Trabajadores del centro donde murió asesinada una educadora ya habían presentado quejas sobre los menores detenidos

La Consejería de Salud y Políticas Sociales de la Junta de Extremadura ha reconocido que existían incidencias abiertas, aunque sin rango de denuncia, sobre los tres menores detenidos —dos varones y una mujer— en relación con la muerte de una educadora que estaba a cargo de dos de ellos en el centro tutelado donde residían en Badajoz, gestionado por una empresa externa a la Administración. Las quejas, que no alcanzaron el rango de denuncia, las habían dirigido otros educadores del grupo de cinco que se turnaban para tutelar la vivienda, pero no constan de la mujer que este domingo resultó asesinada a golpes y por estrangulamiento, según ha asegurado este martes la consejera, Sara García Espada. El Juzgado de Instrucción Número 1 de Badajoz ha decretado también hoy el internamiento en régimen cerrado como medida cautelar para los tres menores, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura.

“Somos conscientes de la importancia de garantizar entornos de trabajo seguro para los profesionales que dedican su vida a la atención y educación de menores en situación de vulnerabilidad”, ha dicho la responsable pública, tras recibir quejas por falta de seguridad de los trabajadores de este tipo de instalaciones. Durante la noche del asesinato, la única educadora a cargo de los menores era Belén Cortés, de 35 años. El pliego actual con la empresa concesionaria del servicio establecía que bastaba un trabajador por turno, aunque no excluía que pudieran ser más. La consejera ha adelantado que las futuras condiciones, que ha asegurado ya prepara su departamento, contemplan un refuerzo de personal para las viviendas tuteladas y, tras las protestas de los trabajadores, ha afirmado que en para su redacción escucharán a las partes implicadas. Los educadores han dirigido a la Junta la necesidad de que se puedan establecer medidas cautelares urgentes cuando se detecten comportamientos conflictivos.

Sobre los menores arrestados, este martes ha trascendido que los dos varones del grupo de tres detenidos —que completa una menor— habían desaparecido del centro días en torno a una semana antes de cometerse el crimen y que, durante su huida, protagonizaron el robo de una cafetería y pasaron varios días durmiendo en la calle.

Antes de esa huida, la última vez que los había visto a ambos en público fue el 1 de marzo, a las seis de la tarde, en un puente de Badajoz. Se habían escapado la vivienda tutelada en la que residen por orden judicial, ubicada en la Urbanización Guadiana de la capital pacense. Tampoco llevaban mucho tiempo viviendo en ella, menos de un mes, y habían llegado a las instalaciones tras ser derivados desde Mérida. Uno de ellos, de 15 años, acarrea más de 50 robos de establecimientos y de coches. El otro, de 14, está tutelado por haber agredido repetidas veces a su padre.

Durante su fuga, pasaron varias noches en la calle, hasta que el 5 de marzo se alojaron en la vivienda de la madre de uno de ellos en Villafranca de los Barros (Badajoz). Una vez allí, perpetraron el robo de una cafetería. Ese hecho facilitó su localización por las fuerzas de seguridad. La Guardia Civil les prestó declaración pero al no estar disponible ningún fiscal de menores de guardia porque era fin de semana, los agentes le entregaron a los menores directamente a la educadora luego agredida y asesinada.

Ese mismo fin de semana, el padre del joven de 14 años interpuso una denuncia ante la Guardia Civil porque aseguró que su hijo había declarado a los agentes que la madre de su compañero de huida les había facilitado droga a ambos. El progenitor envió luego copia de la denuncia a la educadora con objeto de solicitarle un cambio de centro para su hijo, señala una fuente de la abogacía.

La misma fuente critica el hecho de que la fiscalía no tomase declaración a estos menores, máxime al de 15 años por su conocida peligrosidad. “No se entiende que después de haber estado varios días sin aparecer, roban en la vivienda de la Junta antes de fugarse y posteriormente en un negocio, no se les tome declaración por parte de la fiscalía”, critica esa fuente.

Desde la Junta de Extremadura señalan que una vez que se comunican las incidencias de los menores en este tipo viviendas tuteladas, como una huida, corresponde a la Justicia determinar si es necesario un cambio de recurso, es decir, de centro. Sobre esa cuestión de que no se tomase declaración por parte del fiscal de menores a los arrestados, tras ser detenidos el 7 de marzo, el Fiscal Superior de Justicia de Extremadura, Francisco Javier Montero, confirma a EL PAÍS que durante el fin de semana no hay fiscal de menores de guardia y añade que se abrirá una investigación. “Todo ha sucedido muy rápido, los atestados tienen sus tiempos (...) Hay que investigar muchas cosas, pero sobre todo lo que pretendemos es que no vuelvan a ocurrir”, aprecia Montero. Para ello se van a reunir en Cáceres representantes del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, la Fiscalía y Junta de Extremadura.

Las quejas de los compañeros de la educadora asesinada se han sucedido tras la muerte de Belén Cortés. Critican que la Junta de Extremadura no tomase medidas más contundentes ante una situación de riesgo real y entienden que patente. “Los inmuebles donde se llevan a cabo estas medidas no cuentan con seguridad, ni con cámaras de vigilancia, por lo que se vive una situación de indefensión”, aseguraron a las puertas del centro de medidas penitenciarias Marcelo Nessi, donde residían los menores y trabajaba la educadora asesinada.

La Junta de Extremadura ha reconocido que las viviendas tuteladas en régimen abierto, a diferencia de los centros de internamiento para el cumplimiento de medidas judiciales, como el Marcelo Nessi de Badajoz, no cuentan con personal de seguridad ni cámaras. Los trabajadores que se han manifestado en varias localidades de Extremadura tras el asesinato de su colega han pedido también una revisión de la ley del menor, vigente desde 2000. El Fiscal Superior de Justicia de Extremadura apunta a que quizá sea ya momento de plantearse una reforma, pero que “tiene que ser pausada, tranquila y razonable”. “Hay cuestiones que hay que analizar como la edad del menor, qué hacer cuando traspasan los 18 años en los centros, pero con un debate sereno y sosegado”, incide Montero.

Los presuntos responsables de la “muerte violenta” de la educadora social, natural de Castuera (Badajoz), huyeron tras los hechos en el coche de la cuidadora y sufrieron un accidente cerca de Lobón, a unos 29 kilómetros de la capital extremeña. A partir de ahí continuaron la fuga haciendo autostop hasta Mérida, lugar donde fueron localizados y detenidos.

Más de medio centenar de trabajadores de centros de menores y pisos tutelados, junto con representantes de sindicatos, se concentraron este lunes en Badajoz para reclamar más seguridad y que se rebaje la edad penal, tras recordar que llevan “meses reivindicando con manifestaciones” que “cada vez los menores son más agresivos”. Otra de las educadoras que trabajaban en esta vivienda y que omite su identidad “por miedo”, sostuvo este lunes a Efe que “se vivía una situación muy difícil desde hace 15 días, con algunos robos y fugas” y apuntó que la tragedia “le podría haber ocurrido a cualquiera”.

Tres trabajadoras de lo social han recogido ya unas 23.000 firmas en dos días a través de la plataforma ciudadana Change.org en un escrito en el que solicitan más medios y más seguridad para los educadores, dirigido al Ministerio del Interior.