamentario de Junts Josep Pagès ha anunciado también sus reticencias a basándose en la invasión competencial del texto. “Lo último que nos interesa es duplicar estructuras [Cataluña cuenta con una oficina antifraude] y menos con la creación de un órgano estatal que centraliza competencias”, ha argumentado una semana después de tumbar la reducción de la jornada laboral. “Si este tema se lo tomaran en serio lo más normal es que presentaran un proyecto de ley del Gobierno que respetara las competencias autonómicas y pactado con los grupos”, ha incidido.

“No será UPN quien vote en contra de medidas contra la corrupción, pero se evidencia su hipocresía ante casos que acechan a sus socios y su Gobierno”, ha justificado Alberto Catalán.

Por el PSOE, el diputado Pepe Mercadal ha sido el encargado de marcar distancias con los populares. “No somos iguales, no tenemos nada que ver con el PP. Tampoco en la corrupción. Nosotros expulsamos de inmediato. El PP a quien echó fue al único que se atrevió a denunciar la corrupción, a Pablo Casado”, ha arremetido en su discurso.

Aunque varios partidos de la mayoría de investidura han anunciado su voto favorable a la admisión a trámite de la norma, no han faltado las críticas entre los portavoces de los grupos, claramente insatisfechos con la propuesta. Mikel Legarda, del PNV, ha advertido de que si la proposición no es “objeto de una profunda transformación”, acabarán posicionándose en contra. Critica la formación que no haya tenido en cuenta el plan anunciado por Sánchez en julio, la invasión de competencias o el método para la elección del director de la institución.

“El sistema bipartidista corrupto no se combate con una oficina”, ha afirmado la diputada de Podemos, Martina Velarde. “No cabe la ingenuidad. La corrupción es sistémica”, ha advertido en la misma línea Oskar Matute, de EH Bildu, que ha anunciado igualmente enmiendas. “La proposición que usted plantea deja mucho que desear”, ha resumido en ERC Francesc-Marc Álvaro, que ha usado su turno para responder a las acusaciones de Junts sobre las puertas giratorias de las que se habrían beneficiado antiguos dirigentes el partido. “Hablan los del 3% (...) hoy por hoy, Junts per Catalunya son un portavoz de Foment del Treball, qué papel tan triste”, ha sentenciado.

“Esta proposición que tiene como misión blanquear a la coalición del PSOE y Sumar”, ha defendido por Vox Andrés Alberto Rodríguez.

Potestad sancionadora

La creación de este organismo con estatus de autoridad ”independiente” iba en la línea de lo que plantea el Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (GRECO). Según el texto de la proposición de ley, la oficina tendría funciones de concienciación y sensibilización, prevención, investigación, evaluación y protección. Lleva además incluida una potestad sancionadora de hasta un millón de euros a empresas en los casos más graves, así como la posibilidad de prohibirles la contratación con la administración pública en el plazo de tres años. Para las personas físicas, la cuantía más alta prevista es de 400.000 euros. También contempla imponer sanciones como la prohibición de recibir subvenciones o beneficios fiscales durante un máximo de cuatro años.

La agencia contaría con un director no militante en partidos políticos y un cuerpo de inspección reclutado por oposición. La oficina podría investigar el uso irregular de fondos público y requerir documentación a instituciones y bancos.

Entre las funciones que se enmarcan dentro de la prevención, la norma recoge la elaboración de códigos de conducta, la creación de sistemas internos de alerta temprana y un buzón de denuncias. Las investigaciones no podrán exceder de los seis meses, prorrogables por otro seis en los casos más complejos. El organismo tendrá capacidad de inspección para examinar expedientes y registros en las entidades del sector público y solicitar información a cualquier persona o sociedad que maneje fondos públicos.