Guinea-Conakry se consolida como nuevo país de salida de cayucos hacia Canarias

Un puñado de mujeres se arremolina en torno a un cayuco que desembarca pescado en el puerto de Kamsar, en el norte de Guinea-Conakry, bajo el sol abrasador de finales de junio. A pocos metros, Ousmane (nombre ficticio) observa la escena con desgana. Él conoce bien todo lo que se mueve en el muelle. No quiere hablar, demasiados ojos y oídos alrededor. Diez minutos más tarde, a la sombra de un pequeño puesto de venta de galletas y bolsitas de agua, se anima por fin. “Sí, ...

Un puñado de mujeres se arremolina en torno a un cayuco que desembarca pescado en el puerto de Kamsar, en el norte de Guinea-Conakry, bajo el sol abrasador de finales de junio. A pocos metros, Ousmane (nombre ficticio) observa la escena con desgana. Él conoce bien todo lo que se mueve en el muelle. No quiere hablar, demasiados ojos y oídos alrededor. Diez minutos más tarde, a la sombra de un pequeño puesto de venta de galletas y bolsitas de agua, se anima por fin. “Sí, se está organizando una salida para pasado mañana”, dice en voz baja.

Tres días más tarde se confirma la noticia anunciada por Ousmane. Una embarcación con 136 personas, entre ellos 30 mujeres y 39 menores de edad, es interceptada en aguas próximas a Kamsar. “Nos enfrentamos a una situación preocupante. La emigración clandestina se ha convertido en un desafío nacional e internacional”, asegura a los medios Amadou Oury Diallo, fiscal de la región de Boké. Por su parte, Kaba Mangoya Sylla, subprefecto de Kamsar, advierte: “Es una vergüenza que esto se repita una y otra vez en mi zona de competencia. Aquellos que se sumen a las redes de emigración serán identificados y llevados ante la Justicia”. Sin embargo, en las semanas siguientes, otras dos embarcaciones ponen rumbo a Canarias, ambas interceptadas en Mauritania.

En total, de este puerto han zarpado al menos siete cayucos cargados de migrantes hacia Canarias en los últimos tres meses, aunque tan solo dos han conseguido llegar. El primero del que se tiene constancia zarpó a finales de abril y tocó tierra en la isla de El Hierro el 7 de mayo con 37 personas a bordo. Su procedencia desconcertó a las fuerzas de seguridad: hasta ese momento, los únicos territorios de origen de la ruta canaria de la emigración irregular eran Marruecos, el Sahara Occidental, Mauritania, Senegal y Gambia. Nunca habían salido cayucos tan al sur, a una distancia de unos 2.200 kilómetros, más de mil millas náuticas. Los propios migrantes hablaban de un viaje de entre 10 y 12 días. Sin embargo, lo que pudo ser una anécdota o una anomalía se convirtió pronto en tendencia.

Tres semanas más tarde, otra embarcación procedente de Kamsar llegaba al puerto herreño de La Restinga con 152 personas en su interior, entre ellas decenas de mujeres y niños. Fue el cayuco que volcó cuando los recién llegados estaban siendo rescatados: murieron siete de sus ocupantes. Durante el siguiente mes, otras tres barcazas intentaron seguir el mismo camino pero fueron interceptados antes de abandonar las aguas de Guinea-Conakry. Las autoridades empezaban a estar alerta, pero eso no impidió que otros dos cayucos consiguieran salir en julio. En ambos casos, fueron interceptados en aguas de Mauritania, el primero con 171 personas a bordo el pasado día 15 y el segundo con 75 ocupantes el 26 de julio.

Una de las razones que explican este desplazamiento tan al sur del punto de salidas es el incremento de la vigilancia en Senegal y Mauritania. Las autoridades de este último país han desarticulado decenas de redes de tráfico desde principios de 2025 y, tras la firma de acuerdos con España y la Unión Europea, han puesto en marcha una intensa política de mano dura, con más de 30.000 detenciones y expulsiones de migrantes, que ha generado las críticas de la oposición, activistas de derechos humanos e incluso de los gobiernos de sus vecinos Malí y Senegal. En Senegal, la llegada al poder de nuevos dirigentes, que han prometido empleo y bienestar, ha permitido que se recupere la estabilidad y la ilusión de buena parte de la juventud, mientras que, al mismo tiempo, se ha aumentado el control migratorio para evitar la sangría de naufragios en sus costas, como el de Mbour del verano pasado.

En Guinea-Conakry, por el contrario, las salidas de cayucos están al alza. Kamsar cuenta con dos embarcaderos. Uno pequeño y tradicional, donde faenan pescadores y comerciantes que unen a esta ciudad con las islas cercanas y de donde han zarpado los cayucos hacia Canarias; y otro grande y moderno, de donde salen toneladas de bauxita cada año, sobre todo hacia China, para producir el aluminio que mueve el mundo y con el que se fabrican carrocerías de coches, ventanas, ollas, alas de avión o cables. Entre ambos puertos, una gigantesca y vigiladísima línea ferroviaria por el que viaja el mineral desde el interior del país y que divide al pueblo en dos. A un lado, el Kamsar de los trabajadores de la compañía minera, con sus supermercados, restaurantes, templos, hospital y pistas de tenis. Al otro, el Kamsar de siempre, el de la agricultura de subsistencia, el de la pobreza y los sueños inalcanzables.

“Mucha gente en este país no tiene agua corriente, ni electricidad, ni trabajo. Un sueldo medio-alto es de unos 250 euros al mes y eso no da para nada. Este no es un lugar atractivo donde vivir”, asegura Elhadj Mohamed Diallo, presidente de la Organización Guineana de Lucha contra la Migración Irregular. Buena parte de la economía de Guinea-Conakry se sustenta en el oro, diamantes, hierro y, sobre todo, en la citada bauxita, de la que posee una cuarta parte de las reservas mundiales. Sin embargo, una combinación secular de subdesarrollo, mal gobierno, corrupción y control de la extracción por las empresas extranjeras impide que esta riqueza impacte en el bienestar de la población. Es la llamada “paradoja guineana”, que se estudia en las facultades de Economía africanas.

Un reciente informe del Banco Mundial apunta que la tasa de pobreza extrema en Guinea se mantiene muy alta, en torno al 52%, pese al notable crecimiento económico del 6,5% previsto para este año, que se atribuye en gran medida a la expansión de la actividad minera. Fruto de la falta de oportunidades, entre tres y cinco millones de ciudadanos viven fuera del país, sobre todo en África occidental, pero también en Europa, Estados Unidos y Canadá, donde conforman una robusta diáspora.

De hecho, en los últimos años, los guineanos han sido una de las nacionalidades dominantes en la ruta canaria de la emigración. Diallo asegura que el aspecto económico es importante, pero no el único. “Los peul o los malinké, grupos étnicos mayoritarios en Guinea, siempre han emigrado. Luego está el impacto de las redes sociales, así como la situación política”, explica. Desde el golpe de Estado de 2021, Guinea-Conakry está gobernada con mano de hierro por el general Mamady Doumbouya, quien, como su referente político, el ruandés Paul Kagame, aplasta con contundencia todo atisbo de crítica. Naciones Unidas ha mostrado su preocupación por la cantidad de personas desaparecidas por expresar su rechazo a la junta militar.

El próximo septiembre está previsto que los guineanos aprueben en referéndum una nueva Constitución que prolonga de cinco a siete los años de mandato presidencial y que abrirá la vía a que Doumbouya siga en el poder tras pasar por elecciones. Su control de todos los resortes del poder hace que nadie dude de que saldrá elegido. Su imagen, vestido de civil o militar, pero siempre con sus eternas gafas de sol, es omnipresente en miles de carteles repartidos por todo el país. En ellos anuncia una nueva era de desarrollo y prosperidad mediante nuevas inversiones mineras, como la puesta en marcha de la explotación de hierro más grande de toda África o el viejo sueño de la construcción de una refinería de bauxita. Para miles de guineanos que transitan por carreteras llenas de agujeros o que viven sin saneamiento, nada más que promesas lejanas.