La Fiscalía pide 18 años para el hijastro de la alcaldesa de Marbella por tráfico de drogas y blanqueo
El ministerio público también reclama 30 millones de euros por liderar una facción de una organización de narcos en Málaga
La Fiscalía Antidroga ha pedido 18 años de cárcel para el sueco Joakim Peter Broberg, hijastro de la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, por tráfico de drogas y blanqueo de capitales procedente del narcotráfico. El ministerio público también le reclama 30 millones de euros por liderar una facción de una organización de narcos asentada en la provincia malagueña y ramificaciones en el extranjero. La causa también implicaba al marido de Muñoz, Lars Gunnar Sune Broberg, antes de fallecer en 2023.
La Audiencia Nacional ha reanudado este jueves el juicio con las conclusiones definitivas de las partes, entre ellas, la de la fiscal. Por el juzgado pasarán las próximas semanas 24 acusados —11 suecos, seis polacos, tres españoles, dos alemanes, un holandés y un macedonio— para ser juzgados por su supuesta relación con una organización dedicada al transporte de sustancias estupefacientes, principalmente hachís y marihuana que conseguían en Marruecos, entre España y Suecia entre 2019 y 2020.
El ministerio público ha rebajado sus peticiones de cárcel para 11 de los 24 acusados que confesaron los hechos, por los que pide ahora entre los dos y cinco años de prisión. Para el resto, ha solicitado diversas penas, entre los dos y 18 años de cárcel. La mayor de ellas es para Broberg.
La fiscal pidió el año pasado 22 años para el hijastro de la regidora, al que situaba en la cúspide de una de las facciones que componían una compleja “organización criminal”, pero rebajó la pena porque finalmente la acusación por cohecho que pesa sobre él la juzgará un tribunal local. Broberg supuestamente pagó a un policía municipal para que extrajera información de las bases de datos del Ayuntamiento.
El escrito de acusación, de comienzos de este año, señala que el hijastro de alcaldesa del PP —también exdiputada y exsenadora— participó en “entregas de marihuana desde España a Francia” y urdió una red de empresas para lavar el dinero procedente del crimen, para lo que contó con la ayuda de su padre. El marido de Muñoz fue procesado en esta investigación, pero el procedimiento contra él se suspendió en 2022 debido a su deterioro mental y físico. Incluso la Fiscalía Antidroga no pudo presentar el escrito de acusación contra él porque su fallecimiento hace dos años.