El Congreso prohibirá las grabaciones realizadas “de manera engañosa” y que vulneren “la intimidad personal”

El reglamento que los periodistas deberán cumplir para ejercer su labor en el Congreso de los Diputados prohibirá “cualquier tipo de captación de imagen y/o sonido en el recinto parlamentario que vulnere la intimidad personal o el secreto de las comunicaciones” y especifica que no se podrá grabar en “todas las cafeterías y restaurantes” así como en las zonas y despachos reservados a los servicios parlamentarios, “incluidos aparcamientos, sótanos, dependencias y espacios administrativos”. Lo mismo sucederá con las zonas donde haya instalados equipos de seguridad, “en particular en las entradas ...

El reglamento que los periodistas deberán cumplir para ejercer su labor en el Congreso de los Diputados prohibirá “cualquier tipo de captación de imagen y/o sonido en el recinto parlamentario que vulnere la intimidad personal o el secreto de las comunicaciones” y especifica que no se podrá grabar en “todas las cafeterías y restaurantes” así como en las zonas y despachos reservados a los servicios parlamentarios, “incluidos aparcamientos, sótanos, dependencias y espacios administrativos”. Lo mismo sucederá con las zonas donde haya instalados equipos de seguridad, “en particular en las entradas de los edificios parlamentarios”, y todas las zonas con acceso restringido sin autorización expresa, según la norma que ha aprobado este martes la Mesa del Parlamento, con el voto a favor de PSOE y Sumar y el rechazo del PP, con lo que se pretende terminar con determinados comportamientos de agitadores ultra que interrumpen en las ruedas de prensa, acosan a diputados y señalan a periodistas. En el último pleno de julio, el Congreso dio luz verde a la reforma de su reglamento para sancionar determinados comportamientos. Este texto supone el desarrollo completo de esa normativa.

Las entrevistas o peticiones de declaraciones “solo se producirán con el permiso de la persona entrevistada” y los representantes de los medios de comunicación deberán respetar dicha decisión “sin que puedan producirse seguimientos”, se establece dentro de los criterios que se deberán respetar. De igual modo, se prohíbe la grabación o toma de imágenes con dispositivos móviles, así como con cámaras o material de grabación “de manera engañosa” y no se permitirá “dirigirse a cualquier persona con un equipo de grabación en funcionamiento sin haber solicitado previamente su permiso”. La excepción serán las grabaciones de las declaraciones habituales que se realizan en las zonas de uso común del Congreso.

El Parlamento aprobó el 22 de julio, con el rechazo del PP, Vox y UPN, la reforma del reglamento, con sanciones para quienes incumplan unos criterios que se han consensuado con organizaciones de periodistas como la FAPE y la Asociación de Periodistas Parlamentarios para no perjudicar el desarrollo de la profesión y que se pueda desempeñar con plena libertad y sin coacciones. La reforma del Reglamento establece tres categorías de infracciones ―leves, graves y muy graves― con sus correspondientes sanciones, que abarcan desde un simple apercibimiento e incluso una suspensión de la credencial de diez días, hasta la revocación definitiva de la misma.

La portavoz parlamentaria del PP, Ester Muñoz, ha tildado la reforma de “cacicada” y sostiene que se “cercenan derechos fundamentales” para “evitar al Gobierno y sus socios que les pregunten de corrupción y lo que no quieran contestar”. “El objetivo era darle poderes absolutos a la Mesa del Congreso para decidir qué periodistas preguntan y qué periodistas no”, ha apostillado. “Esta regulación nace de la petición y con el aval de las asociaciones de periodistas, no va en contra de la libertad de nadie, lo que va es en contra del acoso, de la amenaza, de la agresión hacia los políticos pero también a los periodistas”, le ha replicado Patxi López, portavoz del PSOE. “No se impide a nadie ejercer la labor del periodismo, lo que pasa es que todos debemos de seguir unas normas de comportamiento en esta casa. Es tremendo en todo caso que algunos ya se dan por expulsados, es decir, que van directamente a incumplir lo que dice el reglamento... Alguno debería hacérselo mirar, lo digo por quienes les defienden [a los agitadores]”, ha incidido.

Todos los representantes de los medios acreditados en la Cámara deberán firmar una declaración responsable por la que manifiestan el conocimiento del reglamento “y su compromiso de observarlo”. Toda denuncia de un hecho susceptible de sanción y emitida ante la Dirección de Comunicación, será remitida a la Secretaría General del Congreso para el inicio del procedimiento por acuerdo de la Mesa de la Cámara, que también podrá actuar de oficio. En ese caso, la Mesa designará a una persona para que realice la instrucción, que deberá ser funcionaria de las Cortes Generales adscrita al Congreso con al menos tres años de experiencia profesional.

La resolución del procedimiento corresponderá a la Mesa de la Cámara, que tendrá en cuenta el informe instruido, así como la valoración emitida, en su caso, por el Consejo Consultivo. Una de las novedades es que se crea este órgano en el que van a estar la Dirección de Comunicación del Congreso, los grupos políticos (que son los que tendrán voto), la presidencia y vicepresidencia segunda, la Secretaría General del Congreso y también dos representantes de las asociaciones de prensa. El texto ha sido consensuado tanto con la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) como con la Asociación de Periodistas Parlamentarios (APP), según trasladan fuenes de la Cámara.

“La APP considera que estas normas no son un ataque a la libertad de prensa ni vulneran en absoluto nuestro derecho y nuestra obligación de obtener información y transmitirla a la ciudadanía. Lo que hacen es, como venimos reclamando, proteger ese derecho y permitir que desarrollemos nuestro trabajo en las mejores condiciones posibles”, señala la Junta Directiva de la asociación.

Los medios de comunicación interesados en la cobertura de la actividad del Congreso necesitarán previamente una autorización que otorga la Dirección de Comunicación del Parlamento. El medio deberá estar constituido como “empresa informativa bona fide, esto es basado en su independencia editorial, financiación transparente y dedicación destacada a la actividad parlamentaria”. También deberá contar con CIF, sede social, equipo directivo, redacción, administración y datos corporativos de contacto. En el caso de medios digitales, estos datos han de estar publicados en su página web. “Como condición para obtener una acreditación, el número mínimo de trabajadores en plantilla del medio ha de ser de diez, dato que debe figurar en la declaración responsable de solicitud”, establece el documento.

La acreditación no se otorgará a páginas web o páginas web particulares, blogs, canales de YouTube, perfiles en redes sociales o similares, así como a páginas web agregadoras de contenidos de otros sitios web o plataformas digitales. Lo mismo sucederá con las emisoras de radio o cadenas de televisión de difusión digital. Tampoco tendrán autorización los departamentos de comunicación corporativos o de organizaciones, partidos políticos u otras instituciones o administraciones, think tanks, grupos de interés o consultoras, etc., o cualquiera de sus publicaciones. “No se acreditará como periodista en el Congreso quien trabaje o colabore en los equipos de comunicación de estas organizaciones”, recoge el texto aunque “excepcionalmente, se autorizará su acreditación para comparecencias o actos en los que estas organizaciones tengan una participación directa”. Los periodistas freelance se acreditarán, “puntualmente, cuando la petición está respaldada por un medio, en representación del cual se extenderá”. El medio será “responsable solidario de cualquier actuación” de sus representantes acreditados.