Los migrantes beneficiados por la regularización tras la dana: “Por fin empezaremos a arreglar nuestras vidas”

Jhon Jairo Londoño afrontó la dana del 29 de octubre de 2024 en uno de los puntos más peligrosos del mapa valenciano: el barrio de Xenillent, en el municipio de Torrent. La antigüedad de los edificios, sumada a la imparable fuerza del agua, cocinaron una trampa casi mortal para él y su familia (su esposa y dos hijos). La riada arrasó por completo con la vivienda donde vivía junto a otras seis personas. Lo único que quedó a salvo para esta familia colombiana fueron los pasaportes y los teléfonos móviles.

Londoño, de 49 ...

Jhon Jairo Londoño afrontó la dana del 29 de octubre de 2024 en uno de los puntos más peligrosos del mapa valenciano: el barrio de Xenillent, en el municipio de Torrent. La antigüedad de los edificios, sumada a la imparable fuerza del agua, cocinaron una trampa casi mortal para él y su familia (su esposa y dos hijos). La riada arrasó por completo con la vivienda donde vivía junto a otras seis personas. Lo único que quedó a salvo para esta familia colombiana fueron los pasaportes y los teléfonos móviles.

Londoño, de 49 años y originario de Bogotá, tuvo que empezar de cero. Aunque conoce bien lo que es volver a la casilla de salida. Junto a su familia, voló hacia España a mediados de 2023 y se asentó en Torrent con el propósito de dejar atrás los problemas de inseguridad y falta de empleo latentes en el país sudamericano. Su situación administrativa irregular, sin embargo, le ha complicado la estadía en la Península desde un inicio. “Tenemos experiencia, diplomas, educación en nuestros países de origen, pero sin documentos no podemos iniciar nuestra integración a este país, principalmente porque no podemos tener un contrato de trabajo”, suscribe Londoño, quien junto a su familia, fue trasladado a un refugio provisional en Burjassot (Valencia) después de la dana.

La incertidumbre podría llegar pronto a su fin. El Gobierno aprobó este martes un decreto para regularizar a los extranjeros afectados por la gota fría valenciana. Los afectados y sus familiares más cercanos recibirán autorizaciones de residencia y trabajo de un año. La Administración estima que cerca de 26.000 migrantes en situación irregular podrían beneficiarse de este recurso, aunque un informe de Oxfam eleva a cerca de 40.000 los residentes extranjeros sin papeles en zonas azotadas por la catástrofe.

Samuel Aguirre aún lee perplejo el anuncio sobre esta regularización extraordinaria. No se puede creer que la travesía de siete largos años sin papeles en España esté a punto de llegar a su fin. “He sido albañil, cocinero, peluquero, agricultor, jardinero y he cuidado de personas mayores. Todo por seguir adelante”, resume este migrante de Honduras y residente en Benetússer. Detalla que la falta de documentos se convierte en una barrera para una lista de actividades que limitan su integración al mercado laboral. “No podemos estudiar ningún curso formativo porque nos piden el NIE (Número de Identificación Extranjera), no podemos conducir, o volver a nuestros países para ver a nuestros hijos”, lamenta.

Una tarjeta de residencia, cuenta, les podría arreglar la vida. “Podría encontrar un trabajo estable, ahorrar para alquilar un piso o darme de alta como autónomo”, enumera entusiasmado. Aguirre, de 37 años, quien es residente de Benetússer (Valencia) desde hace cuatro años. Su jornada se divide en levantarse a las seis de la mañana y recorrer las calles dela ciudad del Turia, ofreciendo su experiencia en sectores como la construcción o la hostelería. “Hay días que trabajo gratis para conseguir que algún jefe de obra o un cocinero me ponga a prueba”. Con una tarjeta de trabajo, explica, podría demostrar su experiencia, sin miedo a que un día no le paguen, como le ha pasado, o que le despidan sin aviso.

Nelly Núñez, de 52 años, celebra la resolución del Gobierno, aunque comparte su inquietud sobre los primeros pasos para solicitar la regularización. Esta ciudadana de origen colombiano reside en Albal (Valencia) de manera irregular desde hace dos años. Hasta la noche de la dana Núñez tenía trabajo. Cuidaba de una persona mayor que tras la riada fue enviada a una residencia, por lo que Núñez se quedó sin la única fuente de ingresos. Relata que la obtención de papeles le permitiría cursar formación en geriatría, lo que le facilitaría la búsqueda de un nuevo empleo, pero principalmente señala que le permitiría acceder a la seguridad de un contrato de vivienda. Cuando llegó, tuvo que compartir una habitación con otras seis personas y teme que la situación se pueda repetir en algún momento de futuro.

Teme, al mismo tiempo, que estas medidas puedan estar impulsadas netamente por un incentivo económico. “No somos animales de trabajo. Somos seres humanos y merecemos respeto. Además, nosotros [los migrantes] hemos sostenido la economía de España en los últimos años”, esgrime. El año pasado, la población extranjera experimentó un crecimiento del 10,54%, marcando la cifra más alta de la última década. Aunque constituye únicamente el 12,7% de la población total en España, según el informe del mercado de trabajo de los extranjeros 2024 del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), concentra el 17,8% de los empleos generados. A pesar de todo, la población latinoamericana continúa principalmente empleada en sectores como la hostelería, el comercio o el cuidado del hogar.

Para obtener la regularización, los afectados deberán demostrar estar empadronados en un municipio afectado (o tener una cita para hacerlo). También podrán optar a este permiso los cónyuges, hijos menores de edad del solicitante o hijos adultos con alguna discapacidad que limite su autonomía. En el caso de los familiares extranjeros de víctimas mortales de la dana esta autorización tendrá una vigencia de cinco años.

No obstante, varias asociaciones valencianas vinculadas a la migración critican que la medida dejaría automáticamente afuera a cientos de migrantes que por cuestiones estructurales ―difícil acceso a la vivienda, racismo o exclusión de género— no han podido obtener un certificado de empadronamiento. “Lo que deriva en el problema de la prueba”, explica el presidente del Observatorio Valenciano de la Migración, Francisco Mora. “Previsiblemente, los solicitantes deberán presentar el padrón, pero muchos extranjeros no estaban empadronados al no tener esa posibilidad, por lo que para demostrar su residencia en dichos municipios se debería poder aportar cualquier medio válido de prueba en derecho (facturas, contratos o incluso testigos)”, explica.

Una docena de asociaciones también han firmado una carta conjunta dirigida al Ministerio de Migraciones, en la que argumentan que no solo hay que resolver el problema de la ausencia de padrón, sino que “debido a que muchos migrantes trabajan en la economía informal, no pueden presentar un contrato de trabajo o despido, no tienen documento de la titularidad de un coche o una cuenta bancaria en la que perciban los ingresos que puedan haber perdido en ayudas”. Por lo que indican que la medida se debería abrazar más allá de la regularización y atender estas otras necesidades.

“No tener documentos te arrebata lo más importante como es la dignidad”, medita Aguirre. “Y es algo que ni con 10.000 regularizaciones se puede reconstruir”, agrega. Como el resto de migrantes consultados para este reportaje, espera impaciente que el nuevo decreto del Gobierno le permita retomar el control de su destino.