Las claves de la distribución de menores migrantes: ¿por qué Cataluña recibirá menos que Madrid pero más dinero?

El real decreto ley aprobado este martes en el Consejo de Ministros promete solucionar el hacinamiento de menores migrantes no acompañados en territorios como Canarias y Ceuta. Tras garantizarse el apoyo de Junts, el Gobierno llevará al Congreso una propuesta que l...

El real decreto ley aprobado este martes en el Consejo de Ministros promete solucionar el hacinamiento de menores migrantes no acompañados en territorios como Canarias y Ceuta. Tras garantizarse el apoyo de Junts, el Gobierno llevará al Congreso una propuesta que le tumbaron el pasado verano los de Puigdemont, Vox y PP. El acuerdo político parece sellado, pero la distribución de los primeros 4.400 menores es de una enorme complejidad técnica y aún faltan detalles por concretar. Entre otros, uno nada menor: para que todo esto salga adelante hay que dimensionar la capacidad de acogida que tiene cada comunidad autónoma para, a partir de ahí, calcular el número de traslados y definir la financiación que recibirá cada una de ellas. Hacienda ha dispuesto un crédito extraordinario de 100 millones que gestionará el Ministerio de Juventud e Infancia, pero el dinero está condicionado al esfuerzo de acogida presente y pasado de las comunidades. Solo lo recibirán aquellas que reciban menores de otros territorios y que a la vez ya tengan sus sistemas sobreocupados. Pero la saturación no podrá ser una queja de boquilla ante los micrófonos de los periodistas: las regiones tendrán que demostrarlo.

¿Cuántos menores migrantes se pretende distribuir?

En principio se habla de 4.000 menores en Canarias, donde hay acogidos unos 5.800, y 400 de Ceuta, donde se hacinan unos 420. Pero esos números, como todos los que se manejan hasta la fecha, no son estáticos. Fuentes ministeriales explican que la sobreocupación de Canarias puede ir variando conforme los menores que acoge lleguen a la mayoría de edad. También hay chicos malienses que han solicitado asilo y que, si tienen referentes familiares fuera de España, podrían acogerse a los traslados voluntarios en el marco de la UE. Una vez aprobado el decreto ley es clave la selección que se haga de esos perfiles, entre los que también hay niños que ya tienen arraigo en Canarias, por lo que no sería conveniente obligarlos a mudarse a más de 1.700 kilómetros de distancia.

¿Por qué unas comunidades van a recibir más menores que otras? ¿Y por qué Cataluña recibe tan pocos?

Los criterios del reparto son objetivos, una mezcla de los que ya habían aprobado las comunidades autónomas para otros repartos puntuales y los recogidos en un estudio encargado por el Gobierno de Canarias a Gemma Pinyol, directora de migraciones de la consultora Instrategies. El cálculo de los menores que deberá acoger cada comunidad autónoma pondera varios aspectos.

La acogida se calculará a partir del total, 4.400 menores, según estos criterios: el 50% de los jóvenes (2.200) irán a cada comunidad en función de su población (irán más menores a las regiones más pobladas); un 13% de los jóvenes, según la renta per cápita de la comunidad de destino (a mayor renta, más menores); y la tasa de desempleo (a menor tasa, más menores). Otro 6% dependerá del número de los ya atendidos en los últimos seis meses (a menor número, más se recibirán ahora) y un 13%, de la diferencia entre las plazas de que disponen las comunidades y el número ideal que, según Juventud, deberían tener (cuanto mayor haya sido el esfuerzo realizado en reforzar el sistema hasta ahora, menos menores se recibirán). Un 2% se distribuirá según la dispersión de la población en la comunidad autónoma (a mayor dispersión, menor número de menores). Los últimos dos criterios están concebidos para no sobrecargar determinados territorios en función de sus características geográficas y su presión migratoria. Pensando en Baleares y Melilla, se ha establecido que un 2% de los jóvenes irá a territorios no insulares y otro 2%, a territorios que no sean ciudades fronterizas.

El Gobierno ha hecho diversas simulaciones dependiendo del peso que le diese a cada uno de ellos y acabado optando por esta combinación. Con ella, hay territorios, como la Comunidad de Madrid, que tienen todos los requisitos para recibir más menores que otras, por su gran población, alta renta per cápita, paro contenido y además cuenta con una estructura insuficiente para la acogida de menores. En el cálculo de Andalucía, por ejemplo, determina que reciban más que otras, sobre todo, por los criterios de gran población y la mejorable dimensión de su sistema de acogida.

El caso catalán incendia el debate porque una de las exigencias de Junts era limitar el número de niños y adolescentes que recibiría. Lo ha conseguido, pero aunque haya habido una intención política, los datos la respaldan. Cataluña, que podría ser una de las que más acogen por criterio de población o renta, acaba siendo la que menos recibirá porque su red de acogida de menores, con casi 4.600 plazas, tiene un millar de plazas más de lo que le corresponden, según datos del Ministerio de Juventud de diciembre de 2023.

¿Cómo se va a financiar a las comunidades receptoras?

El Ministerio de Hacienda ha aprobado un fondo extraordinario de 100 millones con el que se compensará el sobreesfuerzo que hagan las comunidades receptoras. La fórmula de financiación elegida castiga a aquellas regiones con sistemas de acogida menos robustos porque solo podrán acceder al dinero aquellas que certifiquen que cumplen con un mínimo de plazas considerado idóneo y que se vean sobrepasadas por recibir a los menores trasladados. Un ejemplo hipotético con Madrid, que en números redondos tiene ya 2.000 plazas: si para llegar al ratio considerado adecuado le faltasen 800 plazas, pero el reparto le otorgara 806 menores, el gasto de los primeros 800 niños debería salir del Presupuesto autonómico, mientras que el de los otros seis sí lo financiaría el Estado. En el caso de Cataluña que, según las proyecciones que se manejan supera la capacidad idónea en más de un millar de plazas, no importa cuántos menores reciba porque el gasto que eso suponga estará cubierto por el Estado.

¿Cómo se establecerá cuál es número de plazas que tiene que tener cada comunidad?

Lo llaman en el decreto ley “capacidad ordinaria” y es la clave para dimensionar los repartos y la financiación. Este ratio de plazas lo establecerá el Ministerio de Juventud e Infancia, basándose sobre todo en un criterio poblacional. Las últimas proyecciones del departamento de Sira Rego, de diciembre de 2023, concluyeron que lo ideal es que cada comunidad tenga una cama por cada 2.250 habitantes. Con estas proyecciones salían muy mal paradas las comunidades del PP, que para llegar al estándar mínimo, tendrían que reforzar su red con más de 4.000 plazas. Según ese estudio, solo tres comunidades (Cataluña, País Vasco y Navarra, además de Canarias, Ceuta y Melilla) tenían más plazas en sus sistemas de lo que les correspondería. Ahora, las comunidades tendrán hasta el 31 de marzo para enviar al ministerio sus datos actualizados.

¿Qué pasa si una comunidad se opone a recibir menores, como están anunciando las gobernadas por el PP?

El PP ha anunciado ya una cascada de recursos judiciales, sus líderes hablan de “oposición frontal”, pero no tienen tan fácil oponerse al cumplimiento de la ley. En cualquier caso, la garantía de los derechos de los niños es una competencia de la Fiscalía.

¿Cuándo comienza el reparto?

No hay una fecha concreta, pero lo que parece claro es que no se hará hasta que no se apruebe en el Congreso. No solo por dar seguridad jurídica a los traslados, sino porque técnicamente y organizativamente aún quedan flecos por cerrar. Una vez que se dé el pistoletazo de salida hay dos tipos de perfiles en esos traslados. Por un lado, los menores recién llegados a un territorio que tenga declarada la contingencia migratoria saldrán hacia otras regiones en un máximo de 15 días tras su registro. Por el otro, la propia comunidad que derivará a los menores tendrá que elegir a los perfiles más adecuados para ejecutar el traslado y el traspaso de la tutela en un plazo de un año.